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Consideraciones en relación con el Convenio sobre obtención de alimentos…

- - - - Reservas o cláusulas interpretativas de México:
        Al ratificar la Convención, el Gobierno de México formuló la declaración interpretativa siguiente: “El Gobierno de México declara, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, que reconoce como acreedores alimentarios, además de los señalados, a los concubinos, a los parientes colaterales dentro del cuarto grado, menores o incapaces, y al adoptado en relación con el adoptante. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos”.
        
        Procedimiento:
        1. Derecho aplicable (Artículos 6 y 7)
        
        Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor:
        a) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;
        b) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor.
        
        Serán regidas por el derecho aplicable las siguientes materias:
        a) El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo;
        b) La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del acreedor, y
        c) Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos.
        
        2. Competencia en la esfera internacional (Artículos 8,9 y 10)
        
        Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor:
        a) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;
        b) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, o
        c) El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales, tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios económicos.
        Nota: Se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que el demandado en el juicio hubiera comparecido sin objetar la competencia.
        
        Serán competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas con anterioridad. Serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos las autoridades que hubieren conocido de la fijación de los mismos.
        
        Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante.
        
        Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor.
        
        3. Cooperación procesal internacional (Artículos 11 a 18)
        
        Las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Parte si reúnen las siguientes condiciones:
        
        a) Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia en esfera internacional para conocer y juzgar el asunto;
        b) Que la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios según la Convención estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto;
        c) Que la sentencia y los documentos anexos se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto, cuando se necesario;
        d) Que la sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;
        e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia deba surtir efecto;
        f) Que se haya asegurado la defensa de las partes;
        g) Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. En caso de que existiera apelación de la sentencia ésta no tendrá efecto suspensivo.
        
        Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias son los siguientes:
        a) Copia auténtica de la sentencia;
        b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) que anteceden, y
        c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia tiene el carácter de firme o que ha sido apelada.
        
        El control de los requisitos anteriores corresponderá directamente al juez que deba conocer de la ejecución, quien actuará en forma sumaria, con audiencia de la parte obligada, mediante citación personal y con vista al Ministerio Público, sin entrar en la revisión del fondo del asunto. En caso de que la resolución fuere apelable, el recurso no suspenderá las medidas provisionales ni el cobro y ejecución que estuvieren en vigor.
        
        Ningún tipo de caución será exigible al acreedor de alimentos por la circunstancia de poseer nacionalidad extranjera, o tener su domicilio o residencia habitual en otro Estado.
        El beneficio de pobreza declarado en favor del acreedor en el Estado Parte donde hubiere ejercido su reclamación, será reconocido en el Estado Parte donde se hiciere efectivo el reconocimiento o la ejecución. Los Estados Parte se comprometen a prestar asistencia judicial gratuita a las personas que gocen del beneficio de pobreza.
        
        Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Parte ordenarán y ejecutarán, a solicitud fundada de parte, o a través del agente diplomático o consular correspondiente, las medidas provisionales o de urgencia que tengan carácter territorial, y cuya finalidad sea garantizar el resultado de una reclamación de alimentos pendiente o por instaurarse.
        Lo anterior se aplicará cualquiera que sea la jurisdicción internacionalmente competente, bastando para ello que el bien o los ingresos objeto de la medida se encuentren dentro del territorio donde se promueve la misma.
        
        El otorgamiento de medidas provisionales o cautelares no implicará el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional del órgano jurisdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que se dictare.
        
        Las resoluciones interlocutorias y las medidas provisionales dictadas en materia de alimentos, incluyendo aquellas dictadas por los jueces que conozcan de los procesos de nulidad, divorcio y separación de cuerpos, u otros de naturaleza similar a éstos, serán ejecutadas por la autoridad competente aun cuando dichas resoluciones o medidas provisionales estuvieran sujetas a recursos de apelación en el Estado donde fueron dictadas.
        
        Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta Convención, que será su derecho procesal el que regulará la competencia de los tribunales y el procedimiento de reconocimiento de la sentencia extranjera.
- - - - Procedimiento:
        1. Solicitud a la autoridad remitente (Artículo 3)
        
        Cuando el demandante se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes (Estado del demandante), y el demandado esté sujeto a la jurisdicción de otra Parte Contratante (Estado del demandado), el primero podrá presentar una solicitud a la Autoridad Remitente de su Estado encaminada a obtener alimentos del demandado.
        
        Cada Parte Contratante informará al Secretario General acerca de los elementos de prueba normalmente exigidos por la ley del Estado de la Institución Intermediaria para justificar la demanda de prestación de alimentos, de la forma en que la prueba debe ser presentada para ser admisible, y de cualquier otro requisito que haya de satisfacerse de conformidad con esa ley.
        
        La solicitud deberá ir acompañada de todos los documentos pertinentes, inclusive, en caso necesario, un poder que autorice a la Institución Intermediaria para actuar en nombre del demandante o para designar a un tercero con ese objeto. Se acompañará también una fotografía del demandante, y de ser posible una fotografía del demandado.
        
        La Autoridad Remitente adoptará las medidas a su alcance para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley del Estado de la Institución Intermediaria. Sin perjuicio de lo que disponga dicha ley, la solicitud expresará:
        a) Nombre y apellido del demandante, su dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad y ocupación, y en su caso, nombre y dirección de su representante legal.
        b) Nombre y apellido del demandado, y en la medida en que sean conocidas por el demandante, sus direcciones durante los últimos 5 años, fecha de nacimiento, nacionalidad y ocupación.
        c) Exposición detallada de los motivos en que se funda la pretensión del demandante, y del objeto de ésta y cualesquiera otros datos pertinentes, tales como los relativos a la situación económica y familiar del demandante y el demandado.
        
        2. Transmisión de los documentos (Artículo 4)
        
        La Autoridad Remitente transmitirá los documentos a la Institución Intermediaria del Estado del demandado, a menos que considere que la solicitud no ha sido formulada de buena fe.
        
        Antes de transmitir estos documentos la Autoridad Remitente se cerciorará de que los mismos reúnen los requisitos de forma de acuerdo con la ley del Estado del demandante.
        
        La Autoridad Remitente podrá hacer saber a la Institución Intermediaria su opinión sobre los méritos de la pretensión del demandante, y recomendar que se conceda a éste asistencia jurídica gratuita y exención de costas.
        
        3. Transmisión de sentencias y otros actos judiciales (Artículo 5)
        La Autoridad Remitente transmitirá, a solicitud del demantante, cualquier decisión provisional o definitiva, o cualquier otro acto judicial que haya intervenido en materia de alimentos a favor del demandante en un tribunal competente de cualquiera de las Partes Contratantes, y si fuere necesario y posible, copia de las actuaciones en que haya recaído esa decisión
        4. Funciones de la Institución Intermediaria (Artículo 6)
        
        La Institución Intermediaria, actuando siempre dentro de las facultades que le haya conferido el demandante, tomará todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial.
        
        La Institución Intermediaria tendrá convenientemente informada a la Autoridad Remitente. Si no pudiere actuar, le hará saber los motivos de ello y le devolverá la documentación.
- - - - Procedimiento:
        Cooperación Administrativa (Artículos 4 a 8)
        
        Cada Estado contratante designará una Autoridad Central encargada cumplir las obligaciones que el Convenio le impone.
        Un Estado federal, un Estado con varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas, es libre de designar más de una Autoridad Central y especificará el ámbito territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haya hecho uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que pueda dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese Estado.
        
        Las Autoridades Centrales deberán:
        a) Cooperar entre sí y promover la cooperación entre las autoridades competentes de sus Estados para alcanzar los objetivos del Convenio;
        b) Buscar, en la medida de lo posible, soluciones a las dificultades que pudieran surgir en la aplicación del Convenio.
        
        Las Autoridades Centrales prestarán asistencia con respecto a las solicitudes presentadas. En particular, deberán:
        a) Transmitir y recibir tales solicitudes;
        b) Iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos con respecto a tales solicitudes.
        Con respecto a tales solicitudes, tomarán todas las medidas apropiadas para:
        a) Prestar o facilitar la prestación de asistencia jurídica, cuando las circunstancias lo exijan;
        b) Ayudar a localizar al deudor o al acreedor;
        c) Facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso necesario, sobre otras circunstancias económicas del deudor o del acreedor, incluida la localización de los bienes;
        d) Promover la solución amistosa de diferencias a fin de obtener el pago voluntario de alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, la conciliación o mecanismos análogos;
        e) Facilitar la ejecución continuada de las decisiones en materia de alimentos, incluyendo el pago de atrasos;
        f) Facilitar el cobro y la transferencia rápida de los pagos de alimentos;
        g) Facilitar la obtención de pruebas documentales o de otro tipo;
        h) Proporcionar asistencia para la determinación de la filiación cuando sea necesario para el cobro de alimentos;
        i) Iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener las medidas provisionales necesarias de carácter territorial que tengan por finalidad garantizar el resultado de una solicitud de alimentos pendiente;
        j) Facilitar la notificación de documentos.
        
        Una Autoridad Central podrá dirigir una petición motivada a otra Autoridad Central para que ésta adopte medidas específicas cuando no esté pendiente ninguna solicitud. La Autoridad Central requerida adoptará las medidas que resulten apropiadas si las considera necesarias para asistir a un solicitante potencial a presentar una solicitud o a determinar si se debe presentar dicha solicitud.
        Una Autoridad Central podrá también tomar medidas específicas a petición de otra Autoridad Central con respecto a un asunto sobre cobro de alimentos pendiente en el Estado requirente que tenga un elemento internacional.
        
        Cada Autoridad Central asumirá sus propios costes derivados de la aplicación del Convenio.
        Las Autoridades Centrales no impondrán al solicitante ningún cargo por los servicios que las mismas presten en virtud del Convenio, salvo los costes excepcionales que se deriven de una petición de medidas específicas.
        La Autoridad Central requerida no podrá recuperar los costes excepcionales sin el consentimiento previo del solicitante sobre la prestación de dichos servicios a tales costes.
        
        Solicitudes para la intermediación de las autoridades centrales (artículos 9 a 17)
        
        Las categorías siguientes de solicitudes deberán poder presentarse en un Estado requirente por un acreedor que pretende el cobro de alimentos en virtud del presente Convenio:
        a) Reconocimiento o reconocimiento y ejecución de una decisión;
        b) Ejecución de una decisión dictada o reconocida en el Estado requerido;
        c) Obtención de una decisión en el Estado requerido cuando no exista una decisión previa, incluida la determinación de filiación en caso necesario;
        d) Obtención de una decisión en el Estado requerido cuando el reconocimiento y ejecución de una decisión no sea posible o haya sido denegado por falta de una base para el reconocimiento y ejecución prevista en el artículo 20, o por los motivos previstos en el artículo 22 b) o e) del Convenio;
        e) Modificación de una decisión dictada en el Estado requerido;
        f) Modificación de una decisión dictada en un Estado distinto del Estado requerido.
        
        Las categorías siguientes de solicitudes deberán poder presentarse en un Estado requirente por un deudor contra el que exista una decisión de alimentos:
        a) Reconocimiento de una decisión o procedimiento equivalente que tenga por efecto suspender o limitar la ejecución de una decisión previa en el Estado requerido;
        b) Modificación de una decisión dictada en el Estado requerido;
        c) Modificación de una decisión dictada en un Estado distinto del Estado requerido.
        
        Toda solicitud deberá contener, como mínimo:
        a) Una declaración relativa a la naturaleza de la solicitud o solicitudes;
        b) El nombre y los datos de contacto del solicitante, incluidas su dirección y fecha de nacimiento;
        c) El nombre del demandado y, cuando se conozca, su dirección y fecha de nacimiento;
        d) El nombre y la fecha de nacimiento de toda persona para la que se soliciten alimentos;
        e) Los motivos en que se basa la solicitud;
        f) Si es el acreedor quien presenta la solicitud, información relativa al lugar en que debe realizarse el pago o transmitirse electrónicamente;
        g) A excepción de las solicitudes de reconocimiento o reconocimiento y ejecución de una decisión, y de reconocimiento de una decisión o procedimiento equivalente que tenga por efecto suspender o limitar la ejecución de una decisión previa en el Estado requerido, toda información o documentación exigida por una declaración del Estado requerido;
        h) El nombre y los datos de contacto de la persona o servicio de la Autoridad Central del Estado requirente responsable de la tramitación de la solicitud.
        Cuando proceda, y en la medida en que se conozcan, la solicitud incluirá igualmente la información siguiente:
        a) La situación económica del acreedor;
        b) La situación económica del deudor, incluyendo el nombre y la dirección de su empleador, así como la naturaleza y localización de sus bienes;
        c) Cualquier otra información que permita localizar al demandado.
        
        La solicitud estará acompañada de toda información o documentación de apoyo necesaria, incluida toda documentación que permita establecer el derecho del solicitante a recibir asistencia jurídica gratuita.
        
        Las solicitudes podrán presentarse por medio de un formulario recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
        
        La Autoridad Central del Estado requirente asistirá al solicitante con el fin de que se acompañe a la solicitud toda la información y documentación que, a conocimiento de dicha Autoridad, sean necesarios para el examen de la solicitud.
        
        La Autoridad Central del Estado requirente, tras comprobar que la solicitud cumple los requisitos del Convenio, la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requerido en nombre y con el consentimiento del solicitante. La solicitud se acompañará del formulario de transmisión previsto en el Anexo 1. La Autoridad Central del Estado requirente, cuando lo solicite la Autoridad Central del Estado requerido, proporcionará una copia completa, certificada por la autoridad competente del Estado de origen, de cualquiera de los documentos enumerados en los artículos 16(3), 25(1) a), b) y d) y (3) b) y 30(3) del Convenio.
        
        Dentro de un plazo de seis semanas, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, la Autoridad Central requerida acusará recibo de la misma por medio del formulario previsto en el Anexo 2, e informará a la Autoridad Central del Estado requirente de las gestiones iniciales que se hayan efectuado o se efectuarán para la tramitación de la solicitud, y podrá solicitar cualesquiera otros documentos o información que estime necesarios. Dentro del mismo plazo de seis semanas, la Autoridad Central requerida deberá proporcionar a la Autoridad Central requirente el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio encargado de responder a las consultas sobre el estado de avance de la solicitud.
        
        Dentro de los tres meses siguientes al acuse de recibo, la Autoridad Central requerida informará a la Autoridad Central requirente sobre el estado de la solicitud.
        
        Las Autoridades Centrales requerida y requirente se informarán mutuamente:
        a) Del nombre de la persona o del servicio responsable de un asunto concreto;
        b) Del estado de avance del asunto, y contestarán a las consultas en tiempo oportuno.
        
        Las Autoridades Centrales tramitarán los asuntos con toda la rapidez que el examen adecuado de su contenido permita y utilizarán los medios de comunicación más rápidos y eficaces de que dispongan.
        
        La Autoridad Central requerida sólo podrá negarse a tramitar una solicitud cuando sea manifiesto que no se cumplen los requisitos exigidos por el Convenio. En tal caso, dicha Autoridad Central informará con prontitud a la Autoridad Central requirente sobre los motivos de la negativa.
        La Autoridad Central requerida no podrá rechazar una solicitud por la única razón de que se necesite documentación o información adicional. No obstante, la Autoridad Central requerida podrá pedir a la Autoridad Central requirente que presente esta documentación o información adicional. Si la Autoridad Central requirente no la presenta en un plazo de tres meses, o en un plazo mayor determinado por la Autoridad Central requerida, esta última podrá decidir que no tramitará la solicitud. En ese caso, informará a la Autoridad Central requirente.
        
        Procedimiento para una solicitud de reconocimiento y ejecución (Artículo 23)
        
        Los procedimientos de reconocimiento y ejecución se regirán por la ley del Estado requerido.
        
        Cuando se haya presentado una solicitud de reconocimiento y ejecución de una decisión por intermedio de Autoridades Centrales, la Autoridad Central requerida procederá con prontitud a:
        a) Transmitir la solicitud a la autoridad competente, la cual declarará sin demora la decisión ejecutoria o la registrará para su ejecución; o
        b) Tomar por sí misma tales medidas, si es la autoridad competente.
        
        Cuando se presente directamente una solicitud a una autoridad competente del Estado requerido, esta autoridad procederá sin demora a declarar la decisión ejecutoria o a registrarla a efectos de ejecución.
        
        Una declaración o registro sólo podrá denegarse por el motivo previsto en el artículo 22 a) del Convenio. En esta etapa, ni el solicitante ni el demandado podrán presentar alegaciones.
        
        La declaración o registro efectuado se notificarán con prontitud al solicitante y al demandado, los cuales podrán recurrirla o apelarla de hecho o de derecho.
        
        El recurso o la apelación se presentará dentro de los 30 días siguientes a la notificación efectuada. Si el recurrente o apelante no reside en el Estado contratante en el que se efectuó o se denegó la declaración o el registro, el recurso o la apelación podrán interponerse dentro de los 60 días siguientes a la notificación.
        La decisión sobre el recurso o la apelación se notificará con prontitud al solicitante y al demandado.
        Un recurso posterior, si lo permite la ley del Estado requerido, no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que concurran circunstancias excepcionales.
        La autoridad competente actuará rápidamente para adoptar una decisión sobre reconocimiento y ejecución, incluyendo cualquier recurso.
        
        Procedimiento alternativo para una solicitud de reconocimiento y ejecución (Artículo 24)
        
        Un Estado podrá declarar que aplicará este procedimiento de reconocimiento y ejecución.
        
        Cuando se haya presentado una solicitud de reconocimiento y ejecución de una decisión por intermedio de Autoridades Centrales, la Autoridad Central requerida procederá con prontitud a:
        a) Transmitir la solicitud a la autoridad competente que tomará una decisión sobre la solicitud de reconocimiento y ejecución; o
        b) Tomar por sí misma esa decisión si es la autoridad competente.
        
        La autoridad competente dictará una decisión sobre reconocimiento y ejecución después de que el demandado haya sido notificado debidamente y con prontitud del procedimiento y después de que ambas partes hayan tenido la oportunidad adecuada de ser oídas.
        
        La autoridad competente podrá revisar de oficio los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución. Podrá revisar cualquiera de los motivos previstos en los artículos 20, 22 y 23(7) c) del Convenio si son planteados por el demandado o si surgen dudas evidentes sobre tales motivos de la lectura de los documentos presentados.
        
        La denegación del reconocimiento y ejecución también puede fundarse en el pago de la deuda en la medida en que el reconocimiento y ejecución se refieran a pagos vencidos.
        Un recurso posterior, si lo permite la ley del Estado requerido, no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo circunstancias excepcionales.
        La autoridad competente actuará rápidamente para adoptar una decisión sobre reconocimiento y ejecución, incluyendo cualquier recurso.
        
        Solicitudes de organismos públicos (Artículo 36)
        
        El derecho de un organismo público de actuar en nombre de una persona a quien se le deba alimentos o de solicitar el reembolso de la prestación concedida al acreedor a título de alimentos, se regirá por la ley a que esté sujeto el organismo.
        
        Un organismo público podrá solicitar el reconocimiento o la ejecución de:
        a) Una decisión dictada contra un deudor a solicitud de un organismo público que reclame el pago de prestaciones concedidas a título de alimentos;
        b) Una decisión dictada entre un deudor y un acreedor, con respecto a las prestaciones concedidas al acreedor a título de alimentos.
        
        El organismo público que solicite el reconocimiento o la ejecución de una decisión proporcionará, previa petición, todo documento necesario para probar su derecho y el pago de las prestaciones al acreedor.
        
        Solicitudes presentadas directamente a las autoridades competentes (Artículo 37)
        El Convenio no excluye la posibilidad de recurrir a los procedimientos disponibles en el Derecho interno de un Estado contratante que permitan a una persona (el solicitante) acudir directamente a una autoridad competente de ese Estado respecto de una materia regulada por el Convenio, incluyendo la obtención o modificación de una decisión en materia de alimentos.