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INFORME MUNDIAL 2020 (1/2) REPORT - Coggle Diagram
INFORME MUNDIAL 2020 (1/2) 
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SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano.
El Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos declaró que cerca del 98% de los delitos cometidos en México quedan sin resolver.
Esto se debe a la corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
ABUSOS MILITARES E IMPUNIDAD
México ha utilizado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 quejas sobre presuntos abusos militares.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para requerir que los abusos cometidos contra civiles por militares se juzguen en la justicia penal ordinaria en vez de la justicia militar.
La ley que regula a la Guardia Nacional permite que sus miembros participen en investigaciones penales y asuman actividades de inteligencia con fines “preventivos”.
Entre enero y julio de 2019, recibió 241 quejas de este tipo.
En noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la Ley de Seguridad Interior, debido a que “[normalizaba] la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”.
Ese mismo mes el presidente López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal en operativos de seguridad pública y para colaborar “temporalmente” en tareas de seguridad pública en estados y municipios.
TORTURA
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
En 2016, el INEGI de México encuestó a más de 64.000 personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas en todo el país
Casi dos de cada tres (el 64 %) reportaron algún tipo de violencia física en el momento de la detención, incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia
En 2018, la Oficina en México de la ACNUDH publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
En septiembre, se absolvió a uno de los principales sospechosos de las desapariciones de Ayotzinapa debido a irregularidades y violaciones de derechos humanos durante las investigaciones, incluyendo tortura.
Entre 2013 y 2018, 2.751 personas privadas de libertad murieron en cárceles federales y estatales, según datos obtenidos por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la FGR inició más de 9.000 investigaciones sobre tortura.
Según la Fiscalía, su Dirección General de Especialidades Médico Forenses intervino en 1.903 presuntos casos de tortura en 2019 y la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre de 2019.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en 2017, procuraba combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios que se obtuvieran mediante tortura.
El Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura (MNPT), vinculado con la CNDH, informó en 2018 que menos de la mitad de los estados mexicanos habían adoptado leyes similares, conforme lo exige el derecho nacional.
En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura en México realizadas tan sólo en 2016, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.
Hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura.
DESAPARICIONES FORZADAS
Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones
Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas desaparecidas que investiguen por su cuenta.
Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos.
En septiembre de 2019, la unidad especializada en investigación de secuestros de la FGR informó tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales.
La ley sobre desapariciones de 2017 estableció una definición única a nivel nacional para el delito y dispuso la creación de entidades que facilitaran la investigación y el juzgamiento de los responsables de desapariciones.
La ley también instituye la CNB, creada para coordinar las iniciativas de búsqueda en el terreno, y el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), establecido para coordinar a las instituciones públicas que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
En mayo, la Comisionada Nacional de Búsqueda anunció el inicio del proceso para establecer un plan de búsqueda regional en el noreste de México, y el gobierno federal creó un subsidio para financiar a comisiones de búsqueda locales.
Ese mismo mes, tras los reclamos de familias, el gobierno anunció la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos.
Hasta septiembre, el SNB todavía no era totalmente operativo. Tampoco se ha concretado un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas, para cuya creación la ley había dado plazo hasta abril de 2018.
En agosto, la Comisionada Nacional de Búsqueda informó de la creación de una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos.
Familiares de víctimas han denunciado reiteradamente graves deficiencias en la identificación y el almacenamiento de cuerpos, funcionarios públicos admitieron que más de 26.000 cuerpos siguen sin ser identificados.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los reportes de ejecuciones extrajudiciales en México y la impunidad en la que habitualmente quedan estos casos.
No existe información confiable sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los homicidios nunca son judicializados. Las autoridades gubernamentales se limitan a registrar la cantidad de homicidios, pero no las circunstancias de estos hechos.
Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que en 2014 dejó de registrar la cantidad de civiles muertos, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indicaban que esa información existe, pero que la secretaría se ha negado a divulgarla y no ha proporcionado una explicación fundamentada