INFORME MUNDIAL 2020 (2/2) 
ATAQUES CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
Es común que los defensores de derechos humanos sufren intimidación, criminalización y violencia en México.
Periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos.
Luego de una visita al país en abril, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se refirió a la situación de los defensores de derechos humanos y los periodistas como “alarmante”.
La CNDH informó que hubo 148 periodistas asesinados entre 2000 y 2018, y 21 desaparecidos entre 2005 y 2018. Siete periodistas fueron asesinados entre enero y julio de 2019.
Entre 2010 y diciembre de 2018, la fiscalía especial presentó 186 cargos por delitos contra periodistas, lo cual representa apenas el 16.3 % de las denuncias recibidas.
Durante ese mismo período, obtuvo 10 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
Entre enero y julio, al menos 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo que representa un aumento respecto de años anteriores, según ACNUDH.
Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan ni se juzgan.
En 2012, el gobierno federal creó el Mecanismo Nacional de Protección, responsable de dictar medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y coordinar su implementación.
En julio, la Oficina de la ACNUDH manifestó preocupación por la falta de recursos suficientes para el mecanismo, así como la ausencia de procedimientos claros y los problemas en la coordinación de las medidas de protección
Entre octubre de 2012 y marzo de 2019, 800 periodistas y defensores solicitaron medidas de protección, y se concedieron 678 de estos pedidos
Derechos de mujeres y niñas
En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó preocupación por la persistencia de patrones de violencia “generalizada” contra mujeres, incluida la violencia sexual.
No obstante, el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual.
En agosto, la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se hubiera cometido un delito para practicar el aborto.
En septiembre, legisladores locales legalizaron el aborto con independencia de la causa hasta la semana 12 del embarazo. Las mujeres y las niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género.
En octubre de 2019, entró en vigor la despenalización del aborto en el estado sureño de Oaxaca. Oaxaca se convierte así en el segundo estado del país en adoptar una ley de este tipo, junto con la Ciudad de México.
Según datos oficiales, entre enero y julio de 2019, hubo a nivel nacional 540 femicidios, que el derecho mexicano define como la privación de la vida de una mujer debido a su género.
Hasta abril de 2018, un registro oficial había contabilizado a 9522 mujeres y niñas desaparecidas.
MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO
Migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos. En algunos casos, se ha señalado que estarían implicadas autoridades gubernamentales.
Entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 599 quejas de abuso contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la policía federal.
En junio, el gobierno de Estados Unidos amenazó con aplicar aranceles a productos mexicanos a menos que México aceptara un aumento sustancial en la cantidad de solicitantes de asilo que son enviados de regreso a México a la espera de que sus casos tramiten en la justicia en Estados Unidos, e interceptara a los migrantes que están en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos
En enero de 2019, el gobierno de Trump empezó a enviar de regreso a México a solicitantes de asilo mientras sus solicitudes se encuentran en trámite, aplicando para esto los Protocolos de Protección de Migrantes.
A la fecha de preparar el presente documento, más de 40.000 solicitantes de asilo habían sido enviados de regreso, muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables, y con obstáculos importantes a la posibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa.
Esto incluía a solicitantes de asilo con discapacidades u otras condiciones de salud crónicas, pese a que las pautas iniciales indicaban que no se incluiría en el programa a “personas con problemas de salud física o mental conocidos”.
En respuesta, el gobierno de López Obrador anunció que movilizaría a 6.000 miembros de la nueva Guardia Nacional para controlar la migración irregular, una decisión que en la práctica, militarizó las fronteras de México.
En junio, la CNDH dictó medidas de protección a favor de un albergue en los estados mexicanos norteños de Sonora y Coahuila, luego de que miembros de la Guardia Nacional intentaran ingresar para revisar el estatus migratorio de las personas que estaban allí, en contravención a lo establecido por el derecho mexicano.
En septiembre, los centros de detención de migrantes gestionados por el gobierno estaban desbordados, y los migrantes allí detenidos experimentaban condiciones inhumanas como calor extremo, plagas de insectos, falta de acceso a higiene básica, servicios médicos limitados y comida de baja calidad.
Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2018 la agencia de refugiados de México otorgó la condición de refugiados a casi 5.000 personas procedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que supuso un aumento del 75 % en comparación con 2017.
El organismo extendió la protección complementaria —una condición que protege de la deportación a personas vulnerables que no reúnen los requisitos para ser refugiadas— a otras 2.200 personas en 2018, en comparación con 1.265 en 2017.
En los primeros ocho meses de 2019, la agencia de refugiados de México señaló que había reconocido a 3.173 refugiados y otorgado protección complementaria a otras 702 personas de estos cuatro países.
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
La Ciudad de México y otros 18 estados mexicanos han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio.
En 2015, la Suprema Corte determinó que la definición única de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es violatoria de la Constitución.
En mayo, la Suprema Corte resolvió que se debía autorizar a una pareja del mismo sexo de Aguascalientes a inscribir a su hijo, una decisión que protege el interés superior del niño y reivindica lo principios de igualdad y no discriminación.
En julio, en respuesta a un caso presentado por cinco personas transgénero en Querétaro, un juez federal determinó que las personas trans deben tener la posibilidad de cambiar sus nombres e identificadores de género en los certificados de nacimiento, a través de un procedimiento administrativo sencillo ante el Registro Civil.
Según dispuso, la normativa que exigía que las personas trans obtuvieran sentencias judiciales para rectificar sus certificados de nacimiento era discriminatoria y excesivamente onerosa.
La sentencia convierte a Querétaro en la octava jurisdicción, de las 32 que hay en México, en establecer una vía administrativa para el reconocimiento legal del género a las personas trans.
DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concluyó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves deficiencias.
Hasta noviembre, el Presidente López Obrador no había designado a un presidente en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el órgano de alto nivel que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal y con las autoridades de los estados.
Como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
En marzo, la Suprema Corte determinó que limitar la capacidad legal de un quejoso —en ese caso, un hombre con discapacidad intelectual— era una medida discriminatoria.
Sin embargo, esta sentencia tutela únicamente los derechos del quejoso —y no de otras personas con discapacidad— para, por ejemplo, decidir contraer matrimonio o firmar contratos.
ACTORES INTERNACIONALES CLAVE
En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un informe sobre México como parte de su mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU).
México aceptó 262 de las 264 recomendaciones recibidas, incluida una indicando que se establezca un mecanismo independiente contra la impunidad para investigar “delitos atroces” y otras violaciones de derechos humanos.
Entre otras de las recomendaciones que aceptó México, se incluyen crear una fiscalía nacional autónoma e independiente, y combatir la impunidad y la corrupción.
En abril, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó México y firmó dos acuerdos: uno para brindar “asistencia técnica” a la controvertida Guardia Nacional y otro para colaborar con una comisión presidencial que trabaja en las desapariciones de Ayotzinapa.
Destacó la necesidad de crear una nueva policía civil que esté preparada para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico y, al mismo tiempo, respetar los derechos humanos.
También abordó la naturaleza “transversal” de la impunidad, su preocupación por la tortura sexual de mujeres privadas de libertad y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó consternación por la falta de adopción del Programa Nacional sobre Tortura y el uso del Ejército en operativos de seguridad pública, ante los señalamientos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por soldados
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU indicó en agosto que México no había adoptado medidas suficientes para contrarrestar la discriminación histórica y estructural contra pueblos indígenas y afro mexicanos.
Puso de manifiesto que defensores de derechos humanos indígenas y afro mexicanos sufren violencia, amenazas y atentados contra su vida, además de la criminalización de sus actividades. El CEDR sostuvo que las políticas migratorias de México a veces no protegían a migrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas.
En agosto, el gobierno anunció que aceptaría la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para procesar quejas individuales, y que invitaría al Comité a realizar una visita de país en 2020.
En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU informó que en México había altos índices de violencia basada en la identidad o la orientación de género, incluidos asesinatos.
El comité subrayó su alarma ante los altos índices de abortos inseguros y obstáculos en el acceso al aborto en casos de violación sexual, en contravención de lo establecido en el derecho mexicano.
Instó al estado a evitar un enfoque militarizado de la aplicación de la ley y a conformar la Guardia Nacional como una institución civil.
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado casi USD 2.900 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para colaborar con el país en la lucha contra la delincuencia organizada.
El Presidente López Obrador declaró en mayo que su gobierno rechazaría la iniciativa y procuraría reorientar la cooperación para contribuir al desarrollo de la región sudoriental de México y los países centroamericanos.