Dada la enorme cantidad y diversidad de cuestiones que el estado maneja mediante la función administrativa, la administración pública tiene necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus cometidos, lo cual torna indispensables las relaciones con los particulares: los necesita porque no tiene a su alcance todos los bienes o los servicios requeridos. En ese sentido, la administración suscribe una serie de contratos, como los de obra pública y los de suministro (los típicos contratos administrativos), los de arrendamiento, compraveo, compraventa o donación. Estos últimos se encuentran en el campo del derecho privado.