El rey no pudo disolver la Asamblea, que pudo promulgar, entre otras, reformas como la abolición de los privilegios feudales, el establecimiento del sufragio censitario y la creación de un único impuesto directo y universal. Además, en la Asamblea se aprobó la Constitución de 1791, que determinó la división de poderes, reservando el Ejecutivo al rey, e incorporó el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.