separar los Gobiernos no por el número de gobernantes, sino por la forma
cómo se ejerce el poder o según la distribución de las competencias entre el individuo y el Estado,
según el modo como se toman en consideración los gobernantes los derechos individuales
(libertad de opinión, de prensa, de reunión, de pensamiento, de creación, de partidos políticos, de
enseñanza).