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LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA - Ley 29/1998, de 13 de julio,…

- - - - a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
      - b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de 6 meses.
      - c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
    - - Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.
  - - - a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
      - b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
      - c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
      - d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
      - e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
      - f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
      - g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
      - h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
      - i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
      - j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
      - k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
      - l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.
      - m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
      - n) Conocerán de la solicitud de autorización cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva respecto del procedimiento de autorización judicial de conformidad con una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.
    - - a) Apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
      - b) Recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
      - c) Cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
  - - - a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
        
        Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.
      - b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
      - c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
      - d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e).
      - e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a los previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
      - f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k).
      - g) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
      - h) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
      - i) Conocerán de la solicitud de autorización cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos respecto del procedimiento de autorización judicial de conformidad con una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.
    - - a) Apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
      - b) Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
      - c) Cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
  - - - a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
      - b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
      - c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
      - d) Los recursos de casación y los correspondientes recursos de queja.
      - e) Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas
      - f) Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo
      - g) Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos.
      - h) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales.
      - i) Conocerán de la solicitud de autorización cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial respecto del procedimiento de autorización judicial de conformidad con una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.
- - - - a) Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil (en general, todas).
      - b) Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad (padres), tutela o curatela.
      - c) Los grupos de afectados aptos para ser titulares de derechos y obligaciones.
  - - - a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
      - b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
      - c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.
      - d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
      - e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
      - f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
      - g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.
      - h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular (los ciudadanos pueden ejercitar sin ser parte del procedimiento), en los casos expresamente previstos por las Leyes.
      - i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
        
        Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal.
        
        La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
  - - - a) Las Administraciones Públicas contra cuya actividad se dirija el recurso.
      - b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
      - c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
- - - - Recurso directo: cuando se impugna directamente un reglamento.
      - Recurso indirecto: cuando se impugna un acto administrativo que ha sido dictado en virtud de un reglamento ilegal.
    - - El interesado podrá
        
        formular requerimiento a la Administración actuante.
        
        Si no fuere atendida dentro de los 10 días siguientes al requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 10 días.
        
        no formular requerimiento
        
        el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
- - - - citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne
      - solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.
    - - si fuera expreso.
        
        2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa,
      - si fuera presunto (por silencio administrativo)
        
        6 meses, , contados, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  - - - Las Administraciones Públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.
      - El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.
    - - La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los 5 días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que
        puedan personarse como demandados en el plazo de 9 días.
      - El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad (medio de que dispone la administración autora de un acto declarativo de derechos para obtener su anulación en provecho propio frente a la persona a favor de la cual fueron reconocidos los derechos) se efectuará personalmente por plazo de 9 días.
  - - - b) La falta de legitimación del recurrente.
      - c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.
      - d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso.
      - e) Se hubieran desestimado en el fondo otros recursos iguales por sentencia firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias.
      - a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.
  - - - a) Inadmisibilidad del recurso.
      - b) Estimación del recurso.
      - c) Desestimación del recurso.
  - - - que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia
      - que se celebre vista
      - que se presenten conclusiones
        
        Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas (breves, resumidas) acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones. El plazo para formular el escrito será de 10 días.
- - - - a) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
      - b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
      - c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
      - d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.