La corte explica que equiparar ilegalidad en el derecho nacional con arbitrariedad en el plano internacional simplemente destituye de todo significado a la obligación internacional. El criterio se puede encontrar en los APRI y otros tratados, ya sea en el mismo párrafo en el que se establece el de trato justo y equitativo, como es el caso del artículo 1105 del TLCAN, en artículo diverso, o en forma exclusiva. Las expresiones “protección y seguridades plenas”, “más constante protección y seguridad”, “protección y seguridad constante” y similares, se utilizan de forma intercambiable en el derecho internacional convencional, pero denotan un contenido específico conforme a este La disposición no significa que el Estado se está obligando a garantizar absolutamente la inversión, como se ha intentado argumentar en algunos casos. Esta disposición no constituye una obligación financiera en el sentido de un aval, ni la promesa de asumir tal obligación financiera en relación con los riesgos normales y externos de todo proyecto de inversión. Este estándar de trato consiste en que el Estado se compromete a actuar con la debida diligencia, de conformidad y en la extensión de las facultades propias y ordinarias de un gobierno, en su relación con los inversionistas extranjeros y sus inversiones. La obligación de protección y seguridad ple na y constante que asume el Estado mexicano significa que, en el ejercicio gubernamental ordinario, conforme al derecho mexicano, deberán evitarse actos que en forma negligente pongan en peligro o impidan la preservación de la capacidad de los proyectos de inversión para su instalación y desarrollo. En síntesis, la obligación no implica compromiso alguno del gobierno mexicano de actuar como fiador o garante financiero último de las inversiones.