En la década de los sesenta, en 1968, en el país se esgrimía tesis de la nulidad de los tratados obtenidos por la amenaza o el uso de la fuerza; por ello, los delegados realizaron innumerables esfuerzos porque, en la Convención, se plasme una norma que permitiese resolver, jurídica y pacíficamente, lo que ocurrió en 1942.
