Artículo 32. Se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los
límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado.. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral.