Las normas mexicanas señalan la obligación del Estado y la administración pública de transparentar la información producida, por lo que es necesario que se difunda a través de diferentes medios y que sea accesible a la sociedad. La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.