, es uno de sus fundamentos políticos— es el mandato constitucional de que nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia, obtenida en un juicio (con las características que hemos señalado y que forman el diseño constitucional del juicio), que lo declare como tal. Por imperio constitucional, entonces, toda persona es inocente, y así debe ser tratada mientras no se declare en una sentencia judicial su culpabilidad.
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