Ninguna persona o autoridad de cualquier ámbito puede ejercer ningún tipo de violencia, incluyendo la sexual, física, psicológica etc. y que tenga como finalidad dañar nuestra vida, dignidad, integridad o libertad, por eso, el estado tiene como obligación proveer asesoría legal, atención medica y psicológica, anticoncepción de emergencia y aborto legal, así como acceso a la justicia.