Son juicios tramitados ante el más Alto Tribunal en la República Mexicana, en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales, por una parte, y la Constitución Federal, por la otra, con el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional impugnados para que prevalezcan los mandatos constitucionales.
Las partes en las acciones de inconstitucionalidad son el actor que puede ser una minoría parlamentaria, el procurador general de la República, un partido político y el ombusman; el demandado, en su caso, el órgano legislativo que hubiere emitido y promulgado la norma general impugnada. Éste podrá actuar como representante social, siempre y cuando no tenga el carácter de actor en el procedimiento
