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Derecho procesal, La garantía individual de acceso a la impartición de…
Derecho procesal
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Existen diversas autoridades administrativas que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, mismas que en todo caso deberán respetarlos principios que integran la garantía de acceso a la impartición de justicia, principios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia 2a./J. 192/200, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTBLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES
La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios:
que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.
consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asisteo no la razón sobre los derechso que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado
que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido
que estriba en quelos órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les recomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
administrando la justicia del caso concreto, al individualizar las normas generales y abstractas a los casos específicos que deben juzgar
Bolaños, R. (Ed. 3). (2017). Curso de Derecho. Estudio introductorio al conocimiento del derecho, CDMX México: Editorial Porrúa. pp. 126-127