En conclusión, la licitación publica es un procedimiento de contratación en que, a través de una declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública, el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio –incluida obra pública-, con aquél interesado que cumpliendo determinados requisitos prefijados en la convocatoria por el ente público de que se trate, ofrezca al Estado las mejores condiciones de contratación; el llevar a cabo correctamente este procedimiento es de gran importancia para el sector publico con lo establecido en la Constitución, para poder garantizar las mejores condiciones, de un producto o servicio.
