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AVANCES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA EN LA PROTECCIÓN DE…

AVANCES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

I. UNA NECESARIA CONTEXTUALIZACIÓN

El desafío es mayor debido a la concurrencia de un conjunto de factores que surgen del proceso de cambio que viene encarando el Estado boliviano:

Habiéndose adoptado un nuevo modelo de Estado en la Constitución pro- mulgada el 7 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe, de un lado, desarrollar una doctrina constitucional sólida sobre la base de la interpretación de las normas constitucionales, para posibilitar una adecuada implementación de ese nuevo modelo de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, con un régimen autonómico, y con- figurado con apoyo en valores supremos y principios fundamentales, uno de cuyos fines y funciones es “garantizar el cumplimiento de los principios, va- lores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”

La Constitución ha ampliado el catálogo de los derechos fundamentales y ha otorgado a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos el rango constitucional como regla general, y el rango supracons- titucional para casos concretos. Por esta razón, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que desarrollar una labor orientada a dotarle de una fuerza normativa a la Constitución, dando una concreción normativa a las cláusulas políticas e indeterminadas de esta, para que el catálogo de los derechos no se convierta en una “cláusula poética” o una “lista de buenas intenciones”.

Con la reforma constitucional se han introducido importantes modificacio- nes al órgano de control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional Plurinacional debe ejercer el control de constitucionalidad no solamente sobre el ordenamiento jurídico del Estado, sino también sobre los ordena- mientos jurídicos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campe- sinos. El órgano contralor es independiente, orgánica y funcionalmente, de las instituciones del poder constituido. Los magistrados que lo integran son elegidos por voto popular directo y sufragio universal.

La primera elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Pluri- nacional fue cuestionada por los ciudadanos y ciudadanas, debido a que en la etapa de selección de los candidatos, realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo una lamentable injerencia política del oficialismo, de manera que seleccionaron a los candidatos no sobre la base de la comproba- ción pública de la idoneidad y probidad sino por afinidad política. Lo ante- rior motivó que el 66% de los votos totales emitidos fueran nulos y blancos, y que solamente el 34% estuviesen dirigidos a los candidatos a magistrados, haciendo que la elección de magistrados no esté dotada de legitimidad, ya que los mismos fueron elegidos con una votación muy baja. Entonces, los magistrados iniciaron sus funciones con una sombra de duda sobre su inde- pendencia y legitimidad democrática.

II. AVANCES IMPORTANTES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DE 2013

La determinación adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional es relevante, ya que constituye un avance significativo en la protección jurisdiccio- nal de los derechos humanos; ello por las siguientes razones:

Sanea parcialmente la legislación procesal, restableciendo los principios de seguridad jurídica y de independencia judicial en los que se sustenta el ejer- cicio de la potestad de impartir justicia.3 A partir de una errónea concepción del fenómeno de la corrupción, el gobierno del Estado plurinacional de Bo- livia ha tomado la determinación de enfrentarlo endureciendo las penas y creando nuevos tipos penales. Para esto emitió la Ley 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, y modificó el sistema procesal penal, mediante la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal. Como parte de esas reformas al sistema procesal penal, esta última ley modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, previendo la suspensión de funciones de los jueces y vocales de los tribuna- les departamentales de justicia a partir de la imputación formal presentada por el Fiscal de Materia ante el Juez de Instrucción, dentro de una acción penal instaurada en contra de la autoridad judicial.

Partiendo de la reafirmación de la naturaleza jurídica de la potestad admi- nistrativa sancionadora del Estado, que es una potestad reglada, definió que, en un Estado constitucional de derecho, su ejercicio encuentra un límite específico, cual es el respeto y resguardo de los derechos fundamentales. De manera que las autoridades públicas que tienen competencia para ejercer la potestad sancionadora administrativa del Estado, deben hacerlo dentro de esos límites, sin vulnerar los derechos y las garantías constitucionales.

Además de reiterar que todas las sentencias, opiniones consultivas y demás decisiones emergentes emanadas de los órganos del sistema interamerica- no de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, ha precisado que las normas convencionales sobre derechos humanos que forman parte de dicho bloque se constituyen en pautas de interpretación de las normas internas del Estado “desde y conforme al bloque de convencio- nalidad”. En concordancia con ello, ha resuelto el conflicto aplicando direc- tamente las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Abrió los cauces para un diálogo jurisprudencial entre la Corte IDH y el Tri- bunal Constitucional Plurinacional, ya que, para sustentar su determina- ción, aplicó la jurisprudencia establecida por la Corte IDH sobre el derecho a la presunción de inocencia en sus sentencias emitidas en los casos Suárez Rosero vs. Ecuador, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Ricardo Canese vs. Paraguay y Rosendo Cantú y otra vs. México; asimismo, utilizó la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH en su sentencia “Niños de la calle”, sobre el derecho a la vida digna.