UNICEF considera la educación como la puerta de entrada al cumplimiento integral de los derechos de niña, niños y adolescentes. Es la herramienta más eficaz para moldear y cambiar positivamente la vida de una niña o niño; y es, asimismo, el mecanismo ideal para reducir ampliamente las brechas de desigualdad.
Ante esta perspectiva, la educación en El Salvador adquiere una dimensión preponderante al ser un eje con el que es posible promover el desarrollo, así como revertir y prevenir la violencia. Según el Observatorio del Ministerio de Educación (MINED) en 2017, 44.61% de los centros escolares se encontraban en comunidades con presencia de pandillas; 38.11% estaban localizados en zonas donde se reportan robos y/o hurtos; 34.62% se ubican en zonas con circulación de drogas, un 27.62%, en áreas donde se identifica portación de armas blancas y de fuego, y 18.76% donde se realizan extorsiones.
De acuerdo al Plan El Salvador Educado (PESE), en 2016 la deserción escolar asociada a la delincuencia afectaba a 7,339 niños y niñas en el área rural; y 8,172 en el área urbana.
El Salvador fortaleció durante décadas su inversión en educación básica lo que permitió avances; sin embargo, ese enfoque no previó suficientes recursos y capacidades para el relevo generacional. Esto derivó en una calidad educativa con deficiencias y la exclusión de un número significativo de niñas, niños y adolescentes que, por hoy, no participan del sistema educativo o corren riesgo de abandonarlo.
La asignación de recursos al sector educativo ha sido históricamente baja, en la última década se mantuvo en un promedio del 3.14% del Producto Interno Bruto y del 16.61% en relación al gasto público. Cifras de la Oficina de Información y Respuesta del MINED indican que, en 2016, la cobertura neta educativa en niñas y niños de 0 a 3 años era de 1.9%, y de 4 a 6 años era de 56.5%. En el caso de educación básica y media, las coberturas netas educativas se ubican en 83.4% y 35.6%, respectivamente (OIR, MINED 2017).
