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RESPONSABILIDAD COLECTIVA AMBIENTAL - Coggle Diagram

- - - - DE LA COSA JUZGADA
        
        La Ley General del Ambiente Nº 25.675 (B.O 28/11/02), artículo 33, establece que: La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias. En doctrina judicial se registran precedentes valiosos (aún antes de la vigencia del nuevo régimen jurídico), acerca de los efectos de la sentencia a dictarse en causas por daño ambiental.
        
        Procesos en juego albergan dos pretensiones: una procurando el cese de la contaminación que excede el interés particular de cada actor y cuya solución expande sus efectos positivos o negativos a todos ellos.
        
        Otra indemnización de daños en que el interés se particulariza en la medida del daño de cada uno. La naturaleza individual al menos desde el plano subjetivo de las acciones promovidas, por un lado, el riesgo de la emergencia futura de sentencias contradictorias, por otro lado, y en definitiva el telón de fondo que levantan las tradicionales y casi míticos límites de la cosa juzgada, parecen aconsejar sin más, la acumulación de autos dispuesta por la providencia recurrida
        
        Las demandas individuales que dan vida a cada proceso portan en su seno y frente a la empresa demandada dos pretensiones: a) la de cese de la contaminación y b) la del resarcimiento de los daños que tal contaminación provoca.
        
        La primera, necesariamente al lado del interés individual que la impulsa (el del sujeto titular e instrumentador de la acción) un interés colectivo y difuso (el que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la empresa a la salubridad del medio ambiente que se dice contaminado), sin cuya tutela y amparo no puede lograrse la de aquél interés particular que, como bien lo señala Gabriel Stiglitz, no es más que un fragmento o porción del mismo interés supraindividual referido.
        
        La segunda pretensión, la resarcitoria, vehiculizando un interés particular y diferenciado por la existencia, naturaleza y cuantía de los daños sufridos y reclamados por cada demandante. En correspondencia con tal interés y con el objeto de la o las pretensiones resarcitorias personales en juego, la o las sentencias que diriman la cuestión concerniente a cada una de tales pretensiones personales tendrán efectos inter partes.
        
        Formula Galdós:
        
        La sentencia de la C. Nac. Civil y Com. Fed., Sala 1ra, en lo nuclear, revocando parcialmente el fallo de la otra instancia, consagró pretorianamente el proceso colectivo, admitió la legitimación de la Defensoría de la Ciudad, que de ese modo ejerce la legitimación colectiva pero de damnificados indeterminados pero diferenciados entre sí en la afectación de sus derechos patrimoniales y morales.
        
        Distingue el proceso colectivo de las acciones de clase del derecho comparado y, en elogiosa conclusión, admite y acoge su operatividad plena, pese a la ausencia de regulación legal adjetiva específica. Difiere para un proceso ulterior la determinación y cuantificación para cada caso del daño, poniendo en cabeza de la actora la carga de comunicar extrajudicialmente ese fallo a los damnificados, cuyos derechos resarcitorios, además de las penalidades previstas en el marco regulatorio, recogió expresamente.
        
        De modo que según entendemos, el proceso colectivo admite, al menos, una doble funcionalidad: la tutela de los derechos colectivos condensados en órganos públicos o privados que ejerciten una acción de prevención, reposición o resarcimiento del perjuicio que “es de todos y por ello no es de nadie en particular” y el reclamo por daños pluriindividuales diferenciados y acumulables, por razones de celeridad y economía, que pueden también recaer en idéntico legitimado activo”.
  - - - Es en relación a la ejecución de la reparación in natura, “habida cuenta de la naturaleza especial del objeto dañado y la relación de fiducia o tutela que con el mismo mantiene la Autoridad Pública, el responsable no se encuentra sólo o al menos no debería encontrarse sólo frente a la ineludible obligación de reparación que le depara; sino que en todo momento debe estar sometido a control del Estado, control que se manifiesta de diferentes maneras.
    - - Asimismo se ha dicho que recomponer es tomar medidas de reconstrucción o restauración. Recomponer es sinónimo de sanear, restaurar, clean up.130 En la ingeniería se lo identifica con la remediación. Lo cierto es que “para un medio ambiente muy deteriorado, es ineludible la acción restauradora. La mejora del medio pasa, en estos casos, por acciones más enérgicas que sustituyan el uso irracional, contaminante, de los recursos naturales por el saneamiento y recuperación de esos espacios.
    - - Gozaini destaca que otra posibilidad de defensa de los derechos difusos consiste en establecer una forma y dinámica de acceso que sin ser una acción popular, permite flexibilizar el criterio ancestral de la protección personal extendiendo a los grupos la tutela del proceso.
      - Bianchi informa que en Estados Unidos el empleo de las class actions empezó en el siglo pasado y actualmente existe tanto en el procedimiento federal como en el de los estados. Así durante el siglo XIX las acciones de clase estuvieron limitadas a los procedimientos de equidad, pero en el siglo XX, existen dos fechas clave en su historial, que han determinado su extraordinario desarrollo actual.
      - Dentro de los requisitos previos para conformar una acción de clase, se apuntan:
        
        1) Que la clase sea tan numerosa, que la actuación conjunta de todos los miembros, sea impracticable, 2) que existan cuestiones de derecho o hecho comunes a la clase, 3) que los representantes de la clase deben tener cualidades necesarias para defender los intereses de la clase, 4) que las partes representativas vayan a proteger los intereses de la clase en forma justa y adecuada.
        
        Además deberán reunirse los siguientes requisitos de procedencia:
        
        1) que la iniciación de acciones independientes por parte de o en contra de miembros individuales de la clase creara un riesgo de que se dictasen sentencias contradictorias o diferentes con respecto a los miembros individuales de la clase, pues ello generaría estándares incompatibles de conducta para la contraparte de la clase, 2) La contraparte ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente aplicables a la clase, y los representantes de la clase intentan en consecuencia la obtención de órdenes o prohibiciones adecuadas o medidas declarativas, con relación a la clase en su conjunto, 3) la existencia de cuestiones de hecho o de derecho que sean comunes a todos los miembros de la clase.
        
        Para ello, las preguntas que se formulan giran alrededor de las cuestiones que se detallan:
        
        a) Si existe una clase identificable, b) si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase, c) si la clase es tan grande como para hacer imposible un litisconsorcio, d) si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a todos los miembros; e) si los reclamos o las defensas expuestas por los representantes son típicos de los restantes miembros de la clase, f) si los representantes ejercerán debidamente la representación de los restantes integrantes de la clase.
- - - - Augusto M. Morello, a quién seguimos en sus enseñanzas, para el desarrollo de esta temática, señala que tras la reforma de la Constitución Nacional, tanto el amparo colectivo evidencia un impulso propio, que responde a una realidad indisputable: la dilatación de la legitimación de las personas directamente afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses que ni exclusiva ni privativamente se radican en una o más personas determinadas.
        
        En punto a la noción del vocablo “afectado”, se ha dicho que se vincula con la temática de la legitimación para deducir acción de amparo conforme el Artículo 43 de la Constitución Nacional. Tal expresión ha dado origen a diversas interpretaciones:
        
        Corriente amplísima: Jiménez, Zannoni, Botassí, y Mosset Iturraspe, sostienen una postura amplísima, relativa a la cuestión. Interpretan que el afectado, es sinónimo de habitante.
        
        Corriente amplia: Bidart Campos, Rodrigo Walsh, Morello, Gelli, Zavala de González, Gozaíni, Ekmekdjian, Bustamante Alsina, Quiroga Lavié , Benedetti- Cenicacelaya, Sabsay, Andorno,Gordillo, De Santis, Carattini, Dromí y Menem, Rivas, Spota, Saux, Toricelli, Basterra sostienen que con la palabra “afectados” se cubre la legitimación para amparar “intereses difusos”. Basta con acreditar un mínimo interés razonable y suficiente con figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de incidencia colectiva.
        
        EL ROL DEL JUEZ
        
        El juez actúa así perfectamente: reparó la lesión presente y dispuso las previsiones útiles de acuerdo a las circunstancias, destinadas a evitar que se siguieran produciendo en el futuro. Despliega así un régimen de obligaciones procesales y fijación de competencia y prestaciones activas a cargo de una o varias de las partes, de terceros o de funcionarios públicos.
        
        El juez debe actuar, en su plenitud, los poderes inherentes a la dirección material del mismo, y ello justifica que en el caso se ordene reparar la lesión pretérita y aún presente, además de disponer medidas preventivas destinadas a evitar que daños como el producido en el caso, se vuelvan a producir en lo futuro.
        
        El perfil de juez se modifica radicalmente. En este juego social, apremiado por la naturaleza del litigio ambiental, por envolver una variante axiológica, el juez está empujado a salir de su rol pasivo, y asumir de alguna manera, la responsabilidad por la “cura” de una relación docente entre el derecho y la vida, para adoptar un rol activo, de tutela preventiva, continua, eficaz, enérgica, anticipatoria, temprana, dinámica, rápida, flexible, vigorosa, colaborador, agente de cambio social.
        
        El Juez, según resulta del artículo 2618 Código Civil, tiene amplias facultades, para ordenar el cese, incluso poniendo fin a la actividad molesta. También puede en la sentencia, fijar cuáles ha de ser las medidas a adoptarse. Los criterios de exigencias de la producción y de prioridad de uso no revisten autonomía, siendo complementarios, pudiendo operar la supresión por más que el vecino se haya instalado cerca del foco productor de las molestias cuando el mismo ya existía.
        
        La Ley General del Ambiente Nª 25.675, dispone en su artículo 32, lo que se transcribe: La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.
        
        Eduardo Pigretti en una obra reciente, predica la superación de los principios legales tradicionales (legitimación, jurisdicción, competencia), para afirmar enfáticamente, que “las nuevas cuestiones no le permiten al juez ser imparcial. El Juez siempre es un juez interesado, dado que tiene un interés ambiental humano, que es ínsito a su condición”
        
        Maiztegui ha dicho que: “El fuero en tanto no exista un fuero ambiental especializado, debe seguir siendo el civil o el contencioso-administrativo, aunque en base a las reglas ordinarias de competencia. Es muy importante garantiza el mayor acceso a la jurisdicción por cuestiones de defensa de los intereses colectivos y contribuir con el juez en la formación de una verdadera conciencia ambiental
        
        Corriente restringida: Cassagne , Barra, Beltrán Gambier y Daniel Lago, Palacio Caeiro, Daneri Conte Grand que asimila “afectado” con el titular de un derecho subjetivo y que por lo tanto persigue la satisfacción de un interés legítimo. Así, en materia de legitimación, afectado es de acuerdo a esta corriente doctrinaria, el agraviado concreto en un derecho o interés propio. Para quienes adhieren a esta postura, la necesidad para que intervenga la justicia, que se plantee un caso, controversia, standing, contiene la exigencia de otro requisito: la existencia de un daño diferenciado, que titulariza el accionante.
- - - - La complejidad de la valoración del bien jurídico vulnerado por este daño, es que siendo el objeto protegido por el derecho, el ambiente, involucra una unidad sistémica, totalizadora, un haz de derechos, la sede de infinitos manifestaciones de vida, base de un conjunto dinámico de bienes, de elementos variados de la naturaleza, físicos, sociales, culturales, interdependientes entre sí, que interactúan en un espacio y tiempo determinado, como una red cibernética, de funcionalidad completa, con un equilibrio propio.
  - - - Los economistas manejan diversos métodos para establecer el precio de la naturaleza, lo que podrían ser clasificados en dos grandes grupos:
        
        a) los métodos indirectos que analizan la conducta de las persona, tratando de inferir, a partir de dicha observación, la valoración implícita que le otorga al bien objeto de estudio, en este caso algunas características del medio ambiente.
        
        Forman parte de esta familia fundamentalmente tres métodos: 1) el método de los costes evitados o inducidos; 2) el método del coste del viaje; y 3) el método de los precios hedónicos
        
        b) los métodos directos que buscan sencillamente, que la persona revele directamente esta valoración, mediante encuesta, cuestionarios, votaciones, etc. En términos amplios nos estamos refiriendo al método de valoración contingente, en sus diversas modalidades.