Un aspecto cardinal en la vida democrática relacionado con las creencias (Bilbeny, 2005: 54-55) para hacer las cosas, se refiere al vínculo entre gobernantes habitantes y ciudadanos a partir de entender la importancia de las instituciones administrativas y gubernamentales en los procesos de la vida asociada, por cuanto que son el medio que estructuran los sistemas de gestión pública para producir beneficios y llevar a cabo su distribución con alcance del bienestar colectivo. En sentido práctico, una forma de visualizar lo que sucede en la vida colectiva de la sociedad civil moderna, consiste en destacar que la relación de los gobernantes con los ciudadanos se ubica en relaciones contractuales que implican compromisos recíprocos para contribuir a la vigencia positiva del orden jurídico, administrativo, político y social, debido a que articula las reglas del juego que posibilitan que las personas y los actores sociales conozcan con anticipación los incentivos y sanciones que autorizan su desempeño en la esfera de la sociedad civil y en su relación con el Estado. Esta situación significa que los gobiernos se comprometen a garantizar la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas, definiendo normas jurídicas y ejerciendo los medios de la dominación estatal, además de producir los bienes y servicios que favorecen el desarrollo de la vida productiva. Los ciudadanos, por su parte, aceptan cumplir las normas vigentes, pagar impuestos, comprometerse con los imperativos de la vida pública y adherir su lealtad con el orden establecido y de ese modo estructurar mejor los incentivos que favorecen el mejor desarrollo de la sociedad civil y los ciudadanos organizados, porque tienen, además, derechos políticos reconocidos (Embrid, 1996: 41).
