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CAPITULO 4: PODER JUDICIAL - Coggle Diagram

- - - - Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años
- - - - Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
      - Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.
      - contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho.
      - gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.
    - - El Senado de la República contará con
        veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo
      - Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el
        Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado
      - El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros
        presentes dentro del plazo de diez días
      - El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que
        establezca la ley.
      - En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones
        extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal
        General
      - Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.
- - - - III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas tribunales de justicia administrativa. Las revisiones de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito.
      - V. De las controversias y de las acciones a que se refiere el articulo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
      - II. De todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento de leyes o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.
      - VI. De aquellas en que la Federación fuese parte.
      - Procedimientos relacionados con delitos del orden federal
      - VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o mas vecinos de otra.
      - VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.
      - IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo.
  - - - II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
        entre una norma de carácter general y esta Constitución.
        
        b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las
        leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano
        
        g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal
        
        a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del
        Congreso de la Unión, en contra de leyes federales.
        
        h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
        
        c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas
        generales de carácter federal y de las entidades federativas.
        
        d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de
        las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano
        
        f) Los partidos políticos con registro ante el instituto nacional electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales.
        
        e) Se deroga.
        
        i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones
      - III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Apelación o del Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera o Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o el Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
      - I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales,
        actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
        
        a) La Federacion y una entidad federativa.
        
        g) Dos municipios de diversos Estados.
        
        f) Se deroga
        
        h) Dos Poderes de una misma entidad federativa.
        
        e) Se deroga
        
        I) Un Estado y uno de sus Municipios;
        
        d) Una entidad federativa y otra.
        
        j) Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de
        México
        
        c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o,
        en su caso, la Comisión Permanente
        
        l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder
        Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.
        
        b) La Federación y un municipio.
        
        k) os órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el
        Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
  - - - XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá
        sobre la suspensión.
      - XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación que corresponda
      - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución
      - XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federa
      - XIV. Se deroga.
      - X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
      - XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;
      - II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo se ocuparan de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
      - III. Cuando se reclamen actos en tribunales:
        
        a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
        
        b) Contra actos en juicio ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso precedan
        
        c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.
      - IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal.
      - XVIII. Se deroga.
      - XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.
      - V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
        
        a) material penal.
        
        b) Material administrativa.
        
        c) Material Civil.
        
        d) Material Laboral
      - VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones
      - IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
      - XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley
      - VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.
      - VII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los
        Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión.