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Fases del Procedimiento Administrativo Común y la Ejecución (III -…

- - - - Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.
      - A conocer, en cualquier momento
        
        el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución
        
        el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo
        
        el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
        
        los actos de trámite dictados
      - Además, tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
    - - En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
    - - Tarjeta de crédito y débito.
      - Transferencia bancaria.
      - Domiciliación bancaria.
      - Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
- - - - se inician
        
        Orden superior
        
        Por denuncia
        
        acto por el que cualquier persona, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
        
        deberán expresar
        
        el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración
        
        Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa recogerán
        
        la fecha de su comisión
        
        cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
        
        la identidad de la persona o personas que las presentan
        
        Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
        
        denunciante implicado
        
        cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
        
        el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario
        
        En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.
        
        Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores y sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
        
        el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario
        
        La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
        
        Por propia iniciativa
        
        Petición razonada de otros órganos
        (no competente para iniciarlo)
        
        La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.
    - - las solicitudes de iniciación deberán contener
        
        a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
        
        b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.
        
        Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
        
        c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
        
        d) Lugar y fecha.
        
        e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
        
        f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
        
        Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.
      - Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.
      - De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
      - Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.
        
        Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
      - Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
      - Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.
      - Subsanación y mejora de la solicitud
        
        Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que consistirá en la
        declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
        
        Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
        
        el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
        
        Si alguno de los sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
      - Declaración responsable y comunicación
        
        Definición de Declaración responsable
        
        se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO O FACULTAD O PARA SU EJERCICIO, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
        
        Los requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
        
        Declaración de Comunicación
        
        se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para EL INICIO DE UNA ACTIVIDAD o EL EJERCICIO DE UN DERECHO.
        
        Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
        
        No obstante, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
        
        La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
        
        Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
        
        determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente
        
        la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
        
        Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.
        
        Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.
  - - - En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
      - Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
    - - a) Suspensión temporal de actividades.
      - b) Prestación de fianzas.
      - c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
      - d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
      - e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
      - f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
      - g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
      - h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
      - i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.
- - - - Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
    - - se hará de acuerdo con lo previsto
        
        en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad,
      - se enviará completo
        
        autentificado
        
        acompañado de
        
        un índice autentificado
        
        La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
        
        los documentos que contenga el índice.
        
        foliado (folios numerados)
  - - - El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.
  - - - Aclaración: (La suspensión del plazo máximo no implica la suspensión del procedimiento, y la administración podrá continuar con los distintos trámites.
        En la figura especial de de la recusación, sin embargo, la administración no puede continuar con la tramitación del procedimiento. Por ejemplo, si está contestando unas alegaciones o solicitando informes, deberá paralizar las actuaciones hasta que sea resuelta la recusación. Esta circunstancia especial de paralización total de la actividad administrativa solo ocurre en los incidentes de recusación, no así en las otras suspensiones previstas en la Ley.)
- - - - Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    - - Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
  - - - Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
        
        Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días.
      - El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
      - Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
      - Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.
      - Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
      - Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho
    - - La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
        
        En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
      - En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
        
        La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
  - - - Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos (opcionales, según criterio del órgano competente) y no vinculantes (las conclusiones del informe pueden ser tenidas en cuenta o no por el órgano competente para resolver).
      - Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
      - De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento durante 3 meses
      - Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.
      - El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
  - - - El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días.
- - - - Actuaciones complementarias
        
        Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
        
        El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
      - Contenido
        
        La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
        
        Cuando se trate de cuestiones conexas (no son las principales, sino las secundarias) que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
        
        En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
        
        Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos establecidos en la ley 39/2015.
        
        La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
        
        Expresarán, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
        
        órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse
        
        plazo para interponerlos
        
        los recursos que contra la misma procedan
        
        Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.
        
        En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición individual y colectiva
        
        Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución.
    - - Desistimiento y renuncia por los interesados
        
        Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
        
        Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
        
        Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
        
        La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
        
        Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
      - Desistimiento por la Administracion
        
        En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
    - - se aplica la sección anterior "Desistimiento y renuncia por los interesados"
    - - En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
        
        Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
      - No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
      - La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración (si hay todavía plazo de ejercitar el derecho, el interesado o la Administración
        podrá hacerlo), pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción (la prescripción se interrumpe al efectuar el interesado o la Administración la acción
        de su derecho, volviendo a contar la prescripción desde el principio).
        
        En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
      - Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
  - - - deberán establecer como contenido mínimo
        
        el plazo de vigencia
        
        la identificación de las partes intervinientes
        
        el ámbito personal, funcional y territorial
      - deberán publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
- - - - Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
        
        Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas (razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento), podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de 5 días se entenderá desestimada la solicitud.
    - - Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.
  - - - El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de 15 días si así lo solicita el órgano competente.
      - En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución.
        
        Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados.
        
        En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
      - Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
- - - - a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
      - b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
      - c) Una disposición establezca lo contrario.
      - d) Se necesite aprobación o autorización superior.
    - - a) Tarjeta de crédito y débito.
      - b) Transferencia bancaria.
      - c) Domiciliación bancaria.
      - d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
  - - - se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley
      - cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
    - - a) Apremio (obligar al pago) sobre el patrimonio.
        
        Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.
        
        En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
      - b) Ejecución subsidiaria.
        
        Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos (los que puede realizar cualquier persona) puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
        
        En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.
        
        El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
        
        Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
      - c) Multa coercitiva (forzada, obligatoria).
        (su fin es lograr vencer la resistencia del administrado y que cumpla con sus obligaciones)
        
        Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:
        
        a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. (obligarle por la fuerza)
        
        b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. (por el daño físico que se podría producir)
        
        c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
        
        La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
      - d) Compulsión sobre las personas.
        
        Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer (p.ejem. no acceder a un local) o soportar (p.ejem. vacunaciones, reconocimientos médicos, privación de libertad, etc) podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas (coactivamente por medio de la fuerza física) en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.
        
        Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.