Sin embargo, lo que simultáneamente observaba la sociedad civil era la persistencia de ataques a Defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales y comunitarios, entre otros, que abanderaban reivindicaciones legítimas por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y por garantías reales para la no repetición de los ciclos de conflicto que han sumido en una larga trayectoria de violencia al país. También observaban, la continuidad de proyectos económicos bajo los cuales se generaron y se seguían generando graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y en general, la persistencia de expresiones violentas urbanas y rurales que afectaban a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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