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LAS PARTES Y LOS TERCEROS EN EL PROCESO - Coggle Diagram

- - - - Fue Bülow, forjador y artífice de la teoría de la relación jurídica
        procesal, quien ubicó a la capacidad procesal de las partes en el nuevo concepto, también por él elaborado, de los presupuestos procesales.
        
        Si nos remontamos al prístino origen de la noción procesal de
        partes, hemos de encontrarnos con que su nacimiento es coetáneo a la singular evolución en el campo de la aplicación del derecho cuando el régimen de la autodefensa se sustituye por el de la heterocomposición; pues si el proceso supone, como nos lo expresa Alcalá Zamora y Castillo, “el desdoblamiento de la autodefensa en dos
        instituciones: acción y jurisdicción, que son sus puntos de partida y de destino,éste sólo puede consumarse si al titular de la jurisdicción
        se enfrentan las partes como portadoras de la acción y de la reacción respectivamente.
        
        Ubicado el concepto en el marco estricto del derecho procesal,
        debemos olvidarnos de cualquier voz complementaria con la que se pretenda connotar procesalmente el vocablo parte, para diferenciarlo
        de otras diversas acepciones que le correspondan al margen de nuestra disciplina.
        
        La precedente afirmación nos lleva a eliminar la distinción entre
        parte en sentido formal y parte en sentido material, a la cual hace expresa referencia, entre los autores contemporáneos, el insigne
        Carnelutti, para quedar ubicados dentro de la corriente que representan entre otros: en Italia, Calamandrei; en España, Guasp; en Alemania, Schónke; y en México, Alcalá-Zamora y Briseño Sierra.
        Si el proceso es, en esencia, una serie de actos jurídicos proyectivos encaminados hacia una meta prefijada mediante la actuación de
        las partes y del órgano jurisdiccional, resulta claro que la delimitación de la categoría en estudio, origina implicaciones que hacen mas difícil la tarea propuesta.
        
        Son tres las doctrinas elaboradas para resolver esta cuestión.
        Una inicial posición la representan quienes ligados todavía al
        pasado de nuestra ciencia, estiman que partes son, en el proceso, los titulares de la relación jurídica substancial objeto de la litis.
        La posibilidad de que quienes actúan en el proceso no sean
        titulares de los derechos y obligaciones derivadas de la relación jurídica substancial (falta de legitimación en la causa)o de que la relación jurídica substancial no exista, viene a desvirtuar esta primera
        posición doctrinaria. Así, dada la evidencia de tan deleznable posición, no consideramos necesario hacer comentario adicional alguno al respecto.
        La segunda tesis se debe a Carnelutti, quien después de fijar la
        diversa significación de las nociones litigio y proceso, nos indica que ambos fenómenos jurídicos contienen elementos subjetivos, en relación con los cuales se utiliza, indistintamente, la palabra partes-, y propone que “a fin de evitar el desorden en los conceptos, tan nocivo
        a la ciencia”,a los sujetos del litigio se les nomine como partes en
        sentido material, y a los sujetos de la acción (actor y demandado) se les llame partes en sentido formal
        
        Prieto Castro nos obsequia una definición que lo coloca en el
        campo de la tesis procesalista. Sobre este particular, nos dice: “Partes
        son las personas (físicas o jurídicas, en sentido amplio) que se constituyen en sujetos de un proceso para pretender en él la tutela jurídica, y que, por tanto, asumen la titularidad de las relaciones que en el mismo se crean, con los derechos, las cargas y las responsabilidades
        inherentes” en cambio, no abandona la diferenciación entre parte
        en sentido material y parte en sentido formal cuando hace notar que el concepto de parte no se identifica con la titularidad de los derechos y obligaciones materiales y, por consiguiente, “el proceso puede
        ser incoado y seguido por personas a quienes la ley atribuye la facultad de ejercer en él una titularidad jurídico-material.
        
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- - - - La suma de estos elementos parciales suministrados, los unos
        por el actor, los otros por el demandado, colocan al órgano jurisdiccional en la posición de dictar resolución en presencia de una visión
        totalizadora o panorámica de la cuestión controvertida.
        En ella encontramos, como lo enseña Chiovenda, una de las diferencias esenciales entre la verdadera jurisdicción (jurisdicción contenciosa o Inter nolentes) y la llamada jurisdicción voluntaria (Inter volentes) En la jurisdicción voluntaria, nos dice Chiovenda, no existen
        partes, sino solicitantes o participantes, lo que ha inducido a la doctrina en forma casi unánime, a colocar al procedimiento respectivo,
        entre los actos materialmente administrativos encomendados al poder judicial.
        
        La comenta Chiovenda, en sus Instituciones
        en los siguientes términos: “Característica de la jurisdicción voluntaria no es, por consecuencia, la falta de controversia, sino la falta de dos
        partes. También la jurisdicción contenciosa (lo acabamos de decir),tiene procedimientos sin contienda, pero no sin dos partes-, una resolución judicial puede ser dictada inaudita parte pero siempre contra o frente a una parte, a la que debe notificarse para que pueda impugnarla o cumplirla. En la jurisdicción voluntaria existe uno o más solicitante pero no partes.
        
        Corresponde a la parte actora, de manera privativa, la designación del demandado. Esta es una carga procesal que en nuestro derecho positivo se consagra, tanto en el Código Federal de Procedimientos Civiles como en los ordenamientos procesales del Distrito Federal y de cada una de las entidades federativas. Así, en el Código
        de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el artículo 255 dispone: “Toda contienda judicial principiará por demanda en la cual
        se expresarán:... III.—El nombre del demandado y su domicilio;...” Al tenor del artículo 257, la inobservancia de esta disposición impide
        el curso de la demanda, a saber: “Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con algunos de los requisitos de los artículos 95 y 255, el juez dentro del término de tres días señalará con toda precisión en que consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte. El actor deberá cumplir con la prevención
        que haga el juez en un plazo máximo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación
        por boletín judicial, de dicha prevención, y de no hacerlo transcurrido el término, el juez la desechará y devolverá al interesado todos
        los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido.
        Podemos decir con Briseño Sierra, que una demanda irregular
        por carecer de la nominación del demandado, es una demanda ineficaz esto es, no logra el proveimiento jurisdiccional consiguiente
        con el instar del actor (el auto admisorio de la demanda)
        
        Más adelante, procederemos al análisis de los problemas relativos al litisconsorcio, a la sustitución procesal y a la intervención de terceros.tisconsorcio, a la sustitución procesal y a la intervención de
        terceros. El estudio de estas cuestiones nos permite destacar que aun cuando la posición de las partes es doble y contradictoria, ello no
        implica que sea unipersonal.
- - - - la legitimación procesal o legitimatio
        ad processum, viene a ser la aptitud para realizar actos procesales, ya como actor o ya como demandado, en un proceso específico. Sólo
        puede legitimarse procesalmente quien además de gozar de la capacidad de ser parte y de capacidad procesal, afirme seriamente, en
        ejercicio del derecho de acción, ser titular del derecho materia de la litis y aquel de quien, con la misma seriedad, se afirme la correlativa
        obligación.
        
        Nuestra Ley Federal del Trabajo, amplía en sus artículos 22, 23,
        173, 174, 175, 177, 178, 179 y 180, tanto la capacidad contractual de los menores que han cumplido catorce años, como la capacidad
        procesal de los mismos, para ejercer y defender sus derechos laborales El artículo 23 supedita esta especial capacidad de obrar, para los
        menores de dieciséis años, pero mayores de catorce, al instituto de la autorización “de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato
        a que pertenezcan.
        
        El artículo 6 de la Ley de
        Amparo, autoriza a los menores de edad para interponer la demanda “sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle
        ausente o impedido”.
        El artículo 17 otorga capacidad procesal a los menores para “ promover el amparo tratándose
        de aquellos “actos que importan peligro de privación de la vida, ataques ques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.
        
        Fix-Zamudio enmarca dentro de las reglas de capacidad procesal
        las relativas a la facultad que el artículo 16 del ordenamiento jurídico.
        El Código Civil Federal, en su artículo 23, indica que: “la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidos por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no
        deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la familia pero los incapaces pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes”.
        Evidentemente la incapacidad es una limitación al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad, pero de ninguna manera
        constituye una reducción a la personalidad misma, si por esta categorías urídica entendemos la cualidad esencial sólo atribuible a los
        sujetos de derecho (personas) de ser “punto de reunión de derechos subjetivos,” según certera expresión de Ferrara.
        
        las limitaciones que el derecho
        mexicano estatuye en punto a la capacidad jurídica de obrar,encontramos con las siguientes:
        a) Menores de edad (según clasificación de la fracción I del
        artículo 450 del Código Civil Federal).b) Interdictos (los mayores de edad disminuidos o perturbados en
        su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia.
        c) Condenados a la privación o suspensión de derechos o a la
        pena de prisión.
        d) Declarados en estado de concurso o de quiebra (artículos 82,
        83, 169, fracción V, y 170 de la Ley de Concursos Mercantiles).
- - - - Juzgamos que quien afirme ser titular de un derecho subjetivo
        o del estado jurídico que constituye la razón de su pretensión, y no lo demuestre, no quedará legitimado en la causa y, por tanto, sólo
        tendrá en el proceso el carácter de accionante; por lo que la ineficiencia de su demanda deberá traducirse en la desestimación de
        la pretensión por la falta de una condición necesaria para la obtenineficiencia de su demanda deberá traducirse en la desestimación de
        la pretensión por la falta de una condición necesaria para la obtención de una sentencia favorable (cualidad para obrar).
        
        A. Derecho abstracto y general de acción; (indeterminación
        
        genérica)
        
        1.—Capacidad de ser parte (goce)
        
        2.—Capacidad procesal (goce+ejercicio)
        
        B. Pretensión referida en el ejercicio del derecho de acción (determinación específica).
        
        1.—En la relación jurídica procesal:a) Determinación específica del actor, (legitimación procesal
        activa).
        
        b) Determinación específica del demandado, (legitimación procesal pasiva).
        
        2.—En la sentencia:a) Determinación específica demostrada del titular del derecho
        en litigio (legitimación activa en la causa).
        
        b) Determinación específica demostrada del titular de la obligación en litigio (legitimación pasiva en la causa).
- - - - Al describir esta interesante figura del proceso, nos dice Guasp que: “litisconsorcio es aquel tipo de pluralidad de partes que se produce cuando los diversos litigantes aparecen 110 sólo situados en un mismo plano, sino, además, unidos en su actuación procesal”. Utiliza
        como criterio de clasificación, para separar las varias estructuras que puede adoptar la pluralidad de partes procesales, la distinta relación en que se hallen éstas entre sí. Si las parres múltiples se encuentra en 1111 mismo plano de recíproca igualdad, se habla, nos enseña,
        de pluralidad de partes por coordinación; si las partes múltiples aparecen en planos distintos, de recíproca desigualdad, presenciaremos
        la figura de la pluralidad de partes por subordinación En el primer
        caso, si las partes (principales o iguales), están unidas en una comunidad, se hablará de litisconsorcio; y si están enfrentadas en su actuación procesal, se configurará la tercería.
        “Litisconsorcio y tercería,
        por un lado, y coadyuvante, por otro, son, en consecuencia, los tipos fundamentales de pluralidad de partes, que es necesario estudiar, por
        separado, a continuación.
        
        Chiovenda, en sus Principios, define el litisconsorcio desde un
        punto de vista formal Llámase litisconsorcio, nos dice, “la presencia en el mismo procedimiento de varias personas en la posición de actores (litisconsorcio activo) o de demandados (litisconsorcio pasivo).
        
        Kisch identifica las nociones de litisconsorcio y de acumulación subjetiva, posición ésta que es objeto de crítica por parte de Alsina, quien delimita ambos conceptos en la siguiente forma: “Por
        lo general el litisconsorcio se forma al comienzo del pleito mediante la acumulación subjetiva de acciones y es por eso que comúnmente
        tanto la doctrina como la legislación identifican ambas instituciones. El litisconsorcio es un estado entre varias personas que ocupan
        una misma posición en el proceso, cuyas relaciones recíprocas regula, en tanto que la acumulación subjetiva se refiere a la unión de
        varias acciones y establece los requisitos para que esa unión sea posible (VI, 9). En primer lugar, en tratándose de las relaciones entre los sujetos
        que ocupan la misma posición, cabe citar la disposición referida por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
        Federal, en cuanto impone a los litisconsortes que “ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción”, la carga procesal de litigar unidos y bajo una misma representación. Guasp llama a esta figura “litisconsorcio impropiamente necesario”, clasificación con la
        que no estamos conformes en virtud de que el precepto no crea el litisconsorcio, sino que lo supone (propio, impropio, facultativo o
        necesario) y sólo instituye, en tal evento, y por razones de orden y economía procesal, la carga de unir la actuación litisconsorcial
        mediante el nombramiento de un procurador judicial o de un representante común.
        
        Criterios de clasificación:El litisconsorcio puede clasificarse:
        A) Por razón de la posición de los litisconsortes.
        1.-Litisconsorcio activo (la parte actora es pluripersonal).
        2.-Litisconsorcio pasivo (la parte demandada es pluripersonal).
        3.-Litisconsorcio mixto (ambas partes son pluripersonales).
        B) Por razón del número de relaciones sustantivas controvertidas:
        1.-Litisconsorcio propio (una sola relación material controvertida.
        2.-Litisconsorcio impropio (varias relaciones materiales controvertidas) .
        C) Por razón de la necesidad de la concurrencia de varias personas en la misma posición procesal, para la válida constitución del proceso: 1.-Litisconsorcio necesario, cualificado o especial (el proceso
        no se constituye válidamente sin la concurrencia de los sujetos legitimados procesalmente).
        2.-Litisconsorcio facultativo, simple o voluntario (puede constituirse válidamente el proceso sin la concurrencia de los otros sujetos que pudieran ocupar la misma posición procesal).
        D) Por razón del momento procesal en que se constituye:
        1.-Litisconsorcio inicial (acumulación subjetiva de acciones).
        Se constituye, como su nombre lo indica, al iniciarse el proceso.
        2.-Litisconsorcio subsiguiente o sobrevenido (el que se constituye durante la marcha del proceso).
        
        Carnelutti, al estudiar, en su Sistema, lo que él denomina “proceso acumulativo”, clasifica al litisconsorcio como “proceso acumulativo plurilateral”, por oposición al “proceso acumulativo bilateral”.Los sistemas procesales, al reconocer la figura del litisconsorcio,
        dándole eficacia legal, logran dos objetivos:A) Cumplir con el principio de economía procesal, en cuanto
        varias demandas unidas en un mismo procedimiento requieren, para ser examinadas y decididas, una suma de actividades procesales y de
        dinero muy inferior a la que precisarían en juicios separados.
        B) Evitar fallos contradictorios, al sustituir una sola decisión por
        parte de un juez único a la decisiones separadas de jueces diferentes.
        
        6.2. Requisitos procesales del litisconsorcio voluntario:
        Como requisitos procesales para la existencia del litisconsorcio
        voluntario, señalamos los siguientes:
        A) Que las acciones (rectius, pretensiones) sean compatibles (no
        podrán acumularse las acciones contrarias o contradictorias, ni las posesorias con la petitorias, ni cuando una dependa del resultado de
        la otra).
        B) Competencia objetiva (cuantía y materia) y de grado del órgano jurisdiccional.
        C) Unidad de procedimiento.
        
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- - - - Sustitución procesal:
        La sustitución procesal, de rancio abolengo chiovendiano, representa una de las categorías más importantes de la ciencia del proceso.
        La representación había octdtado, a través del tiempo, a esta
        figura procesal que tiene una entidad propia y distinta.
        Conjugando estas ideas, hemos de afirmar: la sustitución procesal es aquel fenómeno que se origina como consecuencia del otorgamiento a una persona de la titularidad de un derecho ajeno, para el
        efecto de hacerlo valer enjuicio en su propio nombre. Tiene su fundamento, bien en la interdependencia de intereses, como lo expresa Carnelutti, bien en la necesidad de proteger ciertos patrimonios cuyo titular aún no está determinado.
        Calamandrei ubica la sustitución procesal en el terreno de la legitimación anómala, juntamente con la legitimación por categoría, de la cual la distingue en atención a la distinta naturaleza del interés. La primera tiene su fundamento en un interés individual, mientras que la segunda se sustenta en la existencia de un interés social o familiar.
        Debemos puntualizar, en mérito a una mayor claridad sobre la
        naturaleza de esta institución, y para evitar las frecuentes confusiones que provoca su aparente semejanza con la representación, que el
        representante actúa nomine alieno, y el sustituto obra en nombre propio.
        
        8.1. Casos de sustitución procesal: A) La llamada acción oblicua o subrogatoria que reglamenta el
        artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito federal Se trata de un típico ejemplo de interdependencia de intereses. En efecto, el legislador atribuye al acreedor el derecho de ejercitar las acciones (rectius, pretensiones) que competen a su deudor, cuando conste el crédito de aquél en título ejecutivo y excitado éste para deducirlas, descuide o rehúse hacerlo. Opera aquí el principio de derecho que se expresa en el siguiente aforismo latino: debitar.
        El ejercicio de esta específica pretensión está subordinado al
        cumplimiento de las siguientes condiciones de eficacia:
        
        Que el crédito del acreedor que pretende la sustitución conste
        en título ejecutivo.
        
        Que el crédito a favor del primer deudor sea de plazo cumplido.
        
        Que el segundo deudor no lo pague.
        
        Que el primer deudor descuide o rehúse ejercer por sí mismo
        el derecho de acción (rectius, pretensión).
        B) La que se origina de la declaración de concurso o de quiebra,
        en cuanto a que el coordinador (en el concurso mercantil) y el síndico (en el concurso civil y en el mercantil) actúan como sustitutos
        del titular indeterminado de los bienes integrantes de la masa.C) La que es consecuencia del derecho previsto en los artículos 238, 242, 243, 244, 248 y 249 del Código Civil Federal, a favor de determinada categoría de personas para demandar la nulidad del
        matrimonio cuando concurre algún impedimento legal no dispensa do o no susceptible de dispensa, así como por falta de “formalidades
        esenciales para la validez del matrimonio”.
        D) La que proviene del derecho de los acreedores, legatarios y
        donatarios del autor de la sucesión, contemplado por el artículo 350 del supracitado Código Civil, en cuanto los autoriza para reclamar el
        estado de hijo que habiendo fallecido no dejare bienes suficientes para pagarles.
        E) La que tiene su apoyo en lo dispuesto por los artículos 1673
        y 1674 del Código Civil Federal, por cuanto confiere a los acreedores el derecho de pedir al juez autorización para aceptar la herencia en nombre del heredero que la ha repudiado, en tanto baste a cubrir
        el importe de sus créditos.
        
        Clases de sustitución procesal
        La sustitución procesal puede ser: A) Activa: el sustituto actúa como parte actora;
        B) Pasiva: el sustituto actúa como parte demandada;C) Voluntaria: la que se produce por voluntad de los sujetos, por
        ejemplo, en el caso de enajenación de la res litigiosa-, y,D) Necesaria: opera sin la intervención de la voluntad de los sujetos, por ejemplo, en el caso de fallecimiento de una de las partes
        
        Terceros en el proceso: La apuntada bilateralidad de las partes, permite igual dualidad de pretensiones, que se revelan como el exigir relativo a la actora y el resistir atinente a la demandada. Estos
        conceptos se implican mutuamente, esto es, la categoría jurídica parte actora implica su pretensión de exigencia, mientras que la categoría
        de parte demandada lleva implícita su pretensión de resistencia.
        Estos elementos se conjugan en la entidad llamada proceso y son
        condición sine qua non de su existencia y, además, de suficientes, en tanto que la dualidad de partes (con sus respectivas pretensiones
        implicadas) no presupone la necesaria intervención de una parte tercera.
        porque como lo vimos ya al tratar de la estructura del
        litisconsorcio, es admisible la posibilidad de que en el proceso intervengan más de dos personas.
        
        Como ya lo dejamos apuntado al tratar el litisconsorcio, la circunstancia de que aparezcan más de dos personas en un proceso no desvirtúa la dualidad de partes y de pretensiones necesarias y suficientes a esta institución, porque, en última instancia, las personas o tienen la misma pretensión y quedan entonces asimiladas a la parte
        actora o a la parte demandada (litisconsorcio propio); o bien, las diversas personas tienen pretensiones diferentes, y forman, entonces,
        tantas partes actoras o demandadas, cuantas ellas sean y, por ende, tantos cuantos procesos se integren, cada uno con su respectiva
        dualidad de partes (litisconsorcio impropio, o bien intervención de terceros.
        
        La circunstancia de que personas diferentes a las que iniciaron
        el proceso, intervengan durante su desarrollo, provoca el nacimiento de la categoría procesal.
        
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