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BLOC 5, TIPOS (según su tramitación): - Coggle Diagram

- - - - a) Los procedimientos especiales de revisión.
      - b) El recurso de reposición
      - c) Las reclamaciones económico-administrativas
      - Nos centraremos en la revisión en vía administrativa.
        
        En materia tributaria, para acudir a los Tribunales de justicia (vía jurisdiccional contencioso-administrativa), es necesario el agotamiento previo de la vía administrativa.
        
        Téngase en cuenta que, pese a su denominación, los “Tribunales económico-administrativos” (que resuelven las reclamaciones económico administrativas) no son órganos judiciales, sino órganos administrativos, pero independientes de la Administración tributaria.
- - - - La aplicación de los tributos (art. 83 LGT) integra:
        
        Las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios.
        
        La gestión, la inspección y la recaudación.
        
        Las actuaciones de los obligados tributarios en el ejercicio de sus
        derechos y en cumplimiento de sus obligaciones.
    - - Evolución desde la aprobación de la primera LGT en 1963 (procedimiento tradicional de liquidación por la Administración, en el que los obligados se limitaban a presentar una «declaración» de datos). Se ha generalizado el sistema de «autoliquidación» o declaraciónliquidación, que obliga al particular, no solo a declarar, sino también a liquidar (calificar y cuantificar) e ingresar su deuda tributaria (si el resultado de la autoliquidación es a ingresar).
      - Actualmente, la liquidación administrativa solo tiene lugar:
        
        En los pocos tributos que todavía se gestionan mediante el sistema de declaración del sujeto pasivo y posterior liquidación por la Administración.
        
        En los supuestos en que, tras la comprobación o investigación
        administrativa, se descubren irregularidades en las toliquidaciones o estas no se han presentado.
      - También se ha producido una evolución con respecto a las funciones liquidadoras y de comprobación, que con anterioridad se atribuían a órganos diferentes – a los órganos de gestión y a los órganos de inspección, respectivamente – y que hoy están compartidas. Actualmente, estos dos tipos de órganos pueden realizar actuaciones de comprobación y dictar liquidaciones tributarias, aunque el alcance de sus facultades es diferente, siendo más amplias, como veremos, las facultades de los órganos de inspección.
    - - El sistema tributario actual, basado en las autoliquidaciones y en las retenciones y otros pagos a cuenta, ha supuesto un aumento importante de los deberes formales de los obligados tributarios (siendo fundamental el deber de colaboración con la Administración tributaria y, en particular, las obligaciones de información que la ley impone, no sólo a los obligados tributarios, sino también a terceras personas)Cualquier persona está obligada a suministrar a la Administración toda clase de datos con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones o bien deducidas de sus relaciones económicas o profesionales con otras personas (art. 93.1 LGT). Estas obligaciones de información deben cumplirse, bien con carácter general (p.ej. declaración anual de retenciones en el IRPF), bien mediante requerimiento individualizado de los órganos competentes (art. 93.2 LGT).
        Este deber de colaboración tiene una serie de límites (arts. 93.3 a 5 LGT); además, los datos obtenidos, como regla general, tienen carácter reservado y no pueden ser cedidos o comunicadas a terceros (art. 95 LGT).
    - - Por un lado, en la comprobación e investigación (arts. 115 y 116 LGT)
      - Por otro lado, en la información y asistencia a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el ejercicio de sus derechos (esquema).
    - - En relación con la asistencia a los obligados tributarios en sus relaciones con la HP, hay que señalar la existencia del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
        
        Creado por el Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, e integrado por representantes del ámbito profesional tributario y por funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Su actual regulación se encuentra en el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
        
        Su función principal es recibir las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, en relación con los procedimientos tributarios, con el fin de formular sugerencias, elaborar informes y proponer las modificaciones normativas que se consideren pertinentes.
    - - Una última cuestión relativa a la aplicación de los tributos es la importancia del uso de las tecnologías informáticas y telemáticas en las relaciones entre la Administración tributaria y los ciudadanos (art. 96 LGT y Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que resulta de aplicación supletoria en el ámbito tributario - arts. 7.2 y 97 LGT -).
      - Como contempla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el ámbito administrativo, la normativa tributaria reconoce la validez jurídica de los documentos electrónicos en el ámbito tributario (arts. 96.5 LGT y 86 RGGIA)
  - - - Los procedimientos tributarios son un tipo de procedimiento administrativo y, como tales, consisten en una sucesión de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de una finalidad pública.
        La finalidad específica de los procedimientos tributarios es la efectiva aplicación del tributo, es decir, la adquisición de la prestación tributaria por el ente público.
      - Procedimientos tributarios
        
        De gestión: Se destina fundamentalmente a la cuantificación del tributo, mediante la autoliquidación o la liquidación administrativa;
        
        De inspección: Dirigido principalmente a la comprobación e investigación de la situación tributaria del obligado tributario, con el objetivo de regularizarla, si es necesario.
        
        De recaudación: A través del cual se hace efectivo el ingreso de la deuda tributaria previamente cuantificado (ingreso que, o bien se realiza voluntariamente en el plazo legalmente previsto, o bien se ejecuta de forma coactiva por la Administración tributaria).
        
        En materia tributaria debemos mencionar también el procedimiento sancionador (cuya finalidad es imponer una sanción en caso de haberse cometido una infracción tributaria) y los procedimientos de revisión. Se trata de procedimientos separados respecto de los procedimientos de aplicación de los tributos (gestión, inspección y recaudación).
        
        Fases
        
        - Inicio:
        
        - Desarrollo: En el desarrollo de los procedimientos tributarios, hay que señalar el protagonismo de los derechos y garantías de los obligados tributarios, como contrapartida al gran número de deberes formales que estos deben cumplir (art. 99, apdos. 1 a 6 LGT), pudiendo destacarse el trámite de audiencia del interesado.
        Las actuaciones de administrativas se documentan en comunicaciones, diligencias, informes
        
        - Terminación
      - Liquidación tributaria
        
        Concepto
        
        La liquidación tributaria es el acto administrativo resolutorio, por el que se realizan las operaciones de calificación y cuantificación necesarias, con el fin de determinar el importe de la deuda tributaria o la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar (art. 101.1 LGT)
        Hay que señalar que todas las liquidaciones deben notificarse a los obligados tributarios, generalmente de forma individualizada.
        
        Clases
        
        Definitivas: Son las practicadas en el procedimiento inspector, previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de laobligación tributaria (art. 101.3 LGT). No son susceptibles de modificación posterior en la aplicación de los tributos. Solo pueden ser practicadas por los órganos de inspección (que también pueden practicar liquidaciones provisionales).
        
        Provisionales: Son aquellas liquidaciones en la que no se ha realizado una comprobación completa de los elementos de la obligación tributaria y, por tanto, son susceptibles de ser modificadas posteriormente por la Administración, en el seno de un procedimiento de aplicación de los tributos, dentro del período de prescripción de cuatro años. Los órganos de gestión solo pueden dictar liquidaciones provisionales, porque sus facultades de comprobación son inferiores a las de los órganos de inspección.
      - Plazos de resolución de los procedimientos tributarios y efectos de su incumplimiento
        
        A todos los efectos, una obligación de resolución expresa de los procedimientos tributarios (art. 103 LGT), en un plazo máximo de *6 meses (excepto si una norma con rango de ley o la normativa comunitaria europea prevén un plazo superior)
        
        Los efectos de la falta de resolución dentro de plazo, en ausencia de regulación expresa
    - - Carga : n.general: quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo.
      - Hay que destacar el valor probatorio de las diligencias, así como de las declaraciones y manifestaciones del obligado tributario, en relación con los hechos expresados, que se presumen ciertos y solo pueden rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho (art. 107 LGT).
      - Como regla general, las presunciones legales deben entenderse iuris tantum (es decir, pueden destruirse mediante prueba en contrario), excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.
    - - Generalmente, las notificaciones se practican de forma individualizada, mediante correo con acuse de recibo; aunque:
        
        En el caso de los tributos locales gestionados por padrón o matrícula (tributos de contraído previo), solo se notifican individualmente la 1a liquidación y los aumentos de la base.
        
        El resto de liquidaciones se notifican colectivamente mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de nuncios del Ayuntamiento.
      - Finalmente, hay que destacar la posibilidad de efectuar notificaciones tributarias telemáticas, a través de una dirección electrónica
    - - Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesaria la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de los obligados tributarios (art. 18.2 CE), habrá que obtener el consentimiento de éstos, o bien contar con la oportuna autorización judicial.
      - El TC ha extendido esta garantía de la inviolabilidad del domicilio a las PJ
    - - Mediante esta se ponen en conocimiento de la Administración tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos.
      - La presentación de la denuncia puede dar lugar al inicio de actuaciones por el órgano competente, pero se podrá archivar si se considera infundada o no se concretan suficientemente los hechos o las personas denunciadas.
      - El denunciante en ningún caso será considerado interesado en las actuaciones administrativas que se puedan iniciar como consecuencia de la denuncia, y tampoco estará legitimado para la interposición de recursos en relación con el resultado de las mismas (art. 114.3 LGT).
  - - - 1) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración (declaración tributaria es todo documento presentado ante la Administración tributaria, donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos . En ppio su forma es escrita pero se admite la declaración verbal en algunos supuestos (119.2 LGT). El contenido de la declaración se limita a datos fácticos, correspondiendo la cuantificación de la deuda tributaria a la Administración, mediante la oportuna liquidación administrativa.
      - 2) Por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de esta ley.
      - 3) De oficio por la Administración tributaria.
    - - Autoliquidación
        
        Declaración en la cual el obligado tributario, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realiza por sí mismo las operaciones de calificación cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.
        Actualmente, en la mayoría de tributos se emplea la técnica de la autoliquidación, con excepción de los impuestos aduaneros, algunas tasas,así como los impuestos locales obligatorios (el Impuesto sobre Bienes
        Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)
        
        La Administración puede verificar y comprobar las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios y, en su caso, practicar la liquidación que sea procedente (art. 120.2 LGT)
        También el propio obligado tributario puede instar la rectificación de su autoliquidación, cuando considere que ésta ha perjudicado sus intereses legítimos (art. 120.3 LGT).
      - Comunicación de datos
        
        Declaración presentada por el obligado tributario ante la Administración para que ésta determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver.
      - Se refiere a las devoluciones derivadas de la aplicación del tributo. Ej. Las devoluciones del IRPF, cuando los pagos a cuenta superan la cuota líquida ypor consiguiente, el resultado de la autoliquidación es a devolver).
        No se trata, en cualquier caso, de devoluciones de ingresos indebidos, que proceden por ejemplo en caso de duplicidad de pago, pagos superiores a los debidos (por error) o pagos de deudas prescritas.
      - Los obligados tributarios podrán presentar también declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas, sea dentro de plazo o bien con carácter extemporáneo (siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la tributaria), con la finalidad de completar, modificar o reemplazar las presentadas con anterioridad (art. 122 LGT).
      - El plazo para practicar la devolución es de seis meses, transcurrido el cual sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta estará obligada a abonar los correspondientes intereses de demora, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.
        El procedimiento de devolución finaliza por:
        
        El acuerdo en que se reconozca la devolución solicitada.
        
        Caducidad (por la inactividad del obligado tributario: art. 104.3 LGT)
        
        Inicio de un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección.
    - - Es aplicable solo en los tributos cuya normativa así lo prevea
      - Se inicia mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario, en la que:
        
        Se manifieste la realización del hecho imponible.
        
        Se comuniquen los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional.
      - El plazo para notificar la liquidación provisional es de seis meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
      - La Administración podrá:
        
        Utilizar datos no consignados por el obligado tributario en su declaración
        
        Practicar requerimientos para la aclaración de los datos declarados o
        para la presentación de justificantes.
        
        Realizar actuaciones de comprobación de valores
      - El procedimiento iniciado mediante declaración puede finalizar por la práctica de:
        
        Una liquidación provisional; o bien
        
        Caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses sin que la liquidación se haya notificado, sin perjuicio de que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción
    - - 1) Procedimiento de verificación de datos
        
        Se limita a supuestos de manifiesta incorrección en la declaración o autoliquidación presentada por el obligado tributario, bien:
        -Porque tenga defectos formales o errores aritméticos.
        -No coincida con otras declaraciones presentadas o con los datos en poder de la Administración.
        -Exista una patente aplicación indebida de la normativa; o
        -Cuando la Administración quiera aclarar o justificar algún dato, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas.
        
        Se trata de comprobaciones realizadas de forma general y automática, con carácter masivo, generalmente mediante el control informático de las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios. Con esta finalidad, la Administración promueve la presentación de autoliquidaciones y declaraciones elaboradas con los programas informáticos de ayuda (como el programa PADRE, en el caso del IRPF).
        
        En el procesamiento automatizado de las autoliquidaciones, hay que destacar el «cruce de los datos» contenidos en las declaraciones presentadas, con los datos de que dispone la Administración:
        
        Bien por haber sido obtenidos con anterioridad del propio obligado tributario (p. ej., mediante los pagos fraccionados, en el IRPF).
        
        Bien de terceros (p. ej., retenedores), en cumplimiento de su deber de colaboración; bien de otras Administraciones públicas.
        
        Puede iniciarse mediante:
        
        Un requerimiento al obligado tributario (para que comparezca y aclare datos o presente justificantes), o bien
        
        Directamente con la propuesta de liquidación, que deberá ser siempre motivada.
        
        En todo caso, se concederá un trámite de alegaciones, con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional. El plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 6 meses.
        
        Finaliza:
        
        Generalmente con la liquidación provisional, que ha de ser motivada.
        
        Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos.
        
        Por subsanación o aclaración de la discrepancia detectada.
        
        Por caducidad (una vez transcurrido el plazo de seis meses sin haberse notificado la liquidación provisional, sin perjuicio de que la Administración pueda iniciar un nuevo procedimiento dentro del plazo de prescripción); o bien
        
        Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección, que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos (cuando la Administración considere necesario profundizar en la comprobación tributaria).
        
        La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma
      - 2) Procedimiento de comprobación de valores
        
        Tipo especial de comprobación administrativa, que consiste en la comprobación del valor de rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible, por aplicación de alguno de los medios de valoración previstos en el art. 57 LGT (precios medios del mercado; dictamen de peritos de la Administración; etc.)
        
        La comprobación de valores tiene lugar exclusivamente en relación con aquellos impuestos que la prevén expresamente en su normativa. En particular, se trata de los impuestos que gravan el trafico patrimonial civil (no empresarial), sea por actos: inter vivos/mortis causa
        
        La competencia para tramitar el procedimiento de comprobación de valores – que en realidad se trata de un subprocedimiento o incidente dentro de un procedimiento de gestión o de inspección – está atribuida a los órganos de gestión.
        
        Los obligados tributarios no pueden impugnar la valoración administrativa, pero pueden:
        
        Promover una tasación pericial contradictoria, o bien
        
        Plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización (liquidación)
        
        La tasación pericial contradictoria permite corregir o confirmar las valoraciones resultantes de la aplicación de los otros medios de valoración legalmente previstos. Consiste en contraponer la valoración de un perito designado por el obligado tributario a la valoración practicada por la Amin.
      - 3) Procedimiento de comprobación limitada
        
        Los órganos de gestión tienen facultades más amplias que en el procedimiento de verificación de datos, pues pueden “comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria” (por ejemplo, pueden supuestos de no presentación de autoliquidaciones o declaraciones por los obligados tributarios), aunque tienen limitadas sus actuaciones.
        
        Los órganos de gestión:
        
        No pueden requerir a terceros información sobre movimientos financieros,
        
        No pueden requerir a terceros información sobre movimientos financieros,
        
        Y por regla general todas las actuaciones de comprobación limitada an de realizarse en las oficinas de la Administración.
        
        El procedimiento se inicia de oficio, tiene un plazo máximo de resolución de 6 meses, y puede terminar por resolución expresa, por caducidad o por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada.
        
        Finalmente, hay que destacar los efectos de la regularización practicada en un procedimiento de comprobación limitada. La liquidación provisional resultante de dicha comprobación no podrá ser rectificada por la Administración (en relación con el mismo objeto comprobado: impuesto y período), a no ser que, en un procedimiento de comprobación limitada o de inspección posterior, se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas a las ya practicadas.
      - Una vez que la Administración tiene en su poder la declaración o la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, procede a comprobar que sea correcta. A esta actividad comprobadora hace referencia el art. 115 de la
        LGT, con carácter general:
        “La Administración tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto.
        
        Tipos
        
        Inquisitiva (se produce solo en el procedimiento inspector) Sesión 13
        
        Formal o abreviada
        
        De valores
- - - - Funciones principales:
        
        La comprobación e investigación:
        
        La comprobación tiene por objeto la verificación de los hechos imponibles declarados por el sujeto pasivo. La investigación tiene por objeto los hechos imponibles no declarados por el sujeto pasivo.
        
        La Inspección puede realizar una comprobación inquisitiva, con facultades más amplias que las atribuidas a los órganos de gestión (examen de la contabilidad mercantil; inspección de bienes; entrada en locales; etc. –art.
        142 LGT-).
        
        La Inspección también puede realizar actuaciones de comprobación
        limitada (art. 141.h) LGT).
        
        Las actuaciones de obtención de información: Información con trascendencia tributaria de terceros, sujetos al deber de colaboración. Es una actividad instrumental de las anteriores
        
        La práctica de liquidaciones tributarias: Cuando, como consecuencia de la actividad de comprobación e investigación, deba regularizarse la situación de los obligados tributarios. Si la comprobación realizada por la Inspección ha sido completa, la liquidación será definitiva. En caso de que, además, se haya descubierto la comisión de una infracción tributaria, la Inspección será competente para la imposición de sanciones.
      - Facultades de la inspección tributaria
        
        Art. 142 LGT regula las facultades, entre otras:
        
        Examen de contabilidad y otros documentos con transcendencia tributaria; inspección de bienes; etc.
        
        Entrada en fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a) gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos. Véase también art. 113 LGT (entrada en domicilio).
    - - De acuerdo con el art. 143 de la LGT, los documentos en los que se recogen las actuaciones inspectoras pueden ser de 4 clases:
        
        1) ACTAS
        
        Documentos más importantes de la inspección, donde se
        recoge el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización de la situación tributaria del obligado (actas con regularización, que son preparatorias de la futura liquidación) o bien declarándola correcta (actas de comprobado y conforme). Las actas constituyen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Tienen un contenido mínimo, establecido en el art. 153 LGT y el art. 176 del RGGIA.
        
        2) DILIGENCIAS
        
        Son los documentos emitidos en el curso del procedimiento, en los que figuran cuantos hechos o circunstancias con relevancia para las actuaciones se produzcan en el mismo y las manifestaciones de las personas con las que actúa la Inspección. Por ejemplo, en las diligencias se recogen los hechos onstitutivos de resistencia u obstrucción a la Inspección.
        
        3) COMUNICACIONES
        
        Aquellos documentos a través de los cuales la Inspección se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, un requerimiento solicitando
        información.
        
        4) INFORMES
        
        Documentos en los que no se contiene una manifestación de voluntad, a diferencia de los otros tipos de documentos. Se emiten de oficio o petición de terceros. Por ejemplo, el informe justificativo de la aplicación del régimen de estimación indirecta (art. 158 LGT).
    - - ALCANCE DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS
        
        General: Si afectan a todos los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de comprobación
        
        Parcial: Si afectan solo a parte de estos elementos (arts. 148 LGT y 178 RGGIA). En este caso, el obligado tributario siempre puede solicitar que la inspección sea de carácter general (arts. 149 LGT y 179 RGGIA).
      - LUGAR DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS
        
        Domicilio del obligado tributario
        
        El lugar donde se realicen las actividades gravadas o donde exista alguna prueba del hecho imponible.
        
        Las oficinas de la Inspección, según ésta determine (art. 151.1 GT)
      - INICIO DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR
        
        Generalmente, el procedimiento inspector se inicia mediante notificación al obligado tributario, pero la Inspección también puede personarse sin previa comunicación en su empresa o local de negocio (art. 151.2 LGT y art. 177 RGGIA).
      - DURACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS
        
        Con carácter general, el art. 150 LGT establece que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección deberán concluir en el plazo máximo de 18 meses, a contar desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio de las mismas, hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante del mismo.
        
        No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, hasta 27 meses, cuando:
        
        1.º La Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas.
        
        2.º El obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.
      - CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR
        
        El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos (art. 150.6 LGT):
        
        La no interrupción de la prescripción como consecuencia de las actuaciones desarrolladas.
        
        La consideración como pagos espontáneos de los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo.
        
        La no exigencia de intereses de demora desde el incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones hasta la finalización del procedimiento.
      - TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR
        
        Artículo 189 RGGIA. Formas de terminación del procedimiento inspector: “El procedimiento inspector terminará mediante liquidación del órgano competente para liquidar, por el acto de alteración catastral o por las demás formas previstas en este artículo”
        
        Hay que destacar que el procedimiento inspector no finaliza con el acta de inspección, sino con la liquidación derivada del acta, que es el acto resolutorio del procedimiento.
    - - LGT
      - RD 1065/2007 por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGGIA).
  - - - Concepto y regulación
        
        La recaudación tributaria se dirige a obtener el ingreso de las deudas tributarias liquidadas por la Administración o autoliquidadas por el sujeto pasivo, en los plazos previstos en las normas tributarias. Esta función cumple un importante papel en el Derecho financiero y tributario, pues de nada serviría establecer tributos si luego no se pudieran recaudar.
        
        La función recaudadora consiste en el ejercicio de las funciones
        administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, y se encuentra regulada fundamentalmente en:
        
        Los arts. 160 a 177 de la LGT
        
        El Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (en adelante RGR).
      - Función y facultades de la recaudación tributaria
        
        Para asegurar o efectuar el cobro de las deudas tributarias, los órganos con funciones de recaudación tributaria pueden:
        
        Comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios. Para ello, disponen de las mismas facultades que los órganos de inspección (examen de documentación contable; entrada en locales; etc.).
        
        Adoptar medidas cautelares, en los mismos términos que los órganos de inspección: deben ser medidas motivadas, proporcionadas y limitadas temporalmente, y pueden consistir en el precinto, depósito o incautación de mercancías; documentos; equipos electrónicos; etc.
        
        Los obligados tributarios deben colaborar con los órganos de recaudación y facilitarles, cuando así se les requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria.
    - - a) El pago en periodo voluntario y en periodo ejectuivo
        
        Voluntario: En este caso el obligado al pago efectúa el ingreso de la deuda en los plazos establecidos legal o reglamentariamente a tal efecto (art. 62.1 a 4 LGT); y la deuda exigida es la inicial resultante de una liquidación o de una autoliquidación. En el caso de las liquidaciones, véase el art. 62.2 LGT
        
        Ejecutivo: Una vez finalizado el período voluntario, si la deuda ha sido autoliquidada o liquidada, la Administración podrá llevar a cabo la recaudación coactivamente, mediante el procedimiento de apremio. En el período ejecutivo, la deuda inicial resulta incrementada automáticamente con los recargos del período ejecutivo y, en su caso, con intereses de demora (art. 28 LGT).
      - b) Periodo ejecutivo vs procedimiento ejecutivo/de apremio
        
        Periodo ejecutivo: constituye el aspecto temporal de la recaudación ejecutiva. Se inicia automáticamente por el mero transcurso de cierto plazo (generalmente, el día siguiente a la finalización del período voluntario; o bien el día siguiente al de la presentación de la autoliquidación fuera de plazo sin ingreso – art. 161.1 LGT -).
        
        Procedimiento ejecutivo: es el conjunto de actuaciones administrativas tendentes al cobro ejecutivo de las deudas tributarias. Como todo procedimiento, no puede iniciarse más que con la notificación del correspondiente acto administrativo; en este caso, la providencia de apremio (art. 167 LGT).
      - c) Obligaciones tributarias accesorias
        
        En relación con el pago, hay que destacar la existencia de obligaciones tributarias accesorias, de carácter pecuniario, como son (art. 25 LGT):
        
        2) Recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT).
        
        Concepto
        
        Son prestaciones accesorias consistentes en el incremento fijo (5%, 10% o 20%, según el caso) de la deuda tributaria no satisfecha en el período voluntario. Se devengan por el inicio del período ejecutivo.
        
        Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos, incompatibles entre si.
        
        Clases:
        
        El recargo ejecutivo es del 5% y se aplica cuando la deuda se satisface en período ejecutivo – una vez finalizado el período voluntario -, pero antes de recibir la notificación de la providencia de apremio (art. 28.2 LGT).
        
        El recargo de apremio reducido es del 10% y se aplica cuando se ingresa la deuda en el plazo de pago que se inicia una vez notificada la providencia de apremio (arts. 28.3 y 62.5 LGT).
        
        El recargo de apremio ordinario es del 20% y se aplica cuando no concurre ninguna de las dos circunstancias anteriores (art. 28.4 LGT); solo este recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo (art. 28.5 LGT)
        
        1) Intereses de demora (26 LGT)
        
        Los intereses de demora se devengan, como regla general, cuando tiene lugar un ingreso fuera del plazo previsto por las normas tributarias (art. 26 LGT).
        
        Su naturaleza no difiere de los intereses en el ámbito del Derecho privado y tiene por finalidad indemnizar y resarcir a la Administración tributaria del perjuicio económico derivado del retraso en el pago de sus créditos, evitando un enriquecimiento injusto de quien dispone de una suma de dinero debida a dicha Administración más allá del tiempo en que debía satisfacer su prestación.
        
        La LGT prevé la inexigibilidad de los intereses de demora a partir del día
        siguiente al incumplimiento por la Administración de los plazos previstos en la ley (26.4 LGT)
        
        El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) establezca otro diferente. Así sucede en la práctica, pues la LPGE de cada añoaprueba el interés legal del dinero y el interés de demora, con vigencia anual.
        
        En 2019, el interés legal del dinero es del 3% y el interés de demora tributario es del 3,75%.
        
        El cálculo del interés de demora es variable, de forma que debe aplicarse el interés vigente en cada período, proporcionalmente al número de días.
        
        Excepcionalmente, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible es el interés legal del dinero (26.6 y 65.4 LGT)
        
        3) Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 LGT).
        
        Son prestaciones accesorias que el obligado tributario debe satisfacer cuando presenta su autoliquidación o declaración fuera del plazo reglamentario establecido al efecto, sin haber recibido ningún requerimiento previo por parte de la Administración.
        
        Los recargos por declaración extemporánea son del 5%, 10%, 15% o 20%, dependiendo del retraso en la presentación de la autoliquidación o declaración (hasta 3 meses, 6 meses, 12 meses y más de 12 meses, respectivamente). Todos ellos excluyen las sanciones que se hubieran podido exigir por la falta de ingreso. Los intereses de demora solo se exigirán si el retraso es superior a 12 meses (recargo del 20%) y se calcularán hasta el día de la presentación extemporánea, excluyendo los 12 primeros meses de retraso (art. 27.2 LGT).
        
        Para que resulten aplicables estos recargos, las autoliquidaciones
        extemporáneas sin requerimiento previo deben:
        
        Identificar expresamente el período de liquidación al que se refieren.
        
        Contener únicamente los datos relativos a dicho período (art. 27.4 LGT).
        En caso contrario, la conducta será constitutiva de infracción tributaria leve y sancionada con multa proporcional del 50% (art. 191.6 LGT).
        
        Los recargos por declaración extemporánea son compatibles con los recargos del período ejecutivo (y con los intereses del período ejecutivo en su caso), cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación extemporánea (art. 27.3 LGT). En cambio, cuando se efectúe el ingreso total de la deuda tributaria no satisfecha, más el correspondiente recargo del art. 27 LGT, este se reducirá en un 25% (art. 27.5 LGT).
      - d) Posible aplicación conjunta de los recargos del art. 27 y 28 LGT
        
        En el caso de las autoliquidaciones, es muy importante distinguir:
        
        En qué momento se ha realizado la presentación de la autoliquidación (P).
        
        En qué momento se ha efectuado el ingreso (I), pues pueden tener lugar en momentos diferentes.
        Teniendo en cuenta estas dos variables, existen distintas posibilidades de aplicación de los recargos por declaración extemporánea, recargos del período ejecutivo e intereses de demora (ID). Véase el esquema sobre la aplicación de los recargos del art. 27 LGT y art. 28 LGT (en ninguno de estos casos se exigirán sanciones, si se cumplen los requisitos del art. 27.4 LGT)
    - - Procedimiento
        
        Transcurrido el período voluntario, sin que la deuda liquidada o
        autoliquidada haya sido pagada, se inicia automáticamente el período ejecutivo (el día siguiente a la finalización del período voluntario, o bien el día siguiente al de la presentación de la autoliquidación fuera de plazo sin ingreso de la deuda – art. 161.1 LGT -):
        
        El inicio del período ejecutivo determina automáticamente el devengo de los recargos del período ejecutivo (incompatibles entre sí) y de los intereses de demora del período ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en el art. 28 LGT.
        
        Dentro del período ejecutivo, la Administración tributaria puede iniciar el procedimiento de apremio, mediante la notificación de la providencia de apremio.
      - Providencia del apremio
        
        Es el acto administrativo que ordena la ejecución contra el patrimonio del deudor
        
        Tiene su fundamento en la potestad de autotutela ejecutiva de la Administración y constituye título suficiente para la ejecución forzosa, sin necesidad de auxilio judicial (art. 167 LGT).
        
        Su notificación determina el devengo del recargo de apremio reducido del 10% (art. 28.3 LGT) y el requerimiento para que se efectúe el pago de la deuda en el plazo previsto en el art. 62.5 LGT; advirtiéndose de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de los bienes o a la ejecución de las garantías existentes, con inclusión del recargo de apremio ordinario del 20%, más los intereses de demora devengados hasta la cancelación de la deuda (art. 28.4 LGT y art. 70.2 RGR).
      - Motivos de oposición al apremio
        
        Los motivos de oposición al procedimiento de apremio (que permiten impugnar la providencia de apremio y los actos posteriores de este procedimiento) han de estar directamente relacionados con la ejecución del crédito y se encuentran tasados en la ley (art. 167.3 LGT). Son los siguientes:
        
        Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir su pago.
        
        Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, compensación y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
        
        Falta de notificación de la liquidación.
        
        Anulación de la liquidación.
        
        Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada
      - Fases del procedimiento
        
        Si la deuda no se paga en el plazo previsto en el art. 62.5 LGT, se procederá a ejecutar las garantías existentes y, en su caso, al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, en atención a la mayor facilidad de su enajenación y a la menor onerosidad para el obligado tributario.
        
        Por cada actuación de embargo deberá dictarse una diligencia de embargo, que será notificada al obligado tributario, y que sólo podrá impugnarse por motivos tasados (art. 170.3 LGT). Se procederá a la anotación preventiva de embargo en el registro público donde esté inscrito el bien embargado (art. 170.2 LGT). Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración podrá disponer su depósito (arts. 170.4 LGT y 94 a 96 RGR).
        
        La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa; sólo podrá realizarse:
        
        A partir de la firmeza de la liquidación de la deuda tributaria, salvo en supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos o que vayan a perder su valor o
        
        Cunado el obligado tributario solicite expresamente la enajenación (172.3 LGT).
        
        El procedimiento podrá concluir con la adjudicación de los bienes a la HP.
        
        Véase el esquema sobre las fases del procedimiento de apremio.
    - - Su regulación se encuentra en el art. 65 LGT y arts. 44 y sigs. RGR.
      - El aplazamiento del pago constituye un incidente que puede producirse en el procedimiento de recaudación y que debe ser acordado mediante una resolución del órgano competente. Consiste en que la Administración
        concede al obligado tributario más tiempo para efectuar el pago, si concurren determinados requisitos.
      - El fraccionamiento, como modalidad del aplazamiento, consiste en que la Administración permite que la deuda se pague más tarde y por partes.
      - Tanto el aplazamiento como el fraccionamiento comportan el pago de intereses y, generalmente, deberá aportarse garantía para su concesión.
      - No hay que confundir este régimen general de fraccionamiento con el fraccionamiento aplicable de modo automático (sin intereses y sin garantía) que tiene lugar en el pago de la cuota diferencial resultante de la autoliquidación del IRPF.
    - - LGT
      - Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (RGR).