Esta teoría ha sido objeto de las siguientes críticas. Que la actividad del Estado no se ha reducido en ningún tiempo, ni podría estarlo nunca, a una simple función de protección del patrimonio de sus habitantes. De actuar el Estado como una empresa de seguros, tendría la obligación, al realizarse algún siniestro, de indemnizar al dañado, de manera que en el caso, por ejemplo, de un homicidio, el Estado debería indemnizar a los familiares de la víctima