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RESPONSABILIDAD COLECTIVA AMBIENTAL - Coggle Diagram

- - - - Ley 25.675 General del Ambiente:
        
        Artículo 30. “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
        
        Augusto M. Morello
        
        En punto a la noción del vocablo “afectado”, se ha dicho que se vincula con la temática de la legitimación para deducir acción de amparo conforme el Artículo 43 de la Constitución Nacional. Tal expresión ha dado origen a diversas interpretaciones:
        
        Corriente amplísima:
        
        Jiménez, Zannoni, Botassí, y Mosset Iturraspe, sostienen una postura amplísima, relativa a la cuestión. Interpretan que el afectado, es sinónimo de habitante.
        
        Corriente amplia:
        
        Bidart Campos, Rodrigo Walsh, Morello, Gelli, Zavala de González, Gozaíni, Ekmekdjian, Bustamante Alsina, Quiroga Lavié , Benedetti- Cenicacelaya, Sabsay, Andorno,Gordillo, De Santis, Carattini, Dromí y Menem, Rivas, Spota, Saux, Toricelli, Basterra sostienen que con la palabra “afectados” se cubre la legitimación para amparar “intereses difusos”. Basta con acreditar un mínimo interés razonable y suficiente con figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de incidencia colectiva.
        
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        Corriente restringida:
        
        Cassagne , Barra, Beltrán Gambier y Daniel Lago, Palacio Caeiro, Daneri Conte Grand que asimila “afectado” con el titular de un derecho subjetivo y que por lo tanto persigue la satisfacción de un interés legítimo. Así, en materia de legitimación, afectado es de acuerdo a esta corriente doctrinaria, el agraviado concreto en un derecho o interés propio. Para quienes adhieren a esta postura, la necesidad para que intervenga la justicia, que se plantee un caso, controversia, standing, contiene la exigencia de otro requisito: la existencia de un daño diferenciado, que titulariza el accionante.
        
        Por último, en relación, el mismo artículo 30 in fine de la Ley 25.675
        
        General del ambiente, habilita expresamente la procedencia de una cautelar de cesación de actividades por vía de amparo judicial. Creando un subtipo de amparo muy cercano a la acción popular; reclama, una vez más, una prudente apertura legitimatoria jurisdiccional (con clara tendencia a la adopción de una acción popular), para dar efectividad a la tutela concerniente.
        
        Paradójicamente, apunta, “su misión no se presenta entonces como un instrumento para atender amenazas, sino para reprimir actos lesivos en curso de ejecución. Quizá al respecto, la redacción legal haya sido deficiente, porque tan correcto era programar este amparo para atacar hechos dañosos como peligros de lesión al ambiente. Quitarle este último rol es, de alguna manera amputarlo.
        
        A quién seguimos en sus enseñanzas, para el desarrollo de esta temática, señala que tras la reforma de la Constitución Nacional, tanto el amparo colectivo evidencia un impulso propio, que responde a una realidad indisputable: la dilatación de la legitimación de las personas directamente afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses que ni exclusiva ni privativamente se radican en una o más personas determinadas.
    - - Que modifica profundamente el régimen procesal, a cuyo efecto, vale recordar lo dicho por la Cámara Federal de La Plata, en sentencia dictada en autos: “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre c/ Aguas Argentinas SA y otros s/ amparo”, del 8 de julio 2003,1 expediente Nº 3156/02, en su parte pertinente, dijo: “Dicha ley de Política Ambiental Nacional al fijar los presupuestos mínimos establecidos en el artículo 41 de la CN, ha introducido decisivas novedades en el campo del derecho procesal
    - - Dice que “no es difícil constatar que cuando se destapa el tema del llamado acceso a la justicia y se intenta develar sus variables económicas, son los planteamientos dogmáticos de la legitimación los que no pocas veces se destaca por su mayor resistencia a facilitar respuestas operativas”
    - - Enseña que “en relación a los derechos ambientales hay un camino que se puede conjeturar, a la luz de la experiencia histórica adquirida en derecho más viejos.
    - - Advierte que “en nuestra diaria labor, nos alienta pensar que la familiaridad del concepto de los intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, demuestra que aquellos posicionamientos y matices no son invencibles, y como tantas veces ha ocurrido en otras cuestiones, la dimensión social de la justicia, obligará a adoptar una aptitud renovadora.
      - Arazi
        
        Destaca que “en general, la aptitud para demandar, coincide con la titularidad del sujeto subjetivo circunstancial (legitimación normal).
      - Peyrano
        
        Dice que toda vez que la legitimación no es sino la idoneidad de la persona para actuar en juicio inferida de su posición respecto al litigio va de suyo que la interpretación debe ser a favor del reconocimiento de una aptitud suficientemente amplia, que es lo que posibilita el ejercicio pleno de su derecho a la jurisdicción