En la actualidad, la legislación italiana no permite la eutanasia activa, definida como la administración deliberada de fármacos por parte de un médico para poner fin a la vida de un enfermo terminal). Sin embargo, la eutanasia pasiva en la que se niegan intencionadamente tratamientos para salvar la vida de un enfermo incurable es legal y está consagrada en la Constitución italiana, que afirma que "nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento sanitario específico, salvo que lo solicite la ley", siendo el caso de Eluana una eutanasia pasiva.