El Estado adquiere la responsabilidad de satisfacer bienes colectivos, productos y servicios que no pueden comprarse y venderse por cualquiera en virtud de que requieren inversiones mayores y esfuerzos coordinados, lo que obliga a que se involucren en la economía el gasto y la contratación gubernamental, así como el control sobre la emisión y circulación de dinero y las tasas de interés, a fin de proteger al colectivo de la inestabilidad económica y proporcionar cierta seguridad, con lo que evoluciona a un Estado de bienestar, para evitar el desempleo, la desigualdad, el empleo precario y la concentración de la propiedad.