Es el diseño de un plan de estrategias que formula el Estado, en el cual se plasman las estrategias, acciones e instrumentos a utilizar para llevarlo a cabo, siempre en el sentido de prevenir los delitos. Es en este sentido que se apoya del derecho penal, ya que mediante una política criminal se garantizan tanto los intereses del Estado como de la sociedad, de tal manera que el legislador puede ir aumentando el catálogo de delitos, los cuales puede irlos tratando.