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EL DERECHO A UNA ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Coggle Diagram

- - - - El Tribunal Constitucional inició sus actividades jurisdiccionales el mes de
        junio de 1999, luego de haberse aprobado la Ley Nº 1836, Ley del Tribunal
        Constitucional, de 1 de abril de 1998, la cual, además de abordar los elementos
        correspondientes al funcionamiento administrativo de aquél, desarrolla los
        procesos constitucionales que se le habían asignado en la CPE de 1994 (Baldivieso
        Guzmán, 2006:29-32). Esta labor jurisdiccional permitió revalorizar el
        texto constitucional y, con ello, los derechos de los seres humanos en Bolivia
        (Goitia Caballero, 2003).
- - - - Realizada esa advertencia, corresponde señalar que existe una sustancial diferencia
        entre lo que se preveía en la CPE de 1994 y lo establecido en la CPE
        de 2009, porque en esta última se identifica una acción de inconstitucionalidad
        en el artículo 132 que reza: “Toda persona individual o colectiva afectada por
        una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la
        Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos
        por la ley”.
        No se identifica previsión similar en la CPE de 1994 ni en las que le precedieron
        en el tiempo, razón por la cual es verdaderamente novedosa. Corresponde,
        además, tener en cuenta que el artículo 132 de la CPE de 2009 forma parte
        de la “Sección IV: Acción de Inconstitucionalidad”, que integra del “Capítulo
        Segundo: Acciones de Defensa”, que, a su vez, es parte del “Título IV: Garantías
        Jurisdiccionales y Acciones de Defensa”, ubicado en la “Primera Parte:
        Bases Fundamentales del Estado. Derechos, Deberes y Garantías”
- - - - el tenor literal del texto constitucional, la voluntad del Constituyente
        y la interpretación sistemática del texto constitucional terminan por
        reafirmar que el artículo 132 de la CPE prevé una acción de inconstitucionalidad
        que es diferente a la acción de inconstitucionalidad abstracta y a la acción
        de inconstitucionalidad concreta. En ese sentido, si una acción de inconstitucionalidad
        es denominada abstracta; y la otra, concreta, la tercera, que es la
        prevista en el artículo 132 de la CPE y no es desarrollada ni en la Ley Nº 027
        ni en el CPC, requiere una denominación que permita identificarla rápida y
        claramente.
    - - Es, por otra parte, un mecanismo que guarda coherencia con el deber de todo
        boliviano y boliviana de “conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y
        Revista número 35 • Diciembre 2015
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        Carlos Alberto Goitia Caballero
        las leyes”, como se señala en el artículo 108.1 de la CPE. Ello porque no cabe
        en un Estado constitucional que las personas hagan cumplir la CPE en base
        al uso de la fuerza u otras vías que impliquen violencia, sino que se lo debe
        lograr a partir del accionar de las instituciones diseñadas por ese instrumento
        normativo, acudiendo al órgano de control constitucional, específicamente, y
        activando la novedosa acción “directa” de inconstitucionalidad prevista en el
        artículo 132 de la CPE16.
- - - - el artículo 13.I de la CPE señala que “Los derechos
        reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes,
        indivisibles y progresivos”; que el artículo 13.III establece que “El Estado
        garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna,
        el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las
        leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”; y también, que el
        artículo 13.IV señala: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a
        hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas
        no prohíban”.
    - - el artículo 132 de la CPE reconoce
        un derecho que, al igual que otros previstos en la
        Constitución, debe ser garantizado por el TCP, y su
        ejercicio no puede encontrar limitaciones, barreras o
        trabas, por el contrario, debe contar con las condiciones
        que permitan su efectiva y eficaz materialización.
        En ese sentido, cuando una persona individual
        o colectiva presenta al TCP una “acción de inconstitucionalidad”
        alegando precisamente la inconstitucionalidad de una ley u otro
        instrumento normativo, está ejerciendo un derecho constitucionalmente reconocido
        que no puede ser negado, "tabeado" o entorpecido
        
        Esto está reforzado por lo establecido en el artículo 109.I del texto constitucional:
        “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente
        aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. No son solo algunos
        derechos los que son directamente aplicables; son todos, y entre ellos se
        encuentra el derecho a presentar acción directa de inconstitucionalidad, precisado
        en el artículo 132 de la CPE
    - - Finalmente, en observancia del principio pro actione y como derivación del
        principio de reserva de ley, ni el legislador ni el propio TCP deben limitar
        ese derecho indubitable y claramente precisado en la CPE de 2009. Más aun
        cuando con absoluta claridad se tiene previsto en el artículo 11 (Obligatoriedad)
        del CPC que: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional
        Plurinacional no podrán excusarse de fallar en las causas sometidas a
        su conocimiento alegando insuficiencia, ausencia u obscuridad de la norma”,
        redacción que trata de plasmar una de las manifestaciones relevantes de la justicia
        material (Alexy, 1994: 95-108).
- - - - El art. 132 de la CPE, respecto a las acciones de inconstitucionalidad refiere: ´Toda
        persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución
        tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo
        con los procedimientos establecidos por la ley´. En este marco, el Código Procesal
        Constitucional prevé la acción de inconstitucionalidad abstracta y concreta; esta
        última contemplada en los arts. 79 y 81.I del CPCo, cuyos textos expresan: ´Tienen
        legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta,
        la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de
        una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo
        depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción´;
        ´La Acción de Inconstitucionalidad Concreta podrá ser presentada por una sola
        vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún
        en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoría de la Sentencia
        
        Esta apreciación está errada, primero, porque el TCP no se percató o descuidó
        poner atención en el hecho de que el artículo 132 de la CPE diseña una acción
        de inconstitucionalidad diferente a las contenidas en el artículo 202.1 del
        mismo instrumento normativo; y, segundo, porque, como consecuencia lógica
        de ese error, se somete al Órgano Legislativo y al Órgano Ejecutivo al admitir
        irreflexiva y ligeramente que una ley, como es el CPC, opera cual portadora de
        verdad, al precisar que en Bolivia solo se cuenta con las acciones de inconstitucionalidad
        concreta y abstracta para activar la actividad jurisdiccional del TCP,
        en lo que al control correctivo de constitucionalidad se refiere