Entre las principales están la promoción de los derechos de participación ciudadana y control social, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades de control como el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, Superintendencias, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, al Procurador General del Estado y los miembros del Consejo de la Judicatura.
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