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Política de Victimas, Decretos étnicos con fuerza de ley, Integrantes:…

- - - - La verdad busca reconocer a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general el derecho a conocer la verdad acerca de los hechos, los motivos y las circunstancias en que se cometieron los hechos victimizantes objeto de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 para grupos étnicos víctimas. Así mismo, la justicia consiste en el esclarecimiento de las violaciones, la identificación de los responsables y su respectiva sanción. Se debe garantizar mecanismos para difundir la verdad sobre los hechos acaecidos en el modo, tiempo y lugar que los grupos étnicos estimen adecuados para su comunidad y cultura. Estas medidas buscan proporcionar bienestar y debe contribuir a mitigar el dolor colectivo e individual de las víctimas.
      - • Construcción, preservación, difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria histórica.
        
        • Esclarecimiento de los hechos o identificación de los responsables.
        
        • Acceso a la información judicial sobre el esclarecimiento de los hechos y la justicia.
    - - Tienen por objeto garantizar la recuperación de condiciones que les permitan llevar una vida digna y su incorporación a la vida social, política y económica, que permitan el goce efectivo de los derechos que le han sido vulnerados a las personas víctimas del conflicto armado interno. Para la aplicación de este componente y de acuerdo con los Decretos Ley es menester aplicar el enfoque diferencial y étnico y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades étnicas, evitando acciones con daño y trato discriminatorio.
      - • Acompañamiento jurídico
        
        • Acompañamiento Psicosocial
        
        • Atención humanitaria
        
        • Asistencia en Salud
        
        • Asistencia en educación
        
        • Generación de ingresos
        
        • Alimentación
        
        • Reunificación familiar
        
        • Asistencia funeraria
        
        • Vivienda
        
        • Identificación
    - - De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, los decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 y el decreto 4634, la población víctima debe ser reparada de manera efectiva, integral y diferenciada, para compensar los daños ocasionados por el conflicto armado. La reparación puede ser individual o colectiva, según los afectados por el hecho victimizante. Este componente está formado por diferentes medidas entre las que se destaca la medida de restitución de tierras y territorios que, por mención expresa de la Ley 1448 de 2011 [Artículo 73], será la medida preferente de reparación a las víctimas.
      - • Restitución: (i) de Tierras, (ii) de Vivienda, (iii) medidas para la promoción de empleo urbano y rural; (iv) Estrategias relacionadas con los mecanismos para el acceso a créditos; (v) Alivio de pasivos.
        
        • Retorno y reubicación
        
        • Rehabilitación: (i) física y mental; (ii) Psicosocial y; (iii) Social y Comunitaria.
        
        • Satisfacción: (i) Reparación simbólica y (ii) Exención del servicio militar y (iii) Memoria Histórica. Reparación colectiva
        
        • Garantías de no repetición
        
        • Indemnización administrativa: (i) Entrega y acompañamiento a la inversión adecuada del recurso.
        
        • Restitución: (i) de Tierras, (ii) de Vivienda, (iii) medidas para la promoción de empleo urbano y rural; (iv) Estrategias relacionadas con los mecanismos para el acceso a créditos; (v) Alivio de pasivos.
        
        • Retorno y reubicación
        
        • Rehabilitación: (i) física y mental; (ii) Psicosocial y; (iii) Social y Comunitaria.
        
        • Satisfacción: (i) Reparación simbólica y (ii) Exención del servicio militar y (iii) Memoria Histórica. Reparación colectiva
        
        • Garantías de no repetición
        
        • Indemnización administrativa: (i) Entrega y acompañamiento a la inversión adecuada del recurso.
    - - El Estado debe utilizar diferentes programas y estrategias para prevenir las violaciones a los derechos huma - nos (prevención temprana y urgente), y adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación, especialmente de restitución de tierras. Estas medidas podrán extenderse al núcleo familiar de estas personas. Dada la situación de especial vulnerabilidad de los grupos étnicos, los Decretos Étnicos con fuerza de ley disponen únicamente de medidas de protección, cuyo fin principal es detener los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado. Las medidas de protección tienen dos dimensiones: individual y colectiva. La protección colectiva se enmarca en el principio constitucional de la diversidad cultural, y la obligación del Estado de promoverla y proteger - la. Igualmente se basa en el respeto a las formas de autoridad y gobierno, y sus medidas están orientadas a prevenir daños al pueblo o comunidad como sujeto colectivo, para garantizar su supervivencia física o cultural. La dimensión individual se orienta a las medidas para atender los riesgos de los miembros de los pueblos o comunidades individualmente considerados, incluyendo a los sujetos de especial protección.
      - • Prevención temprana
        
        • Prevención Urgente
        
        • Protección para personas
        
        • grupos organizaciones o comunidades
        
        • Protección de bienes patrimoniales
- - - - Además de ser uno de los grupos poblacionales para los cuales se debe aplicar el enfoque diferencial, las comunidades étnicas son sujetos de especial protección constitucional, por tal razón en la Ley de Víctimas 1448 de 2011 a través del Articulo 205 se le otorgaron funciones extraordinarias al Presidente de la República para expedir por medio de decretos con fuerza de ley la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, Rrom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que permitiera generar el marco legal de la política pública de atención, reparación integral y de restitución de tierras de las víctimas pertenecientes a estos pueblos y comunidades de conformidad con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
        Dichas normas fueron consultadas por el Gobierno Nacional a través de las autoridades y organizaciones representativas de los pueblos y comunidades étnicas bajo los parámetros de la jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho propio, con el fin de dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa.
        Los Decretos Étnicos con fuerza de ley deben interpretarse y aplicarse siguiendo el orden jerárquico que corresponde al sistema jurídico colombiano así:
        
        La Constitución Política Nacional, principalmente en sus artículos 1º, 7º, 10, 63, 79 y 55 transitorio (desarrollado mediante la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios).
        
        Los convenios internacionales de DDHH ratificados por el Congreso colombiano: Convenio 169 de la OIT (ratificado mediante Ley 21 de 1991), la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (ratificada mediante la Ley 1482 de 2011).
        
        Los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 del 9 de diciembre de 201.
        
        Los autos emanados de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia T-025 de 2004, Principalmente el Auto 004 de 200924 para comunidades indígenas y el Auto 005 de 200925 para comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. Así mismo otros más específicos como el Auto 382 de 201026 para la protección de la comunidad indígena Hitnu, el Auto 174 de 2011 para el Pueblo indígena Awá y el Auto 173 de 2012 para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak.
        
        Subsidiariamente la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) y sus decretos reglamentarios.