Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideran que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que es violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que "prohibe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios" (ALDHU, revista Tareas No. 78, pág. 12).