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PLENO JURISDICCIONAL Expediente 0018-2015-PI/TC, RESUELVE, • Tribunal…

- - - - • Los demandantes señalan que los artículos del petitorio sean declarados inconstitucionales en tanto permiten que el propietario legítimo quede despojado 61 de su propiedad, en beneficio del tercero de buena fe, a partir de un título falsificado o mediante la suplantación de identidad.
        
        Los demandantes sostienen que el “fraude inmobiliario” se produce en 3 circunstancias.
        
        i) primero, cuando a través de la suplantación de identidad y falsificación de documentos, se genera la apariencia de que el propietario legítimo es quien celebra un contrato con el comprador sobre un bien inmueble.
        
        iii) y cuando existe una situación de relativa inmunidad frente al vicio de “nulidad del negocio jurídico” que le antecede por causa de la falsificación de documentos o por suplantación de identidad del propietario legítimo.
        
        • Sostienen los demandantes, en suma, que el propietario legítimo no puede perder su derecho por falsificación de documentos o suplantación de identidad. Así, debe entenderse que el marco constitucional exige para la configuración de la buena fe del tercero que este último haya verificado previamente el contenido y autenticidad de los asientos registrales y de los títulos archivados.
      - SOLICITUD DE LOS DEMANDANTES
- - - - SOLICITUD DEL DEMANDADO
        
        • Respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, señala el demandado que el Estado sí ha garantizado su inviolabilidad, a través de mecanismos de protección tales como la prescripción adquisitiva de dominio, la reivindicación, la indemnización justipreciada, el mejor derecho de propiedad, la fe pública registral, entre otros.
        
        . En cuanto a la supuesta vulneración del principio de dignidad, sostiene el demandado que dicho principio no se habría afectado porque en el supuesto de que a una persona se le hubiese privado de su propiedad por falsificación u otros medios, ésta puede acudir a las autoridades competentes para solicitar el tinto del daño ocasionado.
        
        Sobre la supuesta vulneración de los principios de iniciativa privada y economía social de mercado, el demandado indica que, en nuestro sistema constitucional, la propiedad privada no puede ni debe ser entendida como absoluta, debido a que ésta puede ser válidamente limitada por el interés general.
  - - - En ese sentido, el Tribunal Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 2014 del Código Civil y concluyó lo siguiente:
        (i) La figura del tercero de buena fe, como presunción iuris tantum, constituye una opción del legislador que responde al fin constitucional de que prevalezca la seguridad jurídica sobre los vicios de las Partidas Registrales en el ámbito de la transferencia de bienes -al ser un principio implícito establecido por la Constitución.
        
        Para aplicar el artículo 2014 en un juicio donde el propietario original fue víctima de falsificación de documentos y/o suplantación de identidad, y se encontró en situación de vulnerabilidad que le dificultó el cumplimiento de su deber de diligencia, la decisión del juez requiere motivación cualificada.
        
        (Esta posición es concordante con el criterio aplicado por algunas Salas Civiles Supremas. Por ejemplo, en la Casación 11620-2016-Junín, de fecha 27 de marzo de 2018, se indicó que “la buena fe no solo se acredita con revisar los antecedentes registrales o con obtener anticipadamente al negocio jurídico de compraventa el certificado de gravamen, sino que exige se tenga que indagar sobre la situación real del inmueble, por sobre todo si los que lo transfirieron tienen la capacidad para disponer el derecho.
        
        El Tribunal considera que una interpretación armónica del derecho de propiedad y del principio de seguridad jurídica conlleva a sostener que en los casos en los que fehacientemente el propietario haya sido víctima de falsificación de documentos y/o suplantación de identidad, para la configuración de la buena fe del tercero, será indispensable haber desplegado una conducta diligente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo, además de la observancia, claro está, de los propios requisitos exigidos por el artículo 2014 del Código Civil, en los términos en los que ha sido modificado por la Ley 30313.
        
        Por lo tanto, los extremos cuestionados del artículo 5 y de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30313 son constitucionales en tanto se considere que para la configuración de la buena fe del tercero resulta indispensable que éste haya desplegado una conducta diligente y prudente, en todas las etapas, además del pleno cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el artículo 2014 del Código Civil, modificado por la Ley 30313.
        
        Asimismo, este Tribunal ya ha explicitado en esta sentencia que la regulación establecida en las disposiciones cuestionadas únicamente busca establecer bajo qué condiciones un tercero de buena fe adquiere la propiedad de un bien en el Perú, en supuestos en los que el propietario original ha sido víctima de falsificación de documentos y suplantación de identidad, lo cual per se no significa privar absolutamente de seguridad jurídica a la tenencia de las viviendas en detrimento de este derecho fundamental.