La primera dimensión se refiere a la responsabilidad por la integridad. Al respecto, los funcionarios públicos actúan con integridad al observar los valores y normas de la correcta administración. De este modo, “integridad” va más allá de los requerimientos de incorruptibilidad, al referirse también a valores como honestidad, sinceridad, sociabilidad, neutralidad, consideración, confiabilidad, interés por el cliente, respeto y objetividad.
La segunda dimensión de análisis de la integridad se vincula con la precondición para que haya autoridad y confianza pública. En este sentido, la integridad es una precondición para el desempeño eficaz y continuo del sector público.
La tercera señala que la integridad no es un asunto exclusivo de leyes y regulaciones, sino también de responsabilidad. Es decir, “integridad” implica más que la mera observación de leyes y regulaciones.
La cuarta hace referencia a una política de integridad: más que sancionatoria, ante todo preventiva. Esto quiere decir que una política de integridad debe combinar elementos tanto sancionatorios como preventivos. Por una parte, una organización debe tomar las medidas (represivas) apropiadas cuando su personal actúa inapropiadamente. También debe hacer todo lo posible para remover toda tentación que pudiera inducir a que los servidores públicos actúen de forma inapropiada (medidas preventivas).