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LA EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA. APUNTES SOBRE EL…

- - - - Cabe señalar que inicialmente se estableció un sistema de control de constitucionalidad parecido al modelo francés, encomendando dicha labor al propio Poder Legislativo. En efecto, la Constitución bolivariana de 1826, en su art. 51, al nombrar las atribuciones de la Cámara de Censores (que según Bolívar era el Poder Moral del Estado)
    - - la Constitución Política del Estado de 1826, haciendo plenamente suya la idea bolivariana, acogía un Poder Legislativo tricameral, una de cuyas cámaras, la Cámara de Censores, asumía la facultad de velar si el Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y los tratados públicos, debiendo acusar ante el Senado las infracciones que el Ejecutivo hiciera tanto de la Constitución, como de las leyes y los tratados públicos: «En definitiva, en esta primera etapa del constitucionalismo boliviano, que se prolonga hasta la Constitución de 21 de septiembre de 1851, que sentará las bases para un cambio de orientación, el control político de constitucionalidad, con una u otra característica, aparece profundamente arraigado, situación que bien puede considerarse como paradigmática.
    - - Mediante la reforma constitucional del año 1839 se suprimió el Consejo de Estado sin que se asigne la tarea del control de constitucionalidad a un órgano específico. Sin embargo, de acuerdo al art. 77 de la misma Constitución, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo se preveía: «2º Velar en la exacta observancia de la Constitución y hacer que todos los funcionarios públicos desempeñen cumplidamente sus deberes» (Trigo, 2003: 293); lo que pareciera mostrar que se pretendió concentrar la labor del control de constitucionalidad en un órgano de naturaleza política, como es el Poder Ejecutivo
    - - El año 1843, al reformar la Constitución, se restableció el organismo bajo el nombre de Consejo Nacional con una composición muy diferenciada; y el texto constitucional le otorgó la facultad de velar sobre la observancia de la Constitución. En 1851 se volvió a reformar la Constitución y, en lo que respecta al tema de control de constitucionalidad, se suprimió nuevamente el Consejo Nacional y no se previó un mecanismo ni institución para desarrollar las labores del órgano depuesto.
  - - - Entre los antecedentes de la implementación del control constitucional en Bolivia a través de un órgano especializado, debemos recordar que en virtud de la Ley 1585 de Reforma a la Constitución Política del Estado, promulgada en fecha 12 de agosto de 1994, se introdujeron diversas modificaciones al texto constitucional que se hallaba vigente sin cambio alguno desde el año 1967 hasta ese entonces, incluyendo la creación por mandato constitucional, de un Tribunal Constitucional en la vida institucional boliviana. Dichas modificaciones pueden resumirse en lo siguiente:
        
        a) inserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la estructura
        social del Estado, a cuyo efecto se definió la estructura social como multiétnica y pluricultural, así como de las bases de su organización como
        son la unión y la solidaridad;
      - b) modificaciones en el sistema electoral, cambiando el requisito de la edad para el ejercicio de la ciudadanía de 21 años que regía hasta entonces, a 18 años;
      - c) fortalecimiento del entonces Poder Legislativo, a través de la reforma del sistema de elección de los diputados para devolverles legitimidad y representatividad, con la introducción del sistema del doble voto en circunscripciones uni y plurinominales;
      - d) estabilidad y gobernabilidad en el ejercicio del Gobierno nacional, reformando las reglas para la elección congresal del presidente y vicepresidente de la República, en aquellos casos en los que ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta de votos en las elecciones generales;
      - e) plena vigencia y protección de los derechos humanos7 como base del orden democrático constitucional, a cuyo efecto se ha creado la Defensoría del Pueblo con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación al sector público;
      - f ) fortalecimiento de los gobiernos locales autónomos como unidades básicas del desarrollo sostenible sobre la base de la planificación participativa y el control social;
      - g) seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional reformando
        la estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial), mediante
        la creación del Tribunal Constitucional como máximo intérprete
        jurisdiccional de la Constitución, asignándole la función del control
        concentrado de constitucionalidad (Rivera Santiváñez, 2002: 5-8).
  - - - Cabe tener presente que según la norma prevista por el art. 179, parágrafo
        III de la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, la justicia
        constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el
        cual, por mandato del art. 196 del mismo texto constitucional, debe velar por
        la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad,
        y precautelando el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las
        garantías constitucionales
      - cabe aclarar que la Ley 27 del Tribunal Constitucional
        Plurinacional (TCP), ciertamente mantiene en su contenido las normas
        que sustentan el control concentrado de constitucionalidad en Bolivia,
        de acuerdo a lo siguiente: el art. 109 de la Ley del TCP, establecía que la
        acción de inconstitucionalidad concreta, «procederá en los procesos judiciales
        o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad
        de una Ley, Estatuto Autonómico, Carta Orgánica, Decreto y
        todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales aplicables a aquellos
        procesos» (norma derogada por el Código Procesal Constitucional, que en su
        art. 73, numeral 2, contiene similar previsión), debiendo ser promovida la
        acción de inconstitucionalidad por el juez, tribunal o autoridad administrativa,
        de oficio o a instancia de parte, de acuerdo a lo previsto por el art. 79 del
        mencionado Código
      - Constitución boliviana aprobada
        el año 2009, consagra como atribución del Tribunal Constitucional, absolver
        «las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la
        Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del
        Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley», en
        cuyo caso la decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.
    - - Rivera Santiváñez señala que uno de los fundamentos para
        sostener la tesis de que el modelo adoptado por el Estado plurinacional de
        Bolivia es el europeo kelseniano, con resabios del modelo americano de control
        de constitucionalidad, lo que equivale a un sistema de control mixto, se
        encuentra en las normas previstas por el art. 410, parágrafos I y II de la Constitución,
        por cuyo mandato todas las personas, naturales y jurídicas, así como
        los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos
        a la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico
        boliviano
- - - - De acuerdo a lo expuesto, es importante precisar que este modelo plural
        de control de constitucionalidad, se encuentra estructurado en su base por
        las autoridades jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos
        indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales,
        funciones administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito de la
        justicia indígena, originaria y campesina, de acuerdo al principio de aplicación
        directa de la constitución, y considerando que en sus roles deben utilizar el
        criterio de interpretación «desde y conforme a la constitución», son los primeros
        garantes y contralores del respeto a los derechos fundamentales.
    - - En este marco, y considerando las características del sistema de control
        concentrado de constitucionalidad, cabe hacer notar que en una instancia
        o nivel intermedio de este sistema, se encuentran los jueces y tribunales de
        garantías, encargados de conocer las acciones de defensa (acciones tutelares),
        quienes asumen el control intermedio de constitucionalidad, no como jueces
        o tribunales ordinarios, sino como «jueces y tribunales de garantías constitucionales
        »
  - - - Tribunal Constitucional Plurinacional no solamente deben tener una visión
        de la justicia construida desde Occidente, sino también de aquella que emana
        de las normas y procedimientos ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesino, para que a través de una interpretación intercultural de las problemáticas a ser conocidas opere el principio de complementariedad a través de una interculturalidad plural que irradiará todo el ordenamiento jurídico en el Estado plurinacional de Bolivia. De acuerdo a lo expuesto, se pueden desprender algunas disfunciones sistémicas (Attard Bellido, 2014: 41-44):
        
        a) del contenido de las disposiciones antes señaladas, se establece que de
        siete magistradas y magistrados electos que forman parte del Tribunal
        Constitucional, solamente dos devienen de la jurisdicción indígena originaria
        campesina, aspecto que no es proporcional para una real materialización
        del bloque de constitucionalidad, aspecto que incidirá en
        las pautas interculturales de interpretación, ya que la visión de justicia
        occidental prevalecerá en las decisiones emanadas de esta instancia. Además,
        dicha desproporcionalidad incidirá en los procedimientos constitucionales
        interculturales que deben ser establecidos a la luz del nuevo
        modelo constitucional y en el marco del pluralismo, la descolonización
        y la interculturalidad. Prevalecerá una visión formalista y ritualista de la
        justicia, contraria a la visión del acceso a la justicia en el marco de los
        parámetros del vivir bien y que, incluso, podría ser contraria al proceso
        de igualación formulado en esta visión del constitucionalismo, ya que los
        ritualismos extremos pueden incidir en el acceso a la justicia constitucional
        de pueblos y naciones indígena originario campesinos.
        
        b) Para las y los magistrados que devengan de la jurisdicción indígena originario
        campesina, se exige el criterio de autoidentificación personal, tal
        como establece el art. 13.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
        Este criterio no aseguraría una real identificación y conocimiento
        de prácticas de justicia distintas y diferentes a las de la justicia
        occidental, aspecto que constituye un óbice normativo para una real materialización
        de una interculturalidad plural en la justicia constitucional
        y en el sistema jurídico normativo, además de obstaculizar el desarrollo
        de pautas interculturales de interpretación y procedimientos constitucionales
        acordes con el nuevo modelo constitucional.
        
        c) Además, la necesidad de una composición plural para asegurar una real
        materialización del bloque de constitucionalidad imperante, debe ser
        analizada desde los procedimientos constitucionales y roles encomendados
        por la función constituyente al Tribunal Constitucional Plurinacional,
        a cuyo efecto, será menester sistematizar los ámbitos de ejercicio de
        las atribuciones asignadas a esta instancia, lo cual se resume a continuación.
  - - - Control normativo de constitucionalidad de las disposiciones legales
        De acuerdo con las atribuciones que le confieren la Constitución y la
        Ley 27, el TCP ejerce un control sobre la constitucionalidad de todas las disposiciones
        legales, sean estas leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas,
        decretos y todo género de resoluciones no judiciales, declarando su inconstitucionalidad
        con carácter general o erga omnes y el efecto derogatorio o abrogatorio
        conforme corresponda en cada caso. A este efecto, el ordenamiento
        jurídico establece dos modalidades (en forma previa y posterior) de control
        de la normatividad:
      - Control competencial de constitucionalidad
        Es un control que tiene por objeto establecer un equilibrio en el ejercicio
        del poder político, resolviendo los conflictos constitucionales referidos el ámbito de las competencias asignadas por la constitución a los distintos órganos del poder público y las nuevas entidades territoriales.
      - Este control tiene la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio
        de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas,
        que operan como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado.
        De acuerdo a lo establecido en la atribución 7.ª., del art. 12 de la Ley 27,