El proceso de privatización se agudiza en la década de 1990 con la reforma constitucional al artículo 27, así como una serie de leyes que se fueron aprobando y modificando en los siguientes años, para adaptarse a las demandas del mercado, y con el propósito de flexibilizar los requisitos para la compraventa-renta de tierras, decretar la preferencia de las actividades extractivas y el desarrollo de proyectos empresariales dirigidos a la explotación de recursos naturales, desarrollo urbano, agroindustrial y turístico, en ejidos y comunidades como se verá en el apartado dedicado al despojo.