Con la partida de Jacobo II, el Parlamento propone como rey a Guillermo de Orange, príncipe protestante holandés, y como reina a su esposa María, hija de Jacobo II. En 1689 el nuevo rey jura la Declaración de Derechos, en la que se reconocen los derechos y libertades de los civiles y se limita el poder real, repartiendo las atribuciones con el Parlamento.