Como apoyo a estos beneficios socioeconómicos, existe un criterio respecto a la inversión en este tipo de proyectos que es difícil de evaluar por su alto e inmensurable contenido social. Si se considera la electrificación rural como una inversión publica destinada a incrementar el activo fijo, el estado, como regulador de la actividad social, deberá propiciar medidas que reduzcan las desigualdades de ingreso mediante inversiones de este tipo. En esta forma, el estado fomenta la inversión de obras de infraestructura a fin de elevar la productividad y los niveles de vida de las zonas rurales, aumentando sus ingresos y capacidad de compra. El mayor mérito del sistema radica en que son instituciones que no persiguen fines de lucro, sino que su labor fundamental es entregar dicho servicio eléctrico al menor costo posible y al mayor numero de usuarios. En este caso, el ánimo de lucro es reemplazado por el esfuerzo de la comunidad para otorgarse a sí misma un servicio que estima esencial. Debido a que los miembros de las cooperativas son dueños de los predios que atraviesan las líneas, el sistema permite resolver fácilmente los problemas derivados de las servidumbres y derechos de cruce