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CAPITULO 3 RESPONSABILIDAD COLECTIVA AMBIENTAL - Coggle Diagram

- - - - el artículo 1109 del Código Civil consagra en forma clara la viabilidad de la responsabilidad colectiva en el ámbito jurídico privado. El problema en relación con esta regla, ha sido dilucidar cual es el factor sobre cuya base cabe responsabilizar a “todos del daño causado” si “dos” o más son los que habitan la casa, y se ignora la habitación de donde procede” la cosa productora del perjuicio.
        
        el artículo 1121 del Código Civil, que repudia la responsabilidad, resulta aplicable al supuesto de responsabilidad del artículo 1119, aunque no es doctrina pacífica. Es decir, quienes deben reparar el daño causado de modo colectivo, no responden solidariamente sino en la “proporción a la parte que tuvieren”.
        
        artículo 1119 del Código Civil, puede ser extendida a otros casos, en los que comprobados un daño, no se puede identificar a quien los causó dentro de un grupo determinado de personas.
        En el campo de la especialidad, la doctrina hace un tiempo que sostenía su aplicabilidad en materia de responsabilidad civil por daño ambiental.
        
        repetición entre sí”, a cuyo fin, “el juez podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.”
- - - - artículo 43 de la CN. Así habilita indistintamente a los afectados, al particular damnificado, el Estado nacional, provincial y municipal, a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental y al Defensor del Pueblo.
        
        el doctor Sergio Dugo, se dijo que: “Se fortalece a los dictámenes emitidos por organismos del estado sobre daño ambiental incorporados al proceso, al otorgarse la fuerza probatoria de los informes periciales. Cambia el concepto tradicional de cosa juzgada.
  - - - Cabe advertir de inicio que las causas ambientales (que mueven a decenas, cientos o miles de seudo legitimados de obrar), no se tratan de conflictos típicos, clásicos, tradicionales, normales, ordinarios
        
        Que requiere de la magistratura un esfuerzo creativo, para garantizar el acceso a la justicia, y la efectividad del derecho, asimismo exige del juez, flexibilidad o maleabilidad de conceptos en la aplicación, e interpretación normativa, tendientes a adecuar las viejas e insuficientes instituciones procesales, pensadas para cuestiones adversariales, del siglo XIX, toda vez que a través de estas demandas, se implementan, esgrimen, plantean, o acumulan pretensiones duales, bifrontes, de textura imbricada:
        
        1) de naturaleza pública, difusa, de incidencia colectiva, supraindividual, de categoría o clase.
        
        2) de naturaleza individual, personal, directo.
        
        Augusto M. Morello, “en nuestra diaria labor, nos alienta pensar que la familiaridad del concepto de los intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, demuestra que aquellos posicionamientos y matices no son invencibles, y como tantas veces ha ocurrido en otras cuestiones, la dimensión social de la justicia, obligará a adoptar una aptitud renovadora.”
        
        Arazi destaca que “en general, la aptitud para demandar, coincide con la titularidad del sujeto subjetivo circunstancial (legitimación normal).
        
        derechos públicos subjetivos, intereses difusos derechos subjetivos privados, puede ocurrir que, excepcionalmente, se verifique aquella atribución del derecho y de la legitimación a personas diversas (legitimación anómala). Esto puede suceder por, cuando la relación jurídica sustancial tenga lugar no entre dos solos sujetos, sino entre una pluralidad de sujetos.”
        
        Juan N. Lugones enseña que “en relación a los derechos ambientales hay un camino que se puede conjeturar, a la luz de la experiencia histórica adquirida en derecho más viejos. Esa experiencia nos dice que el derecho avanza no sin vencer resistencias escalonadas”.
        
        Agustín Gordillo dice que “no es difícil constatar que cuando se destapa el tema del llamado acceso a la justicia y se intenta develar sus variables económicas, son los planteamientos dogmáticos de la legitimación los que no pocas veces se destaca por su mayor resistencia a facilitar respuestas operativas”.
        
        Peyrano, toda vez que la legitimación no es si no la idoneidad de la persona para actuar en juicio inferida de su posición respecto al litigio va de suyo que la interpretación debe ser a favor del reconocimiento de una aptitud suficientemente amplia, que es lo que posibilita el ejercicio pleno de su derecho a la jurisdicción.
        
        Augusto M. Morello, señala que tras la reforma de la Constitución Nacional, tanto el amparo colectivo evidencia un impulso propio, que responde a una realidad indisputable: la dilatación de la legitimación de las personas directamente afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses que ni exclusiva ni privativamente se radican en una o más personas determinados. derechos (entre los cuales se encuentra el derecho ambiental), intereses legítimos, o simplemente intereses humanos envuelven una “colmena” de perjudicados. como derecho a la dignidad de la vida.
        
        Es inequívoco que del marco conceptual de la norma básica, el citado artículo 43 CN, corresponde admitir una legitimación individual y colectiva, por categorías, grupos o clases de afectados.
        el usuario, el consumidor, el afectado, para añadir concurrente y/o subsidiariamente al Defensor del Pueblo (art. 86, C.N), al Ministerio Público (art. 120 C.N), y a las asociaciones que propendan a esos fines.
        
        Corriente amplísima: Jiménez, Zannoni, Botassí, y Mosset Iturraspe, sostienen una postura amplísima, relativa a la cuestión. Interpretan que el afectado, es sinónimo de habitante.
        Corriente amplia: Bidart Campos, Rodrigo Walsh, Morello, Gelli, Zavala de González, Gozaíni, Ekmekdjian, Bustamante Alsina, Quiroga Lavié, Benedetti- Cenicacelaya, Sabsay, Andorno, Gordillo, De Santis, Carattini, Dromí y Menem, Rivas, Spota, Saux, Toricelli, Basterra
        sostienen que con la palabra “afectados” se cubre la legitimación para amparar“ intereses difusos”. Basta con acreditar un mínimo interés razonable y suficiente con figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de incidencia colectiva.
        
        Bidart Campos, que sostiene lo siguiente: “Que los intereses de pertenencia difusa son propios, no son de “cualquiera” sino de uno que “coparticipa”. La dimensión colectiva del interés ambiental es una escala inédita que rompe los moldes tradicionales
        
        Carnelutti en los años 1940 Quién radicado en el contexto de una situación común, envolvente, experimenta las amenazas y las lesiones que otros (también afectados más directos y principales) sufren en una escala de mayor intensidad.
        
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  - - - Es que “los procesos en juego albergan dos pretensiones:
        
        Otra indemnización de daños en que el interés se particulariza en la medida del daño de cada uno.
        
        una procurando el cese de la contaminación que excede el interés particular de cada actor y cuya solución expande sus efectos positivos o negativos a todos ellos.
        
        La naturaleza individual al menos desde el plano subjetivo de las acciones promovidas, por un lado, el riesgo de la emergencia futura de sentencias contradictorias, por otro lado, y en definitiva el telón de fondo que levantan las tradicionales y casi míticos límites de la cosa juzgada, parecen aconsejar sin más, la acumulación de autos dispuesta por la providencia recurrida.
        
        “Las demandas individuales que dan vida a cada proceso portan en su seno y frente a la empresa demandada dos pretensiones:
        
        b) la del resarcimiento de los daños que tal contaminación provoca. La pretensión, la resarcitoria, vehiculizando un interés particular y diferenciado por la existencia, naturaleza y cuantía de los daños sufridos y reclamados por cada demandante.
        
        a) la de cese de la contaminación necesariamente al lado del interés individual que la impulsa (el del sujeto titular e instrumentador de la acción) un interés colectivo y difuso (el que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la empresa a la salubridad del medio ambiente que se dice contaminado)
        
        el juez camarista Roncoroni, que agotado el debate y la prueba en torno a la cuestión principal y madre en que se aloja el ya referido interés supraindividual, las actividades procesales pendientes y propias a cada nuevo proceso promovido son las referidas al interés de cada demandante”.
        
        cabe repetir textualmente las reflexiones que formula Galdós65 en su comentario a este fallo:
        
        1. La sentencia de la C. Nac. Civil y Com. Fed., Sala 1ra, en lo nuclear, revocando parcialmente el fallo de la otra instancia, consagró pretorianamente el proceso colectivo, admitió la legitimación de Defensoría de la Ciudad, que de ese modo- ejerce la legitimación colectiva pero de damnificados indeterminados pero diferenciados entre sí en la afectación de sus derechos patrimoniales y morales.
        
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  - - - El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general
        
        “El juez actúa así perfectamente: reparó la lesión presente y dispuso las previsiones útiles de acuerdo a las circunstancias, destinadas a evitar que se siguieran produciendo en el futuro. Despliega así un régimen de obligaciones procesales y fijación de competencia y prestaciones activas a cargo de una o varias de las partes, de terceros o de funcionarios públicos.
        
        dentro de nuestro diario sistema de apreciación por medio de la “sana crítica” del artículo 384 Código Procesal CyC, se da mayor relieve a dos núcleos de determinación:
        
        1) el análisis comprensivo y no atomístico de los elementos;
        2) el valor excepcional de la prueba de presunciones”.
        
        “Para la real vigencia de las acciones colectivas, los magistrados judiciales deben ejercitar dinámicamente todos los resortes que las leyes confieran;
        
        a) será menester dejar de lado el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible, dejando paso a una tendencia nueva, pública, colectiva, de tipo preventiva y represiva, donde se busque no tanto la reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos;
        b) uno de los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las personas afectadas, para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses legítimos o simplemente humanos que envuelven a una colmena de perjudicados”.
        
        “Las leyes ecológicas se descubren y acatan: ello coloca al Derecho en una “situación de dependencia” de la Ecología
        
        “Las leyes ecológicas se descubren y acatan: ello coloca al Derecho en una “situación de dependencia” de la Ecología
        
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  - - - la Reforma de 1994, constituye siempre que no hubiera otro medio judicial más idóneo, el remedio contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos ambientales.
        
        Asimismo el amparo constitucional ha dado lugar a diversas interpretaciones respecto del alcance del término “afectado”, como legitimado para obrar en estas causas, estando alineadas en el debate
        
        Otras vías preventivas adecuadas pueden encontrarse en las llamadas denuncia de daño temido disciplinada por el artículo 2499 in fine del C.C.; de las restricciones y límites al dominio, el artículo 2618 del C.C. que establece el régimen de molestias entre vecinos que exceden el límite de la normal tolerancia, denominadas “inmisiones inmateriales”, y la acción negatoria de los artículos 2800 al 2806 del C.C., con una visión esta última, progresista o moderna de esta acción real.
        
        Acción negatoria . Son perturbaciones de mero hecho, que afectan al goce pacífico de la cosa, sin que parezca que el demandado vaya a alegar una servidumbre sobre otro fundo. La acción negatoria es la que compete a los poseedores de inmuebles contra los que les impidiesen la libertad del ejercicio de los derechos reales, a fin de que esa libertad sea restablecida.
        
        Véase nuestro Código Civil, artículos 2800 al 2806. Quién intenta la acción negatoria debe probar:
        
        c) la existencia de un acto que importe perturbación en el goce pacífico de la cosa. el titular de un derecho real limitado de servidumbre lo afirmará y exigirá la tranquilidad en su ejercicio.
        
        b) la posesión actual del inmueble afectado. de cualquier tipo de molestia sufrida declarando la improcedencia
        
        a) la titularidad de dominio o derecho real invocado.
        el propietario se defenderá de la desposesión total realizada por un tercero
  - - - Además se dijo que es procedente reclamar la prevención del daño, su cesación o reparación. Finalmente se señaló que:
        
        2) En tanto cierto grado de contaminación es inevitable la degradación ambiental se enrola en la categoría de daño intolerable;
        
        1) todo lo relativo al medio ambiente tiene carácter interdisciplinario y el eje vector de su régimen debe pasar por la protección de la persona humana;
        
        4) ante el daño ambiental debe ofrecerse un modelo ético en orden a respetar la calidad de vida, cuyo lema debe ser no contamine.
        
        3) los criterios economicistas de costos no puede prevalecer sobre la proyección humana en toda su proyección;
        
        En el Congreso Internacional de la Persona y el Derecho de fin de Siglo, realizado en Santa Fe los días 24, a 26 de octubre de 1996 (Rev. De Jurisprudencial Provincial Buenos Aires Noviembre 6 de 1996), se concluyó lo siguiente:
        
        1) que la responsabilidad ambiental engloba, con cuestiones básicas, la prevención, indemnización y recomposición, acotadas por la racionalidad, por lo jurídicamente posible y lo socialmente deseable.
        
        La llamada función ambiental de tutela en el medio excede la órbita del Estado reglada por el derecho administrativo y alcanza a todos los ciudadanos de manera personal y colectiva.
        
        a) continuados;
        
        b) de efectos prolongados o que permanecen en el tiempo y
        
        c) progresivos
        
        El Tercer Congreso Internacional de Derechos de Daños (J.A. 18/08/93 N º 5842). En este despacho se extracta las siguientes conclusiones: Que la actividad industrial genera dos clases de daños resarcibles
        
        1) los que afecta la salud y la vida, en cuyo caso tiene legitimación activa el sujeto dañado.
        2) los que restringen el derecho a gozar de un ambiente sano, en cuyo caso todo sujeto puede accionar cuando se afecte o pudiera afectarse el medio ambiente como bien colectivo. También se dijo que el Estado está sujeto a la responsabilidad general y en especial responde por omisión en el ejercicio del poder de policía que le corresponde en la protección del medio ambiente (artículo 1112 C.C).
        
        El tema del objetivo de la acción ya había sido encarado por la Comisión N º 2 en las «IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil» de Mar del Plata, cuyo despacho recomendó de LEGE LATA lo siguiente: «Según el caso podrá solicitarse la prevención del daño, su cesación o su reparación».
        A continuación hemos de ocuparnos de cada una de esas tres distintas finalidades que puede perseguir la acción de responsabilidad civil por daño al ambiente.
        
        I. Prevención. Lo primero y lo más idóneo es la prevención del daño al ambiente, para evitar su consumación; máxime «teniendo en cuenta que se trata de un bien ‘no monetizable’, es decir, no traducible en indemnizaciones y difícil de volver al estado anterior del daño».
        
        “El bien ambiental es, a diferencia de otros bienes, esencialmente limitado, y su consumo irreparable en cuanto cada vez con mayor nitidez se advierte la imposibilidad de un reiterado, continuo e inmediato reemplazo, al punto de preverse en muchos casos
        
        II. La reparación in natura. El principio sentado en el art. 1083 del Cód. Civil acerca de la reparación «in natura», se ve reforzado en materia ambiental por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que: «El daño ambiental generará prioritariamente obligación de recomponer».
        
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  - - - Es en relación a la ejecución de la reparación in natura, “habida cuenta de la naturaleza especial del objeto dañado y la relación de fiducia o tutela que con el mismo mantiene la Autoridad Pública, el responsable no se encuentra sólo o al menos no debería encontrarse sólo frente a la ineludible obligación de reparación que le depara; sino que en todo momento debe estar sometido a control del Estado, control que se manifiesta de diferentes maneras.
        
        Es que la condena a recomponer el ambiente, “es la preferida, porque vuelve las cosas al estado anterior, porque desaparece el perjuicio; y un bien de tanta importancia queda incólume, como antes del hecho.
        
        Asimismo se ha dicho que recomponer es tomar medidas de reconstrucción o restauración. Recomponer es sinónimo de sanear, restaurar, clean up.
        En la ingeniería se lo identifica con la remediación.
        
        cabe señalar la exigencia que hacen ciertos sectores respecto de la necesidad de buscar un equilibrio entre la imprescindible reparación y la carga que implica para las empresas que comparten los costos”.
        
        Indemnización. Conforme con lo establecido en el artículo 1083 del Código Civil, cuando fuere imposible la reposición de las cosas a su estado anterior, o si el damnificado así lo prefiriese, el resarcimiento habrá de consistir en la indemnización en dinero del daño sufrido. Pero dicha normativa debe además complementarse e integrarse con lo preceptuado en el artículo 2.618 del Código Civil, que si bien faculta a los jueces «según las circunstancias del caso», para disponer «la indemnización de los daños o la cesación» de las molestias (segundo párrafo), lo hace aportando además un standard o directiva de indiscutible relevancia, cuando agrega que: «En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular del dominio» (tercer párrafo).
  - - - Bianchi informa que en Estados Unidos el empleo de las class actions empezó en el siglo pasado y actualmente existe tanto en el procedimiento federal como en el de los estados. Así durante el siglo XIX las acciones de clase estuvieron limitadas a los procedimientos de equidad, pero en el siglo XX, existen dos fechas clave en su historial, que han determinado su extraordinario desarrollo actua
        
        Dentro de los requisitos previos para conformar una acción de clase, se apuntan:
        
        1) que la clase sea tan numerosa, que la actuación conjunta de todos los miembros, sea impracticable;
        
        2) que existan cuestiones de derecho o hecho comunes a la clase;
        
        3) que los representantes de la clase deben tener cualidades necesarias para defender los intereses de la clase;
        
        4) que las partes representativas vayan a proteger los intereses de la clase en forma justa y adecuada.
        
        Además deberán reunirse los siguientes requisitos de procedencia:
        
        1) que la iniciación de acciones independientes por parte de o en contra de miembros individuales de la clase creara un riesgo de que se dictasen sentencias contradictorias o diferentes con respecto a los miembros individuales de la clase, pues ello generaría estándares incompatibles de conducta para la contraparte de la clase. Y que se dicten sentencias con respecto a los miembros individuales de la clase que, en la práctica, decidan sobre los intereses de los otros miembros que no hayan sido parte, vulnerándoles o impidiéndoles así la protección de sus intereses.
        
        2) La contraparte ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente aplicables a la clase, y los representantes de la clase intentan en consecuencia la obtención de órdenes o prohibiciones adecuadas o medidas declarativas, con relación a la clase en su conjunto.
        
        3) la existencia de cuestiones de hecho o de derecho que sean comunes a todos los miembros de la clase. La idoneidad del procedimiento de la acción de clase para resolver la controversia.
        
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  - - - Desde la óptica de la ciencia económica, Azqueta Oryarzun, enseña que “el bien ambiental tiene un valor, sea como un insumo productivo, sea directamente como generador de bienestar”.
        
        Se ha dicho que “La contabilidad de la ecología justifica todavía más posibilidades: como fijar el precio de un recurso de acuerdo a lo invertido en su conservación cifrando los perjuicios que causaría su eventual desaparición”.
        
        Se ha dicho que “La contabilidad de la ecología justifica todavía más posibilidades: como fijar el precio de un recurso de acuerdo a lo invertido en su conservación cifrando los perjuicios que causaría su eventual desaparición”.
        
        Normalmente encontramos en estudios empíricos y discusiones teóricas una estimación de dos medidas alternativas:
        
        la disposición de pagar (DP):muestra lo que la persona estaría dispuesta a dar para obtener una mejora o para evitar un cambio que empeoraría su situación.
        la compensación exigida (CE):por otro lado, refleja lo que demandaría para aceptar un cambio que empeora su situación o renunciar a uno que la mejorara.
        
        Los economistas manejan diversos métodos para establecer el precio de la naturaleza, lo que podrían ser clasificados en dos grandes grupos:
        
        a) los métodos indirectos que analizan la conducta de las persona, tratando de inferir, a partir de dicha observación, la valoración implícita que le otorga al bien objeto de estudio, en este caso algunas características del medio ambiente.
        Forman parte de esta familia fundamentalmente tres métodos:
        
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