Evaluar el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas, la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales tecnológicos y de tiempo y el cumplimiento de atribuciones, objetivos y metas institucionales. (Ley de la Contraloría General del Estado, 2015, pág 7)
