TEMA 07. PROCESO DE DESARMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS
- EL PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN.
El proceso desamortizador se aplica con toda su fuerza en los períodos de gobierno progresista bajo las regencias de Ma Cristina (en los años 1836-37) y Espartero y durante el Bienio Progresista (1854-56), de nuevo con Espartero a la cabeza, reinando ya Isabel II.
La desamortización fue un hecho fundamental en el proceso de la revolución burguesa. Significó un cambio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra.
Durante el reinado de Carlos III, aunque sólo desde un punto de vista teórico, ilustrados como Jovellanos (Informe sobre la Ley Agraria) critican la amortización de bienes raíces y le achacaban el ser la principal causa del estancamiento agrario.
- LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.
El proceso desamortizador se debe al empuje de los progresistas.
2.2. El proceso desamortizador.
2.3. Resultados.
2.1. Objetivos de la desamortización de Mendizábal.
Tres fueron los objetivos que Mendizábal aspiraba a alcanzar, con sus leyes desamortizadoras: objetivo financiero, político y social.
2.4. Críticas al proceso.
- LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
3.2. Objetivos y procedimiento.
La finalidad de la ley Madoz era fundamentalmente, como lo había sido la de Mendizábal, la de
obtener medios económicos para el Estado.
3.3. Resultados.
3.1. La Ley de Madoz de 1855.
- CONSECUENCIAS DEL PROCESO DESAMORTIZADOR.
- LOS CAMBIOS AGRARIOS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL.
En el panorama que ofrece la economía española durante el reinado de Isabel II y en general durante
todo el siglo XIX, el primer fenómeno que llama la atención es el de estancamiento.
El 11 de octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las
órdenes religiosas y se justificaba la medida, en tanto se consideraban desproporcionados sus bienes
a los medios que entonces tenía la nación. Otro decreto, promulgado el 19 de febrero de 1836, se
declaraban en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y
también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen
en el futuro.
En total entre 1836 y 1844 se habían vendido propiedades por valor de 3274 millones de reales. Se
habían desamortizado el 62 % de las propiedades de la Iglesia, primero del clero regular (tierras,
casas, monasterios y conventos con todos sus enseres) y después del clero secular (Catedrales e
iglesias en general).
Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez
Estrada. En un artículo publicado en El Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la
desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda.
En efecto, con la Ley Madoz o de “desamortización general”, de 1 de mayo de 1855, se procedió a la
última y más importante etapa de esta gran operación liquidadora. Se hablaba de “desamortización
general” porque se trataba ahora no ya solo de los bienes de la Iglesia, sino de todos los
amortizados.
La Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas
rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a los 8000 millones de reales. Se calculó en más
de 1700 millones de reales el ingreso para la Hacienda por la operación.
3- la desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo.
4- la desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendía sus promotores.
2- se eliminó la propiedad comunal, lo que provocó un agravamiento considerable de la situación económica de los campesinos.
5- la compra de tierras, inutilizó un dinero líquido que hubiera sido de vital importancia para poner en práctica la incipiente industrialización de España.
1- supuso el desmantelamiento casi completo de la
Iglesia y de sus fuentes de riqueza.
6- la desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes culturales de los antiguos monasterios, sobre todo.
7- la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuando el latifundismo en Andalucía y Extremadura, por ejemplo.
8- tuvo consecuencias en el terreno urbanístico.