Hace que aumente el gasto público en concepto de servicios de seguridad y servicios policiales y socava las propias normas de derechos humanos que muchos países se esfuerzan por preservar, particularmente si se tienen en cuenta actividades como la trata de personas, el secuestro y la extorsión. También puede impulsar la delincuencia a nivel local, lo que, a su vez, aumenta los costos, entre ellos los de las pólizas de seguros, y agrava el nivel general de criminalidad e inseguridad de la sociedad