Principios de la actividad
administrativa en relación con las personas.
Principio de interdicción de la arbitrariedad, Art. 18.
Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias.
Las decisiones y todos los actos administrativos deben ser debidamente motivados y razonados.
El poder discrecional se sujeta a la norma jurídica, pero dentro del marco de la competencia del órgano administrativo, en ningún caso se identifica con una actividad libre de la administración, los actos de los organismos del Estado no podrán emitirse a su libre arbitrio.
Principio de imparcialidad e independencia
Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general.
Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma.
Deberán resolver los conflictos o situaciones sometidas a su jurisdicción y competencia sin
dejarse llevar por favoritismos o nepotismo.
La independencia judicial y administrativa garantiza la toma de decisiones justas y beneficiosas para el interés general.
Principio de control, Art. 20.
El principio de control hace referencia a aquellas limitaciones que se ha impuesto a los órganos y entidades pertenecientes al sector público.
Los órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes
velarán por el respeto del principio de juridicidad.
Los órganos y entidades públicas, con competencias de control, no podrán
sustituir a aquellos sometidos a dicho control, en el ejercicio de las competencias a su cargo.
Principio de ética y probidad, Art. 21.
Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad.
En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad y el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular.
La probidad por otra parte es “Un hacer moral signado por la rectitud y la integridad en el obrar de sus actos ”
Principios de seguridad jurídica y confianza legítima, Art. 22.
Principio de racionalidad, Art. 23.
Principio de protección de la intimidad, Art. 24.
No se puede afectar los derechos de los ciudadanos por simples errores en lo que hayan recaído los servidores públicos.
Al tratar la confianza legítima que es una institución que nace definitivamente ligada a la seguridad jurídica, para proteger la confianza de los ciudadanos respecto de que los actos emitidos por la autoridad pública, que producen consecuencias legales, permanezcan reconocidos como tales.
La decisión administrativa, debe ser racional, por lo cual se deben seguir las pautas de interpretación y las fuentes válidas del derecho expresamente consagradas en el propio ordenamiento.
La persona que resuelve un acto de carácter administrativo debe motivarlo, no pude emitir resoluciones sin la motivación adecuada para que las personas que deben conocer de ello puedan apelar de la resolución.
El punto de vista interpretativo enunciado por el operador jurídico debe respetar los criterios de racionalidad establecidos por el ordenamiento jurídico;
Las administraciones públicas, cuando manejen datos personales, deben observar y garantizar el derecho a la intimidad personal, familiar y respetarla vida privada de las personas.
Toda aquella información privada y suministrada a la Administración por particulares, es confidencial, para gestiones determinadas, y debe estar protegida dentro de una esfera de intimidad, motivo por el cual, es lógico que la Administración pueda negar el acceso de terceros a esos datos.