Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

SENTENCIA C - 174 - 01 - Coggle Diagram

- - - - Sin reparar en el contenido descrito, los actores acusan los artículos mencionados por violar el Preámbulo y los artículos 2º y 58 de la Constitución Política, porque se le confiere valor a la venta de cosa ajena desconociendo los derechos del comprador y del verdadero dueño
        
        No obstante, se declarará inhibida para considerar y pronunciarse con relación a la constitucionalidad de los artículos 1874 y 1875 del estatuto civil, al igual que respecto de la expresión “mientras no se extinga por el lapso de tiempo” que hace parte del 1871 demandado, porque –tal como se expuso - contra estas disposiciones no se formularon cargos y la inconstitucionalidad propuesta no fue motivada
      - No obstante, los artículos que los actores dicen demandar no solo privan al comprador de la posibilidad de impugnar el contrato de compraventa, por el solo hecho de la titularidad del derecho sobre la cosa vendida; también dejan a salvo los derechos del verdadero dueño, se refieren a la extinción de los mismos por el transcurso del tiempo –artículo 1871 C.C.-, le otorgan al contrato la posibilidad de conferir “al comprador los derechos de tal desde la fecha de venta”, una vez ratificado el contrato por el verdadero dueño - artículo 1874 C.C
      - Por lo anterior, y de conformidad con la competencia que le ha sido asignada por el artículo 241 de la Constitución Política, la Corte se limitará a analizar la constitucionalidad de los efectos de la compraventa, cuando el contratante vendedor no es el verdadero dueño, considerando, además, la exclusión del verdadero titular, por cuanto –como quedó dicho- respecto de la expresión “La venta de cosa ajena vale”, que hace parte del artículo 1871 del Código Civil
  - - - Por lo anterior les asiste razón a los intervinientes, y a la Vista Fiscal, cuando se detienen en la necesidad de distinguir con claridad el sistema jurídico que rige las relaciones patrimoniales en nuestro ordenamiento
      - la lectura del artículo 1871 en estudio, se desprende con claridad que el legislador Colombiano optó por el sistema jurídico en que el consentimiento simplemente genera obligaciones, como principio regulador de las relaciones patrimoniales, facultad que le ha sido conferida por los artículos 58 y 150 numerales 2° y 10 de la Constitución Política
      - En cuanto son los derechos patrimoniales adquiridos conforme a la legislación civil los que el ordenamiento superior garantiza, y la expedición de códigos, en éste como en otros aspectos de la legislación, se encuentra entre los deberes que a éste órgano del poder público le corresponde asumir.
- - - - El Preámbulo y el artículo 2º constitucional nada dicen respecto del derecho de dominio, y que los postulados y principios que las mismas disposiciones consagran, no se vulneran por la reglamentación que hace el Código Civil, toda vez que el artículo 58 superior garantiza el derecho de dominio que el Organo Legislativo regula, en ejercicio de las facultades que el artículo 150, del mismo ordenamiento le confiere.
        
        Para concluir asegura que los artículos 1874 y 1875 se ajustan a la Constitución Política porque protegen los derechos del verdadero dueño toda vez que si este quiere conservar la cosa en su patrimonio puede defender sus derechos de conformidad con el artículo 1871, empero, que si consiente en la transacción que de su bien hizo un tercero, puede ratificarla.
      - Sostiene que los demandantes no discuten la competencia del Congreso para expedir el Código, sino la del mismo estatuto “para reglamentar la forma de negociar la propiedad cuando una persona pretende transferirla a otra.” Por lo anterior considera conveniente distinguir entre los dos sistemas que regulan esta transferencia de manera diferente: el romano y el francés.
      - Conceptúa que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el Congreso de la República eligió el sistema de adquisición y transferencia de los derechos reales adoptado por Don Andrés Bello al redactar el Código Civil Chileno, pero que hubiera podido elegir el sistema francés, Prusiano, Alemán o cualquier otro, por lo que las disposiciones que desarrollan el sistema elegido no pueden acusarse de inconstitucionales
  - - - Afirma que, contrario a lo expuesto por los actores, la venta de cosa ajena favorece al comprador quien, como el contrato es válido, tiene acciones para exigir su ejecución o resolución en caso de incumplimiento del vendedor, con la respectiva indemnización de perjuicios, sin demostrar nada distinto a la existencia misma del contrato y su incumplimiento, aún en el caso de que haya contratado a sabiendas de que el vendedor no era el dueño, porque es legitimo celebrar el contrato con la expectativa de la posterior adquisición de la cosa, por parte del vendedor.
      - Agrega que el vendedor adquiere la obligación de hacer tradición de la cosa, pero que solo le podrá dar cumplimiento quien fuere el dueño, porque nadie puede transferir lo que no tiene
      - Aclara, que darle validez a la venta de cosa ajena no implica dejar de sancionar las conductas punibles que ejecute el vendedor “como cuando una persona enajena una cosa que no tiene en su poder por un título traslaticio de dominio, lo que constituye la figura del abuso de confianza”.
        
        Para concluir recuerda que, por ser un contrato válido, la venta de cosa ajena confiere al comprador la posibilidad de adquirir el bien por prescripción porque se puede mostrar un título justo
  - - - Si el vendedor no es el dueño de la cosa no puede efectuar la tradición, porque éste modo de adquirir requiere que quien transfiere tenga la intención y además la facultad de tradir
      - El vendedor, “al disponer de la cosa de un tercero a título de compraventa no hace otra cosa que obligarse a entregarle el objeto vendido y a salir al saneamiento”, conforme a las reglas del “Título VI del Libro II del Código Civil”.
        
        Opina que los demandantes yerran al afirmar que las disposiciones acusadas legalizan un acto ilícito y desprotegen al verdadero dueño, porque éste no pierde su derecho porque un tercero lo venda y si el bien se entregó puede ejercer la acción dirigida a su reivindicación, porque solo el titular del derecho puede transferir el dominio al comprador.
      - Se debe diferenciar entre la validez del modo y la del título, en cuanto se requiere que el tradente sea el dueño de la cosa que debe transferir, pero no es indispensable que el vendedor tenga en su patrimonio lo que se obliga a entregar.
- - - - Sostienen que el Preámbulo de la Constitución Política preceptúa que la justicia prevalece
        
        Aducen, que cuando el comprador compra al vendedor el bien que no le pertenece, celebra un negocio jurídico diferente al deseado, que por tanto el contrato no puede ser válido debido a que su consentimiento estaría viciado por error, generado en la conducta del vendedor.
      - Concluyen que “La venta de cosa ajena es una proposición jurídica incompleta, falla porque un contrato así celebrado carece de uno de sus elementos esenciales para su existencia”, porque como “El comprador recibe la cosa con el ánimo de adquirir el dominio”, “la tradición es un elemento del contrato de compraventa"
      - Pero que las normas acusadas desconocen tal postulado, debido a que permiten al vendedor transferir bienes que no le pertenecen sin reparar en que el comprador no va a poder adquirir el bien cuya adquisición contrató porque nadie puede dar aquello que no tiene.
  - - - ARTICULO 1871. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo.
      - ARTICULO 1874. La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiera al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta.
      - ARTICULO 1875. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición.
  - - - Estiman que respecto de la violación del artículo 2º superior, se presenta el “fenómeno jurídico de la sobreviniencia”, porque las disposiciones demandadas se tornan en inexequibles a raíz de la obligación del Estado de garantizar los derechos de los particulares, impuesta por la Constitución Política que actualmente nos rige
        
        Sostienen que conforme al Ordenamiento Superior y a los convenios internacionales ratificados por el Estado, sólo éste puede disponer de los bienes de un particular, por motivos de utilidad publica e interés social y con previa indemnización.
      - Para concluir aducen que las disposiciones demandadas quebrantan el artículo 58 de la Constitución Política, porque la garantía de la propiedad privada se queda en “simple retórica”
      - Sostienen que las disposiciones demandadas deben ser excluidas del ordenamiento jurídico porque el Estado se encuentra obligado a proteger al titular del derecho a la propiedad privada –artículos 2º y 58 C.P.- y consideran que no se protege al propietario porque las normas demandadas le permiten a cualquiera, vender los bienes que pertenecen a éste sin su consentimiento