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EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN BARRIOS ALTOS (1991) : - Coggle Diagram
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN BARRIOS ALTOS (1991) :
CONTEXTO
Violencia política en zonas urbanas (Lima)
Asesinatos de dirigentes vecinales
Coches bomba
Paros armados
El gobierno tiene mano dura contra subversión
Leyes “antiterroristas” negadas por inconstitucionales
Desde 1989, el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) y el Inteligencia del Ejercito (SIE) seguían activistas del PCP-SL,
Plan “Ambulante” (1991) vigilaba activistas pro subversivos en Barrios Altos
HECHOS
03 de noviembre de 1991
Entre 6 y 10 agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército asesinaron a balazos a 15 personas
En una reunión de moradores en el Jirón Huanta No.840, Barrios Altos
INVESTIGADOS POR EL PODER JUDICIAL
Luego de 12 años la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de Lima pudo presentar su dictamen
Criminalidad organizada para ejecutar homicidios calificados, lesiones graves y asociación para delinquir
“Destacamento Colina”
25 ex oficiales y suboficiales del Ejército del Perú (EP
Sufrió obstrucciones para investigarlo y sancionar a los
responsables
PLANIFICACIÓN DE LA MASACRE
Agentes salieron en dos camionetas desde la playa “La Tiza”, ubicada al sur de Lima
Otros agentes vigilaban el inmueble e iban comunicando, al responsable: Mayor EP Santiago Enrique Martin Rivas,
Agentes ingresaron al solar simulando ser participantes de la reunión y notaron que había dos actividades
El agente “Abadía” era el encargado de reconocer si habían partidarios de Sendero – Luminoso
Un miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército infiltrado en SL organizó el evento social
REVELACIÓN DE LOS RESPONSABLES
Restablecimiento del estado de derecho en el Perú a fines del año 2000
Diligencias del 15/01/2002 sobre la fuga del “Destacamento Colina”
Protegido por un camión que transportaba a cinco
comandos uniformados del EP,
Policías de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP y de la Comisaría de San Andrés no actuaron para evitarlo ni auxiliaron a los heridos
Un porta tropas, con 6 militares se estacionó en el jirón Huallaga para evitar que los siguieran
Una camioneta estaba adscrita administrativamente al Palacio de Gobierno
PARTICIPACIÓN DE AGENTES DE ESTADO
Ministros del Interior y de Defensa presentaron hipótesis el 10/11/1991 a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
“Organizaciones ajenas a estos grupos”.
Senador Javier Diez Canseco Cisneros exhibió dos notas de inteligencia militar
El inmueble era investigado por un “Puesto de Inteligencia de Lima” (PIL)
Un reglaje sobre el inmueble de la calle Huanta
No. 840 hecho por un agente de inteligencia llamado “Alker”.
Respuesta a las notas
el General EP (r) Briones Dávila negó la existencia del “Plan de Operaciones Ambulante” como la organización del “Puesto de Vigilancia de Lima Sheraton”, diciendo que los tres agentes eran de la BREDE
el ex Jefe de la DIRCOTE, General Antonio Ketín Vidal
Herrera también declaró ante la Comisión pero contradiciendo la versión, diciendo que fue 1 teniente
Disolución del Congreso en el 1992
Desaparecieron documentos
El fiscal Pablo Ignacio Livia Torres,
encargado de la investigación del caso fue destituido
DENUNCIAS PERIODÍSTICAS
El semanario Sí en 1992: Ricardo Uceda anunció la existencia del “Destacamento Colina”,
Ministro de Defensa Víctor Malca
Villanueva ordenó una investigación policial contra él
Revista Caretas en 1992: Valenzuela y Zileri investigaban la sospecha de intervención paramilitar
Amenazas de muerte continuas
FUERO MILITAR
Se avoca el caso
En 1994 lo archiva
En 1995 abre instrucción tras presión pública
ROL DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS
Congresos Constituyente Democrático
Ley de Amnistía de 1995
Todos los casos derivados de la lucha contra el terrorismo serían archivados
Comisión Internacional de Derechos Humanos
Pronunciamiento el 14/03/2001
Incompatibilidad de las leyes de "amnistía" con la CADH
Violación de derechos de garantías judiciales y protección judicial
Reparaciones de $175 000 a beneficiarios de las víctimas