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SENTENCIA SC4966-2019 Magistrado ponente: Luis Alonso Rico Puerta …

- - - - $5.000.00 0, por todos los gastos médicos, exámenes, intervenciones, valoraciones, compras de parche para uso terapéutico, lentes de contacto blandos, gafas con prisma, o la suma que resulte probada dentro del proceso.
        
        $3.000.00 0, por todos los transportes que ha tenido que financiar la señora Claudia Patricia Sánchez Márquez desde el momento del accidente hasta la fecha de presentación de la demanda, o la mayor suma que resulta probada dentro del proceso.
        
        $20.000.00 0, por todos los gastos que tendrá que realizar la señora Claudia Patricia Sánchez Márquez en el futuro para mitigar las consecuencias del daño, como gastos médicos, exámenes, intervenciones, valoraciones, etc, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso.
        
        $40.000.00 0, por todos los gastos de transporte que tendrá que ejecutar la señora Claudia Patricia Sánchez Márquez desde la fecha de presentación de la demanda hasta su expectativa de vida, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso.
        
        $ 150.000.000 , o la mayor suma que resultare probada, a título de lucro cesante por los los ingresos que dejó de recibir por la pérdida de capacidad laboral sufrida por la señora Claudia Patricia Sánchez Márquez desde la fecha de ocurrencia del siniestro, hasta la fecha de su expectativa de vida, teniendo en cuenta sus condiciones laborales.
        
        El equivalente a 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los perjuicios morales.
        
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  - - - En ese momento la señora Claudia Patricia Sánchez Márquez tenía 33 años de edad, y trabajaba como ingeniera civil en la empresa Tecnourbana Constructores, ganandose un salario mensual de $3’180.000.
        
        Como causa del accidente, la demandante sufrió graves lesiones que le producieron veinticuatro días de incapacidad laboral inicial , y secuelas en perturbación funcional de sistema nervioso periférico y perturbación funcional del órgano de la visión, las dos de carácter permanente.
        
        La víctima se ha visto limitada laboralmente, ha perdido en un gran porcentaje su capacidad laboral, con limitaciones en su actividad como ingeniera y tuvo que admitir una gran cantidad de gastos como medicamentos, exámenes, diagnósticos y terapias con diferentes especialistas, así como altos costos de transporte, ya que no pudo volver a manejar.
        
        La perdida física de la señora Sánchez Márquez le produjo intensos dolores, y generó angustia y profunda tristeza en ella, su esposo e hijo, alterando su vida de relación, pues el ambiente alegre se ha convertido en constantes visitas a clínicas, exámenes, diagnósticos y reclamaciones.
        
        Para el 18 de diciembre de 2008, el vehículo representaba como de propiedad de Financiera Andina a S.A., hoy Banco Finandin a S.A., entidad que lo dio en leasing a la sociedad 31 Implant Innovations Colombia S.A.
        
        Sin embargo, la última de las mencionadas personas jurídicas había entregado a la señora Ana María Marichal la posesión del vehículo de placas CZU-130 para la época de los hechos.
        
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  - - - Implant Innovations Colombia S.A. sugirió la excepción de falta de legitimidad por pasiva de la demandada, fundamentando haberse separado de la guarda del vehículo de placas CZU-130, en tanto lo entregó a Ana María Maricha, empleada suya, y quien ostenta la calidad de deudora solidaria de las obligaciones derivadas del contrato de leasing celebrado con el Banco Finandina S.A.
        
        La recién mencionada entidad financiera alegó la inexistencia de la obligación o responsabilidad y falta de causa legal para demandar. En su defensa se creó en que al celebrarse el contrato de leasing No. 2100133284 se entregó real y materialmente el vehículo al locatario 31 Implant Innovations Colombia S.A., por lo que, para el momento del hecho dañoso, no tenía el control ni material ni jurídico del vehículo que posiblemente causó el daño cuya indemnización se pretende.
        
        General i Colombia Seguro s Generales S. A propuso como excepciones de mérito las que designó falta de legitimación en la causa por pasiva de Generali y Finandina S. A., al no tener esta sociedad la calidad de guardián del vehículo de placas CZU130, al momento del accidente acaecido, falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no se encuentra demostrado que él conductor del vehículo de placas CZU-130 fue el causante del accidente acaecido.
        
        Fabio Echeverri Betancur alegó prescripción ordinaria de la acción, caducidad o pérdida del derecho consagrado en el artículo 1081 del Código de Comercio y culpa de la víctima señora Claudia Patricia Sánchez Márquez, provenida de la falta de precaución, pericia e idoneidad del conductor del vehículo de placas SIE 807.
        
        Por último, Ana María Marichal León, a quien se le denominó curadora dlítem, no propuso excepciones.
- - - - la Corte ha expuesto lo siguiente : «(...) atendiendo a razones prácticas de inocultable conveniencia social que para la jurisprudencia nacional han sido de vieja data motivo de particular consideración algunas personas son tenidas por civilmente responsables de los daños que con culpa otras ocasionan a terceros, en la medida en que existan de por medio lazos de dependencia familiar, educativa, profesional o empresarial que por su naturaleza les permitan a las primeras, de hecho o por derecho y aun de manera apenas ocasional, dirigir la actividad de las segundas, ello en el entendido que si a alguien se le imputa responsabilidad de esta clase en concepto de agente indirecto del perjuicio cuya indemnización se reclama, es debido a la que revela la deficiente orientación o el control insuficiente de conductas ajenas que son de su incumbencia.
        
        Conclusión
        
        La valoración probatoria que concedió al tribunal inferir que 3I Implant Innovations Colombia S.A. se desprendió de la guarda de la actividad riesgosa del automotor CZU-130 parece un razonamiento aceptable de los medios de convicción probatorios en el transcurso de las instancias.
- - - - Como se dejó dicho el recurrente le atribuye al tribunal haber incurrido en inconsonancia ya que a pesar de reconocer que los perjuicios irrogados a la víctima ascienden a una suma superior. También le recrimina que haya omitido el examen de los hechos posterior a la presentación de la demanda, que son secuela directa del accidente sufrido por la demandante y que afectan la relación sustancial a la que se hace referencia en el escrito de la demanda.
        
        Así mismo se advierte en el cargo una clara mezcla, ya que como fue destacado por el apoderado de la aseguradora convocada en su réplica, lo concerniente a la omisión de la valoración de pruebas de los hechos, no corresponden a un fenómeno de incoherencia , si no a un error qué se debía plantear por la causal segunda de la casación. Sin embargo, ya se prescinde de cualquier apreciación probatoria a incluir en su argumentación, la censura sigue intacta, ya que las razones sobrantes no son suficientes. El literal b del artículo 344 del estatuto procedimental civil estipula que “Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podrán recaer sobre apreciaciones probatorias»
        
        En efecto , en la demanda se solicitó condenar a los convocado debido a los ingresos dejados de recibir por la pérdida de capacidad laboral sufrida por la Señora CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ MÁRQUEZ desde la fecha de ocurrencia del siniestro, hasta la fecha de su expectativa teniendo en cuenta sus condiciones laborales o la mayor suma que resulte probada.
        
        Al contraponer el contenido del artículo 281 del Código General del proceso, concurrente con el 305 del anterior estatuto instrumental y la reiterada hermenéutica de esta Corporación con los argumentos del tribunal. Sobre el desacuerdo entre lo decidido por el fallador de segundo grado en cuanto al monto reconocido como indemnización por lucro cesante , y el pretendido por la parte actora.
        
        A la demostrada inferencia no se repugna lo dicho en el artículo 211 de l Código de Procedimiento Civil, en vigencia para cuando se radicó la demanda en referencia, pues es a norma diferente a lo que ocurre con el actual 206 del Código General del Proceso - no correlaciona a el juramento estimatorio con las reglas de la congruencia.
    - - Al autoimponerse un límite inferior al de lo solicitado y demostrado durante el transcurso del pleito, el ad quem pasó por alto decidir sobre el lucro cesante de la víctima, que hacía parte de las pretensiones sometidas a su escrutinio, determinante en la incongruencia dentro del fallo de la segunda instancia, en su expresión “mínima petita” .La limitación efectuada por el tribunal , en lugar de anteponer la regla de la conformidad, terminó desviando, al desconocer el sentido de la pretensión indemnizatoria de la señora Sánchez Márquez, por lo que se abre paso al primer cargo.
- - - - Aunque 31 Implant Innovation s Colombia S.A. como locataria del rodante, en realidad era la señora Marichal León quien lo ejercía sobre el mismo la potestad de control, dirección y manejo para el momento en que se presentaron los hechos.
        Dicho esto ni el Banco Finandina S.A., ni el Implant Innovations Colombia S.A., tienen que responder por los daños alegados en el libelo inicial, lo que también libera a Generali Colombia Seguros Generales S.A. La responsabilidad civil debe recaer, solamente, en el conductor del vehículo de placa s CZU-130.
        
        Con relación al daño emergente, está acreditado un desmedro patrimonial, equivalente a la suma de las facturas por prestación de servicios médicos que obran a folios, indexada a la fecha más cercana de la sentencia, utilizando como factor de actualización la variación del IPC.
        En cuanto al lucro cesante, las probanzas obrantes a folios dicen que el último salario de la víctima ascendió a $3’450.000, variable a la que se le debe sumar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez estableció que la señora Sánchez Márquez perdió un 65,58 % de su capacidad laboral, por lo que se le concedió pensión de invalidez.