Esta subordinación llevó a autoridades y elementos de seguridad mexicanos a convertirse, en los hechos, en la policía migratoria del presidente Trump, convirtiendo a México en el muro de contención de la migración irregular hondureña, guatemalteca, salvadoreña, cubana, haitiana, venezolana y extracontinental.
La llegada del presidente Joseph R. Biden a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, propició medidas encaminadas a revertir las desastrosas políticas de Trump. Por lo que corresponde a México, el Presidente ha tomado distancia de su contraparte en Washington.
Estados Unidos y México 2017-2021: más que crisis migratoria, tragedia humanitaria
Desde el arranque de su campaña proselitista en 2015, Trump etiquetó a los migrantes mexicanos indocumentados como criminales, violadores y narcotraficantes.
Las medidas de Trump no tenían sustento en las condiciones objetivas que se observaban en el terreno. Ni los volúmenes de personas en movilidad ni sus motivos para ingresar a territorio estadounidense representaron, en algún momento, un riesgo para Estados Unidos, tampoco una crisis migratoria.
Se utilizaron como coartada para desatar una cacería caracterizada por un discurso de odio y una amplia gama de medidas punitivas, de contención y de desgaste, que desembocaron en una tragedia humanitaria para los migrantes y solicitantes de refugio.
Ningún migrante centroamericano amenazaba la seguridad fronteriza estadounidense, ni la tranquilidad de sus ciudadanos ni la permanencia en el empleo de los nacidos en suelo estadounidense.
En 2018, al tomar posesión como presidente, prometió una política migratoria sustentada en los derechos humanos. Al inicio de 2019, las autoridades mexicanas emitieron casi 13 000 tarjetas humanitarias, con permiso de salida, para permitir a los transmigrantes llegar a nuestra frontera norte: ello derivó en un “efecto llamada” para el flujo centroamericano, caribeño y extracontinental, y se dispararon las alarmas de quienes veían un desafío a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La respuesta del gobierno de Trump fue inmediata: ejerció una fuerte presión para contener ese flujo. La posición mexicana experimentó un viraje.
Los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron en Washington, el 7 de junio de 2019, una declaración conjunta, en la que la parte mexicana se comprometió a enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y hacer lo necesario para reducir los flujos de migrantes centroamericanos en tránsito “hasta sus niveles históricos”. A partir de ese momento, México se convirtió en la policía migratoria del gobierno de Trump.
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