Así, el poder de disposición está directamente apoyado en la legitimidad democrática formal y sustancial de las mayorías con sus límites y controles. Por su parte, el poder de cognición debe sustentarse en los derechos fundamentales y, por tanto, su legitimidad es sustancial y no meramente formal. Es decir, el poder de gobierno o disposición debe apoyarse en las raíces democráticas y, por su parte, el poder de garantía o cognición en el respeto por la ley.
Por nuestro lado, proponemos los siguientes trazos fundacionales del principio bajo análisis:
- El Poder Legislativo debe ejercer un rol central como responsable de definir los lineamientos más relevantes de las políticas públicas por le
políticas públicas con alcance complementario y sobre todo en su aplicación— debe ser atravesado por técnicas de participación en sus estructuras y decisiones; y, por últim
- El Poder Judicial debe avanzar en el diseño de las políticas públicas, siempre en relación con el reconocimiento de derechos, particularmente, los derechos sociales. Esto es posible por el mayor acceso al proceso judicial y los efectos absolutos de las sentencias